El texto abarca los delitos políticos cometidos por los involucrados en el golpe de Estado del 28 de junio, entre ellos traición a la patria, abuso de autoridad, desobediencia civil y expatriación, y también una amnistía al presidente derrocado, Manuel Zelaya, sobre los delitos de los que lo acusó la fiscalía por impulsar una consulta popular que los restantes poderes del Estado consideraron inconstitucional.
La decisión del Congreso fue tomada después de que la Junta Directiva del propio órgano legislativo se reuniera con miembros de la sociedad civil. Los principales argumentos para postergar la votación refirieron a que no se puede decidir olvidar delitos políticos si aún no se verificó que éstos fueran cometidos, y como que no serviría de nada hacerlo si la amnistía no es reconocida por la comunidad internacional, informó el diario local El Heraldo.
El diputado Marco Antonio Andino, perteneciente al Partido Liberal -al igual que Zelaya y el presidente de facto, Roberto Micheletti-, no descartó la posibilidad de realizar un plebiscito respecto de la amnistía luego del informe de la futura comisión de la verdad, con el objetivo de “socializar” el decreto. El vicepresidente del Congreso, Ramón Velásquez, de la Unión Cívica Democrática, que se oponía a la amnistía -al igual que Zelaya y sus seguidores-, manifestó que los delitos de traición a la patria no pueden ser perdonados.
Como la amnistía no fue aprobada, sigue en pie la acusación del Ministerio Público por abuso de autoridad y por el delito de expatriación (cometido contra de Zelaya), a la cúpula de las Fuerzas Armadas, dirigida por el jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez.
Lo que sí se aprobó en la sesión que comenzó en la noche del martes fue la solicitud del Ejecutivo de denunciar el acuerdo por el cual Honduras está adherida a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) desde agosto de 2008, por iniciativa de Zelaya y con la oposición de la mayoría de los sectores políticos.
La petición, encabezada por Micheletti, argumenta que el acuerdo con el Alba violenta la autodeterminación y la no intervención de otros países en los asuntos internos. Según el ministro de Presidencia, Rafael Pineda, Venezuela incluso “amenazó con invadir Honduras” luego de que Zelaya fue destituido, y además “algunos países de esa organización no han tenido el trato respetuoso que corresponde a un país”.
El decreto fue aprobado por una gran mayoría de los 128 legisladores. Sólo se opusieron cinco diputados, entre ellos Toribio Aguilera, del Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata. Dijo que al denunciar el convenio con el Alba “todo lo que tenemos como donaciones”, que son fondos “que en este momento se están usando en viviendas sociales, son recursos [de los cuales] no podemos seguir disponiendo”.