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Fernando Lugo durante un saludo a miembros de las fuerzas especiales de la Policía Nacional enviados al departamento de Concepción, noreste del país, en busca del ganadero Fidel Zavala.

Foto: Efe, Diego Benitez

Tuya y mía

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Un juicio político divide al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de Paraguay.

El año paraguayo comenzó con algunas desavenencias políticas. La Justicia restituyó a dos jueces que habían sido separados de sus cargos por el Congreso, mediante un juicio político. Lo que suceda con el fallo será determinante como precedente en momentos en que la oposición amenaza con otro juicio político, esta vez al presidente, Fernando Lugo.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay dictaminó el jueves que dos jueces que habían sido destituidos por medio de un juicio político fueran repuestos de forma “inmediata” a sus cargos. Esta medida fue señalada por el presidente del Congreso, el opositor Miguel Carrizosa, como “un golpe a la institucionalidad” porque, según argumentó, el juicio político no es pasible de ser sometido al Poder Judicial.

Lo contrario defendió Francisco Recalde, uno de los tres jueces que respaldaron ese fallo en la Sala Constitucional de la CSJ, quien declaró que “ya no existe en el derecho administrativo ningún acto que no sea impugnable ante los tribunales más allá de que se trate de cualquier órgano político”. Los jueces designados originalmente para decidir sobre este asunto resolvieron no hacerlo, y la responsabilidad recayó en tres magistrados del Tribunal de Cuentas: Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada.

La CSJ se pronunció a partir de un reclamo de inconstitucionalidad promovido por Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, los jueces separados de sus cargos en noviembre de 2003, en un juicio impulsado por el presidente paraguayo de entonces, el colorado Nicanor Duarte (2003-2008). Ríos y Fernández también recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según informó la agencia de noticias EFE. Argumentaron que no pudieron ejercer su legítima defensa en el juicio parlamentario por mal de-sempeño de funciones.

Según el fallo de la CSJ, los destituidos debían ser reintegrados inmediatamente en el órgano de justicia de nueve miembros, en los puestos de dos jueces que se retiraron recientemente, informó la agencia de noticias Europa Press. Mientras Ríos y Fernández esperaban que la CSJ, que está en receso, llamara a una sesión extraordinaria para restituirlos, el Congreso convocó a la Asamblea General para lograr una decisión conjunta.

Antes de que sesionara, el presidente, Fernando Lugo, se mostró en desacuerdo con el fallo judicial y rechazó que el Poder Ejecutivo estuviera relacionado con él.

Con una buena concurrencia -63 diputados de 80 y 39 senadores de 45- la Asamblea rechazó el fallo de la CSJ. Legisladores de todos los partidos coincidieron en que la Corte se había extralimitado en sus poderes y en que el fallo es “nulo e ilegal”.

No faltaron las críticas de la oposición, mayoritaria en el Congreso, que señalaron a Lugo como responsable de esta resolución judicial que le sería conveniente porque sentaría un precedente para invalidar un eventual juicio político contra sí mismo, mecanismo con el que sus rivales políticos lo amenazan desde hace meses.

El presidente envió un comunicado en el que reiteraba su postura. “Desmiento categóricamente cualquier tipo de insinuación de intromisión del Poder Ejecutivo en competencias de otros poderes del Estado y, en particular, con relación a estas resoluciones de la Corte Suprema”, dijo Lugo, según reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Lugo propuso que se reúnan representantes de los tres poderes del Estado para analizar esta nueva situación, además de reimpulsar una profunda reforma en la Justicia para garantizar “la autonomía y la independencia del Poder Judicial”.

La CSJ agendó para hoy una sesión extraordinaria para tomar decisiones respecto de este nuevo altercado entre los poderes del Estado. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo estudia si tiene alguna acción a su alcance para anular la sentencia, según informó el asesor jurídico de presidencia, Emilio Camacho. Se está analizando presentar “un incidente de nulidad, una acción autónoma de nulidad o una aclaratoria”, manifestó. Por otra parte, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, declaró que los firmantes del fallo deben ser denunciados ante la Justicia penal.

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