En una sesión que comenzó a las 9.00 y terminó cerca de la medianoche, los diputados terminaron de aprobar el presupuesto de todos los ministerios y de la mayoría de los organismos descentralizados, menos los de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar), que quedarán para tratar hoy junto a varios artículos que fueron desglosados.
El diputado Alejandro Sánchez (MPP, Frente Amplio) explicó que por iniciativa de la bancada oficialista se introdujeron algunos cambios “importantes” al proyecto original. En particular, Sánchez destacó la inclusión de una norma programática que determina que en caso de que el crecimiento del PIB sea mayor a lo estimado, la actualización de esa partida para que la enseñanza alcance el 4,5% del PIB se destinará a la Udelar y a ANEP para cubrir gastos de funcionamiento y salarios. Con este artículo, que fue votado ayer y acompañado por los diputados de la oposición, “si bien no llegamos a completar la solicitud de la Udelar, estamos dando mayores recursos que los que se están destinando hoy”, explicó.
Con respecto al presupuesto del Poder Judicial, la bancada del FA resolvió incluir una solicitud del organismo para crear un nuevo juzgado de apelaciones en materia penal, una medida que tendrá un costo anual cercano a los 20 millones de pesos, y que tiene como objetivo favorecer el descongestionamiento del sistema carcelario. También con los votos del FA, y ciertos artículos acompañados por la oposición, ayer se aprobaron las secciones I, II y III del presupuesto, referidas a los funcionarios y los ajustes salariales.
Cambios o no
Las modificaciones sobre los funcionarios fueron avaladas ayer por el Poder Ejecutivo en el gabinete productivo, luego de recibir un informe de las negociaciones mantenidas en los últimos días con dirigentes del PIT-CNT y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Luego, en la propia residencia de Suárez, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y el secretario y prosecretario de la Presidencia, Alberto Breccia y Diego Cánepa, respectivamente, se reu-nieron con los coordinadores de la central sindical, Fernando Pereira y Juan Castillo, y con el presidente de COFE, Pablo Cabrera, para explicar los cambios que ayer se transmitieron a la bancada oficialista.
En general, explicó Brenta, “son aspectos que entendemos que estaban implícitos en el mensaje original, pero los trabajadores planteaban la necesidad de que estuvieran explícitamente manifestados”. En particular en el artículo sexto del proyecto presupuestal, que establece que el Poder Ejecutivo promoverá reestructuras organizativas en tres ministerios, el gobierno aclaró que “se va a trabajar sobre la lógica de procesos discutidos y negociados con los trabajadores”, señaló Brenta.
En relación con el artículo 4 del proyecto, que estipula cómo se realizarán los ajustes salariales en la administración pública y al que se oponía COFE por entender que se eliminaban los ajustes automáticos en caso de que la inflación acumulada anual superara el 10%, Brenta señaló que se modificará según lo que planteó la bancada del FA. En caso de que la inflación alcance los dos dígitos se aplicará un ajuste correctivo “que sería automático”, mientras que el resto de los aumentos no incluidos en la ley presupuestal se discutirán en el Consejo Superior del Sector Público.
Para el presidente de COFE el cambio es “total”, ya que como estaba redactado antes el artículo “no se permitía pensar en ajustes por crecimiento de la economía”, sino que sólo se habilitaban en función de que los trabajadores no perdieran salario real. Estos dos artículos (4 y 6) fueron apoyados por el Partido Nacional. “Aunque advertimos que no hay modificaciones sustanciales, dado el consenso social a nivel del gobierno y los sindicatos estamos de acuerdo en acompañarlos”, explicó el diputado nacionalista Pablo Abdala.
El otro cambio avalado por el gobierno fue alargar los plazos del contrato temporal de derecho público (artículo 55). Sobre los contratos laborales que se regirán bajo la órbita del derecho privado (artículo 67), el Poder Ejecutivo aclaró a los trabajadores que no hay marcha atrás, ya que se considera que en un proceso de transición hacia la reforma del Estado “se requieren mecanismos flexibles”, indicó Brenta a la diaria.
Si bien Cabrera aclaró que COFE analizará hoy las modificaciones y que su valoración es personal, consideró que hubo “un cambio sustancial respecto a la etapa de negociación anterior” y que las variantes avaladas por el gobierno constituyen un “avance”, aunque se buscará mantener la discusión para “lograr todos los cambios que podamos” en la cámara alta. Para Brenta hubo “una recomposición de la confianza entre los actores”. Breccia, en tanto, manifestó que esto demuestra que entre los trabajadores públicos y el gobierno existe el “suficiente nivel de diálogo como para que, de pronto, medidas de tal porte como un paro general no deban ser llevadas adelante”, en alusión al paro general del jueves.