Los que se vienen
El ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, es uno de los jerarcas que según la prensa local se mantendrán en el próximo gobierno. Al igual que la presidenta electa, Dilma Rousseff, Mantega considera que el Banco Central (BC) debe estar bajo la esfera del Ministerio de Economía, aunque actualmente tenga estatus ministerial. El actual presidente del BC, Henrique Meirelles, había sugerido en declaraciones a la prensa que debería mantenerse ese estatus para que él siguiera en el cargo. Estas exigencias molestaron a Rousseff y al presidente Lula da Silva, y serían un motivo para que Meirelles no continúe al frente del BC, informó el diario O Estado de São Paulo. A su vez, Lula pidió a Rousseff que mantenga al presidente de Petrobras, José Sérgio Gabrielli, por lo menos durante 2011, informó la agencia de noticias Agência Estado, debido a los procesos de reforma que atraviesa la petrolera.
En la insurgencia la conocían como Estrella, pero los militares la consideraban la “Juana de Arco de la subversión”. Fue apresada durante la operación Bandeirante -con 22 años, en 1970- y estuvo en la cárcel casi tres años durante la dictadura, acusada de pertenecer a “grupos subversivos”. Dilma Rousseff, perteneció a los grupos Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares) y Colima. Durante su detención fue torturada por hasta 22 días seguidos, según los documentos liberados el fin de semana por la justicia militar brasileña.
Luego de que estos documentos fueran durante cuatro décadas considerados confidenciales, el diario Folha de São Paulo reclamó su acceso, que le fue concedido el viernes. Antes, el Tribunal Supremo Militar había postergado la decisión para que las revelaciones no fueran utilizadas con fines políticos e interfirieran en las elecciones. Aunque los documentos todavía no están disponibles, la información fue dada a conocer por O Globo y Folha el fin de semana.
La información es la misma que se conocía respecto a Rousseff. En dictadura formó parte de la insurgencia haciendo aportes estratégicos e intelectuales, sus principales funciones consistían en organizar células de militantes y distribuir dinero entre esos grupos, además de otras tareas de organización en tres asaltos a bancos. La dictadura no pudo demostrar su participación directa en acciones armadas, ni tampoco la de quien era su esposo en ese tiempo, Cláudio Galeno de Magalhães Linhares.
Los documentos citados por O Globo establecen que Rousseff fue “adoctrinada en la ideología marxista” por su esposo, y que dio clases de marxismo en su casa, donde fueron encontrados materiales para falsificación de documentos, panfletos y libros que eran considerados subversivos.
Consultada por un juez acerca de su decisión de unirse a la guerrilla explicó que constató “la existencia de desequilibrios de ingresos, que provocan creciente miseria de la mayoría de la población, al lado de la gran riqueza de unos pocos que detentan el poder e impiden, a través de la represión policial, todas las luchas de liberación y emancipación del pueblo brasileño”.
Rousseff fue sometida a tortura reiteradas veces, y en una declaración prestada en 1970, bajo “intensa tortura”, “hacía 22 días”, según el propio documento judicial, reveló “nombres de algunos compañeros e indicó algunos lugares” donde se hacían reuniones clandestinas. En mayo de 2008 Rousseff fue consultada en el Congreso sobre versiones similares y dijo que había mentido mientras era “bárbaramente torturada”: “Me siento muy orgullosa de haber mentido, porque mentir bajo tortura no es fácil. En democracia se dice la verdad. En la tortura, quien tiene el coraje y la dignidad, cuenta mentiras”, porque “decir la verdad podía comprometer la vida de muchas personas”, que “habrían sido asesinadas”.
En el mismo sentido, luego de la divulgación de los documentos, José Eduardo Dutra, el presidente del Partido de los Trabajadores, al que Rousseff pertenece, aseguró: “Tenemos orgullo de su pasado”, y agregó: “Desde el punto de vista de la realidad [la información revelada por los documentos] es basura. Sólo que no puede ser destruida porque es parte de la historia. Sería ridículo querer transformar esto en un hecho político”.
Otras declaraciones de Rou-sseff que habían sido dadas a conocer por el diario Folha de São Paulo forman parte de una carta que ella envió en 2002 a una comisión legislativa que analizaba un pedido de indemnización para víctimas de la dictadura. Allí Rousseff aseguró que en el Destacamento de Operaciones de Información de los Centros de Defensa Interna (Doi-Codi) -organismo que centralizó las operaciones de represión- y durante la operación Bandeirante -que representó el auge de esa represión en la década de 1970 y en la que fue apresada- ella fue torturada con “choques eléctricos, ‘pau de arara’ (suplicio en que una persona es atada y colgada de un travesaño) y golpes, siendo varias veces llevada a distintos hospitales debido a hemorragias graves”.
Durante la operación Bandeirante fueron asesinadas seis personas y otras 20 fueron torturadas -entre ellas Rousseff-. A comienzos de este mes el Ministerio Público Federal de San Pablo abrió un proceso judicial para determinar la responsabilidad civil de cuatro militares jubilados, varios de ellos identificados por Rousseff, en uno de los pocos juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en Brasil. Pero por ser un juicio civil, busca un resarcimiento a las víctimas y no un castigo penal para los acusados.
En este sentido, Rousseff deberá impulsar en 2011 en el Congreso la ley que crea la Comisión de la Verdad, que buscará información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, aunque carece de fuerza política para revisar la Ley de Amnistía de 1979, que impide abrir procesos contra militares, en la mayoría de los casos.