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Los miembros de la Comisión de Verificación del Acuerdo Tegucigalpa-San José, el ex presidente chileno Ricardo Lagos (centro) y la secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solis (izquierda) ayer, en la Casa Presidencial en Tegucigalpa (Honduras).

Foto: Gustavo Amador

Desacuerdo

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Sigue sin haber solución en Honduras.

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El acuerdo que firmaron el viernes los representantes del presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya, y los del régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti establecía que hoy debía conformarse un gobierno de “unidad” y “reconciliación nacional”, como solución a la crisis que vive el país desde hace más de cuatro meses. Pero la solución no parece cercana.

Los sectores afines a Zelaya entienden que para dar cumplimiento al acuerdo, el Congreso debe expedirse sobre la restitución o no del mandatario depuesto, pero desde el régimen de Micheletti se intenta acelerar la conformación del nuevo gobierno y hasta se habla de mantener al frente de esa administración al mismo presidente de facto. Vilma Morales, portavoz de Micheletti, dijo ayer que hasta que no haya decisión del Congreso, el gobernante de Honduras “seguiría siendo el señor presidente Micheletti”. La posición de los golpistas se vio beneficiada además porque el Congreso todavía no se ha reunido para decidir si restituye a Zelaya. Los principales dirigentes del legislativo le han solicitado una opinión respecto a ese punto a la Corte Suprema, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República. Recién cuando reciban los pronunciamientos de estas instituciones los parlamentarios tomarán una decisión.

A diferencia de la lentitud del Congreso, los gobernantes de facto están actuando con rapidez. Ayer le remitieron a Zelaya (y a los cinco candidatos presidenciales) una carta en la que se les solicita que con celeridad envíen una lista de diez nombres de candidatos a integrar un gobierno de reconciliación nacional. El mandatario derrocado lo interpretó como una ofensa por entender que es él el presidente constitucional del país.

Por otra parte, ya está en actividades la comisión de verificación, creada en el acuerdo firmado el viernes, que tiene la tarea de tutelar el cumplimiento efectivo de los puntos consensuados. Esta comisión está compuesta por el ex presidente chileno Ricardo Lagos, por la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, por dos delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por un representante de Zelaya y uno de Micheletti.

Luego de su llegada a Tegucigalpa, Ricardo Lagos fue contundente en su respaldo al mandatario depuesto y señaló que “sería hora de implementar un acuerdo que significa que el presidente Zelaya tiene que ser repuesto en el poder y al mismo tiempo asegurar que las elecciones presidenciales se van a llevar a cabo en una forma democrática el 29 de noviembre”. Por ahora la restitución de Zelaya no parece inmediata y, en cambio, se acerca la fecha de las elecciones, que sólo estarían legitimadas ante la comunidad internacional por una eventual vuelta del presidente asilado desde hace un mes y medio en la embajada brasileña en Tegucigalpa o, al menos, por la instauración real de un gobierno avalado por todas las posiciones.

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