Paz interior
Junto con el artículo 70, que establece aumentos de sueldo para los ministros, el artículo 64 fue otro de los que más debate causaron en sala. La norma destina 76 millones de pesos anuales para que los ministros contraten adscriptos o asesores, y desde la oposición se reclamó que dichos recursos se destinen a otros fines, como la construcción de escuelas, liceos y hospitales. Consideraron que la norma es “sencillamente vergonzosa” y reedita “las viejas prácticas políticas”. Sánchez explicó que hasta ahora todos los ministros están habilitados para destinar el 5% del rubro sueldos de su ministerio en funcionarios de confianza política, lo que por ejemplo, en el Ministerio del Turismo, significa que podría usar 21 millones de pesos cuando ahora queda habilitado a gastar cuatro.
La Cámara de Diputados terminó de aprobar ayer al mediodía el proyecto de ley de presupuesto, con votos favorables de los 50 legisladores del Frente Amplio (FA) y los dos del Partido Independiente (PI). Luego comenzó la votación en particular, que se inició con el cuestionado artículo 4, que establece la fórmula de ajuste salarial en la administración pública. Según lo aprobado, si la inflación anual supera el 10% se debe convocar al Consejo Superior del Sector Público para tratar un ajuste correctivo, lo que actualmente se hace automáticamente.
El diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala acusó al gobierno de no cumplir con la Ley de Negociación Colectiva, ya que el artículo no fue negociado con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Desde el FA, Óscar Groba (Espacio 609) respondió que el mantenimiento del salario real se aseguró recién desde 2005. “Ojalá que esto mismo que defiende hoy la oposición lo hubiera realizado desde 1985”, manifestó.
No confío en ti
El otro punto que generó debate fue la transformación de ocho cargos de alta prioridad y alta especialización -entre ellos el auditor interno de la Nación y el inspector de Trabajo- en cargos de particular confianza. La oposición consideró que la norma es un “retroceso” en la profesionalización de la función pública: “¿Por qué el director de Catastro tiene que ser del partido y no el mejor? ¿En Catastro se necesita a alguien que obedezca órdenes para cobrar lo que el gobierno quiere cobrar y no lo que la técnica aplicada dice que hay que hacer?”, cuestionó Jorge Gandini (Alianza Nacional, PN), y enfatizó que con este tipo de artículos “aumenta el gasto en cargos políticos, la concentración de poder y la influencia directriz”.
En defensa del proyecto, el diputado Alejandro Sánchez (MPP, FA) recalcó que el artículo apunta “a llamar a las cosas por su nombre: estamos suprimiendo cargos de alta prioridad y transformándolos en cargos de confianza política, porque siempre fueron cargos de confianza política […] Eran de designación directa, no por concurso”. Y defendió que se designe a personas de confianza política a cargo de dichas unidades ejecutoras: “Un gobierno que tiene que llevar adelante un programa de gobierno votado por la ciudadanía necesita hombres y mujeres que lo lleven adelante”.
La votación de las nuevas formas de contratación también generó polémica, esta vez, con una decena de dirigentes de COFE que se encontraban en las barras. Por unanimidad se aprobaron los contratos de becarios y pasantes, y también por unanimidad se votó el contrato artístico, que sustituirá al contrato cachet. Sin embargo, sólo la bancada del FA avaló el contrato temporal de derecho público y el contrato laboral, que se regirán por el derecho privado. En el primer caso Iván Posada (PI) argumentó que el contrato es contradictorio, ya que si se considera que se necesita por tres años una función, “seguramente se necesita un funcionario público”.
Sobre el contrato laboral, la diputada Martha Montaner (Vamos Uruguay, PC) argumentó que si los contratados “cumplen funciones públicas no pueden regirse por el derecho laboral, tienen que hacerlo por el estatuto funcional de acuerdo a la Constitución”, mientras que Sánchez reivindicó que es necesario “tener mecanismos que nos permitan rápidamente atender situaciones que no estaban previstas”. Recalcó que el contrato tiene un plazo máximo de 12 meses y que no debe ser utilizado para “tareas permanentes”. El diputado oficialista explicó que este contrato generará el derecho al despido que actualmente los zafrales no tienen, lo que motivó la primera reacción de los dirigentes de COFE: risas y gritos hacia los legisladores del FA, llamándolos mentirosos. Cuando finalmente el contrato laboral se aprobó, los sindicalistas se retiraron aplaudiendo de la sala, con el grito de “Viva la flexibilización laboral” de Luis Bazzano, secretario de conflictos de COFE.
Al finalizar esta votación, el diputado frenteamplista de Artigas, Hugo Dávila (Partido Comunista), aclaró que apoyó los artículos “por mandato de la bancada”, aunque cree que los cambios deberían haber sido discutidos en la negociación colectiva.