La decisión del gobierno de Michelle Bachelet de designar como comandante en jefe del Ejército chileno a Miguel Fuente-Alba causó las protestas de militantes por los derechos humanos, quienes acusan al general de haber participado de la llamada “Caravana de la Muerte”. Esa misión militar tenía como objetivo eliminar a 75 presos políticos en el año 1973, en los inicios de la dictadura de Augusto Pinochet, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos afirma que el jerarca militar participó en esa operación liderada por el general Sergio Arellano Stark, comisionado personal de Pinochet, en la que 26 prisioneros de la cárcel de Calama fueron llevados al desierto y acribillados en octubre de 1973.
El abogado defensor de los derechos humanos Hugo Gutiérrez aseguró en declaraciones a la agencia de noticias EFE que Fuente-Alba tiene aún asuntos pendientes con la Justicia chilena, que mantiene su calidad de inculpado por el asesinato de Calama, y advirtió que el gobierno de Bachelet no puede afirmar lo contrario.
Las acusaciones al militar se basan en las declaraciones aportadas por el ex brigadier Pedro Espinoza, quien participó en la “Caravana de la Muerte” y que hoy cumple condenas por crímenes de lesa humanidad. Desde el gobierno, la portavoz Carolina Tohá desacreditó los testimonios de Espinoza, a quien acusa de brindar datos que resultaron “falsos en este caso y otros más”.
Fuente-Alba se presentó en dos oportunidades ante los tribunales por este hecho y declaró que no estaba en Calama cuando sucedieron los asesinatos. Los jueces Juan Guzmán y Víctor Montiglio -a cargo del caso- no encontraron pruebas suficientes, por lo que nunca fue procesado. Guzmán indicó que “hay militares que participaron en los hechos y otros que no [...]” y agregó: “si no lo procesé fue porque no participó en los hechos”, según recogió Prensa Latina.
Jorge Escalante, periodista especializado en derechos humanos, expresó que en una conversación con Fuente-Alba éste habría dicho que estuvo en Calama custodiando el perímetro, pero agregó que el militar negó estas palabras el año pasado. El periodista dijo lamentar que se trate de su “palabra contra la de él”.
La Asociación de Familiares exigió la anulación del nombramiento del alto mando, reclamó la elección de un nombre que no genere desconfianzas como éste y sostuvo que la jefatura del Ejército debe recaer en “un militar intachable”.
Las especulaciones previas indicaban que el designado sería el general Alfredo Ewing, el actual jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Está previsto que el 9 de marzo de 2010 Fuente-Alba asuma su cargo, mientras que Ewing pasará a retiro a fines de este año, si las acusaciones no alteran los planes del gobierno.