El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció que su gobierno creará una red de informantes integrada por unos mil estudiantes de Medellín como medida para frenar la violencia en esa ciudad. Apenas divulgó sus planes, las críticas comenzaron a caer. Lo cuestionaron políticos, dirigentes de movimientos sociales y académicos. Pero su ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que esta decisión oficial “no tiene reversa”.
Uribe aclaró que sólo permitiría integrarse a la red a estudiantes mayores de edad, unos mil, que recibirían en pago una “bonificación” de 50 dólares al mes. Sus críticos le respondieron que, además de poner en riesgo a los estudiantes, los hace desempeñar un papel poco digno.
Para algunos, entre ellos el candidato presidencial opositor, Rafael Pardo, Uribe está desesperado porque no es capaz de solucionar la situación de violencia en Medellín. En 2009 fueron asesinadas 2.178 personas en la ciudad, más del doble que en 2008, y las autoridades judiciales y policiales vinculan gran parte de esos crímenes con la actividad de bandas locales dedicadas al narcotráfico.
Por eso Uribe anunció también que enviará más policías y militares a patrullar la ciudad. Pero el presidente opinó que no basta con las acciones de las autoridades. “Necesitamos que sea la ciudadanía quien se comprometa a informar a la fuerza pública”, dijo el gobernante. Álvaro Camacho, investigador en temas de seguridad ciudadana de la Universidad de los Andes, en Bogotá, dijo a BBC que “una política de seguridad democrática se propone sacar a los jóvenes del conflicto, no incluirlos”. Añadió que “pagar por la delación es crear soplones y no ciudadanos”, y que esta práctica, además, “se presta para ajustes privados de cuentas”.
La iniciativa oficial motivó una conferencia de prensa del presidente de la organización social Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Jorge Enrique Rojas, quien alertó que “estas redes generan riesgo para la población civil” y se preguntó “si el presidente de la República va a asumir la responsabilidad por las personas que vayan a ser asesinadas por esa decisión”, recogió la agencia de noticias EFE. Rojas añadió que “hay muchos crímenes de la guerrilla motivados por ese argumento” y se refirió a los asesinatos de indígenas awá, atribuidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que los acusa de actuar como delatores.
La política de crear redes de informantes es aplicada y defendida por el gobierno de Uribe. En Medellín, la novedad es su aplicación en la población estudiantil.
Varios candidatos a desbancar al oficialismo en las elecciones presidenciales de mayo cuestionaron esta iniciativa, anunciada el miércoles. “Esto invita a nuestros jóvenes a que entren a ese mundo de la violencia”, dijo a EFE Daniel Fajardo, candidato presidencial y ex alcalde de Medellín. También el actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar, dijo al diario El Tiempo que Uribe debe reconsiderar esta iniciativa porque señalar a los estudiantes como informantes es “ponerlos en riesgos”.
El candidato a la presidencia por el Partido Verde, Luis Eduardo Garzón, opinó que esta propuesta crea algo así como “una ‘parapolicía’ juvenil y que delega a los privados la responsabilidad que le compete al Estado en materia de seguridad”. Incluso el candidato conservador José Galat fue crítico con esta política: “Convertir a los estudiantes en ‘acusetas’ no sé si sea lo más digno para el estudiante; yo los respetaría y no los convertiría en acusadores”.