Disparar a un auto familiar porque no se detiene por completo en un punto de control; mirar para otro lado al encontrar cientos de detenidos con contusiones, heridas y quemaduras de cigarrillos; asesinar desde un helicóptero Apache a dos detenidos esposados; disparar contra una niña de ocho años que jugaba en la calle. Éstas son sólo algunas de las acciones cotidianas que aparecen relatadas en 391.831 informes estadounidenses revelados por la organización WikiLeaks, que fueron publicados por varios medios internacionales.
Entre los documentos de “acciones significativas” filtrados se encuentran notas de altos mandos militares estadounidenses que piden que no se investiguen los casos de detenidos iraquíes que sufrieron torturas y abusos -incluidas electrocuciones y ejecuciones- por parte de tropas de Irak. “No será necesario seguir investigando”, concluía la nota que cerraba ese tipo de informes.
Pese a negarlo, Estados Unidos sí lleva un conteo de muertes civiles, según los informes filtrados, que suman unas 15.000 muertes más de las calculadas por Iraq Body Count. El profesor John Sloboda, miembro de esta organización civil, indicó al diario español El País que estos documentos revelan que las muertes “no son producto de grandes bombardeos, sino de pequeños incidentes en los que han muerto una o dos personas en cada uno y que han ido ocurriendo casi cada día durante todo el período de la guerra”. Agregó que en otros casos también se trata de “asesinatos premeditados, de disparos al azar desde vehículos, de ejecuciones, de matanzas en puestos de control. Ésas son las pequeñas pero incesantes tragedias de esta guerra que estos documentos revelan con un detalle sin precedentes”.
En la mayor filtración de información en la historia militar estadounidense, que cubre desde 2004 hasta 2009, también se reveló la inacción de Estados Unidos, que dispone de informes secretos que revelan nuevos casos que implican a la empresa de seguridad Blackwater en disparos contra civiles, pero que no fueron investigados ni denunciados.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo al canal Al Jazeera que en los documentos hay material suficiente para 40 demandas por homicidio involuntario. En entrevista con el diario El País, también señaló que está pensando en instalar su organización en algún país sudamericano.
Desde el gobierno estadounidense y el Pentágono se condenaron las filtraciones, se reiteró que ponen en peligro a las tropas y se aseguró que no se harán nuevas investigaciones a partir de esta información.
El Ministerio de Defensa británico condenó la publicación en un comunicado porque a su entender “puede poner en riesgo las vidas del servicio de personal británico y sus aliados”. Sin embargo, el viceprimer ministro, Nick Clegg, declaró a BBC que “la naturaleza de las acusaciones es extraordinariamente seria”. Clegg agregó: “Creo que cualquier cosa que sugiera que con tu conocimiento se han quebrantado las reglas de combate y se ha tolerado la tortura en cualquiera de sus formas tiene que ser examinada”.
El primer ministro británico, David Cameron, que impulsó una investigación meses atrás para develar si las tropas británicas estaban al tanto de las torturas cometidas por iraquíes, se mantuvo en silencio. Por su parte, el primer ministro iraquí, Nuri Al Maliki, condenó lo que llamó una injerencia en el país. Pero el ministro del Interior de Irak, Jawad Al Bolani dijo que “las violaciones de derechos humanos son inaceptables” y que “todos los responsables de cualquier delito serán perseguidos” por la Justicia. También se manifestó en este sentido el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak: “Según la convención existe la obligación por parte de los Estados de criminalizar cualquier forma de tortura [...] y, por supuesto, la de investigar cualquier caso”.