Eduardo Frei Montalva, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, fue presidente de 1964 a 1970, y su hijo es el actual senador, ex presidente (1994-2000) y candidato presidencial del oficialismo para las elecciones de este domingo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Murió el 22 de enero de 1982, a los 71 años, y oficialmente se informó que su fallecimiento se había debido a una infección bacteriana contraída luego de una cirugía menor a causa de una hernia. Lideraba, junto con el sindicalista Tucapel Jiménez, la entonces naciente pero ya importante oposición semilegal a la dictadura que había comenzado nueve años atrás. Jiménez, integrante del Partido Radical, fue asesinado un mes después de la muerte del ex mandatario, de cinco tiros en la cabeza.
La familia siempre sospechó de las circunstancias que rodearon la muerte del mandatario y reclamó durante años una investigación judicial, hasta que uno de los médicos que trataban a Frei Montalva reconoció, en 2006, que su muerte se debía a un “agente químico”, lo que abrió la puerta a investigaciones.
El proceso judicial desmintió la versión oficial de 1982. Los estudios de dos académicas del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile revelaron la presencia de dos toxinas en los restos de Frei Montalva, gas mostaza (un arma química mortal) y talio, un veneno raticida, que dañan el aparato digestivo. Se concluyó que el ex presidente murió envenenado. Luego de una reconstrucción de sus últimas horas que se realizó la semana pasada, el juez Alejandro Madrid procesó a seis personas y ordenó su detención. Tres de ellas están acusadas de autoría de homicidio, una de complicidad y dos de encubrimiento.
Uno de los tres presuntos autores del asesinato es Luis Becerra, ex chofer de Frei Montalva, que lo traicionó. Becerra confesó en un programa televisivo que el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet le pagaba para recibir informes sobre los movimientos del ex mandatario. También está acusado de autoría el médico y coronel retirado Patricio Silva Garín, que operó a Frei Montalva. Silva fue director del Servicio de Sanidad del Ejército y de la Contraloría del Hospital Militar chileno.
El tercer acusado como autor del homicidio es Raúl Lillo, funcionario civil del Ejército, acusado de espiar al mandatario y reclutar a Becerra. Fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, la Central Nacional de Informaciones y la Dirección de Inteligencia del Ejército, todos organismos represivos durante la dictadura militar. Lillo también está procesado por el secuestro y homicidio del químico y agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos. Se presume que fue Berríos quien proporcionó las sustancias empleadas para envenenar a Frei Montalva, y que su conocimiento de ese delito fue uno de los motivos de su asesinato en Uruguay.
De complicidad está acusado el médico Pedro Valdivia Soto, que brindaba sus servicios profesionales a la Dirección de Inteligencia Nacional en dictadura y participó en la operación de hernia del ex mandatario. La acusación de encubrimiento recae sobre los dos médicos patólogos que le hicieron la autopsia, sin autorización de la familia, al cadáver de Frei Montalva. Se trata de Helmar Rosenberg y Sergio González, de los cuales se sospecha que constataron el envenenamiento y no informaron sobre él. Estas detenciones fueron celebradas por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien comentó que “el [ex] presidente Frei Montalva denunció las violaciones a los derechos humanos” y que eso “le costó la vida”.
Afirmó que estas resoluciones del juez Madrid le hacen bien a Chile “como sociedad” y que lo principal “es que pueda seguir avanzando la Justicia para esclarecer los hechos y dictaminar las penas que correspondan”. Bachelet aprovechó para recalcar que está “convencida de que Eduardo Frei [Ruiz-Tagle] va a pasar a segunda vuelta”, porque “puede dar continuidad a las políticas” que se desarrollaron en su administración, refiriéndose a las elecciones chilenas del domingo, para las cuales el candidato oficialista ocupa el segundo lugar en intención de voto, detrás del derechista Sebastián Piñera.
Desde la oposición, Víctor Pérez, secretario de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente, opinó que la resolución de Madrid es un avance para esclarecer el caso, pero acotó: “Lo único que me preocuparía sería que el juez hubiera tomado esta resolución pensando en algo electoral”.
El presidente de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm, reivindicó la independencia del Poder Judicial frente a las “malas interpretaciones” y aseguró que “los tribunales no tienen hora, día ni lugar para trabajar”.