“Una de las primeras medidas del próximo gobierno será recortar el gasto público y evitar los aumentos salariales para los funcionarios públicos, los jubilados y los pensionistas”, aseguró el ministro de Economía brasileño, Guido Mantega, quien continuará en su cargo en el gobierno de Dilma Rousseff, que asume el sábado.
Mantega dijo que Rousseff intentará mantener el crecimiento anual histórico de la economía de Brasil, que es de 5%, pese a que este año creció 8%, lo que permitirá “generar empleos, reducir las desigualdades y erradicar la miseria”. Esto, señaló, “sólo será sostenible si se realiza sin grandes desequilibrios macroeconómicos. Tiene que ser un crecimiento que no genere deuda ni inflación”. La previsión inflacionaria del gobierno para este año era de 4,5%, mientras que la realidad señaló 5,9%.
Aumentar el ahorro público y la inversión y bajar los gastos, además de consolidarse fiscalmente, serán los objetivos de su cartera en 2011, indicó Mantega. Pero el desafío consiste en lograr estos objetivos sin afectar los programas sociales que fueron profundizados durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva. “Con la reducción de los gastos públicos vamos a generar ahorro y abrir espacio para la reducción de la tasa de interés, con lo que vamos a estimular al sector privado”, argumentó Mantega.
Los planes sociales, como Bolsa Familia, son responsables, en gran medida, de la reducción de la desigualdad en Brasil. Lula deja el país con 15% de pobres, de los cuales casi la mitad (6,5%) se consideran indigentes, según los datos del Ministerio de Desarrollo Social, que clasifica como pobres a quienes viven con menos de 77 dólares al mes, y como indigentes a quienes sólo cuentan con la mitad de esa cifra.
Se estima que más de 30 millones de personas salieron de la pobreza y 20 millones, de la indigencia, en un universo de 120 millones de pobres o indigentes, informó la agencia de noticias Reuters Brasil. El empleo aumentó 14%; unos 14 millones de personas comenzaron a trabajar en los dos mandatos de Lula y los salarios se incrementaron en 53% desde 2003, cuando asumió el presidente.
La Fundación Getulio Vargas señaló en uno de sus últimos informes que la reducción de la desigualdad sería explicada en 67% por el crecimiento del empleo, 17% por los programas sociales y 16% por el gasto en pensiones y jubilaciones.
Estudios económicos señalaron que hasta 2008 cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) repercutía en un punto de crecimiento en empleos, pero ahora representa la mitad, y la generación de empleos no alcanza a las personas bajo la línea de indigencia, por lo que habría que llegar a ellas con planes sociales. El gobierno invierte hoy más de 7.000 millones de dólares en planes sociales, inversión que debería crecer casi 12.000 millones de dólares, opinó el economista Marcelo Neri, de la Fundación Getulio Vargas, consultado por el diario Folha de São Paulo.
“Lula se va como el gran responsable por la democratización del consumo en Brasil. Lo que antes era un sueño para muchos se convirtió en realidad”, sostuvo Renato Meirelles, de la consultora Data Popular.
Aun así, los gastos del gobierno aumentaron casi 12% este año, indicó el diario O Estado de São Paulo. Ese gasto fue superado sólo en 1998, año previo a la crisis económica de 1999, por lo cual también se señala que Rousseff deberá reducir la deuda pública, que en 2009 alcanzó 40% del PIB.
“Independientemente de quién sea el ministro de Economía, yo seré la responsable por garantizar el mantenimiento de la estabilidad económica”, aseguró Rousseff en una entrevista reciente con la cadena televisiva SBT, en la que también manifestó su intención de reducir la deuda pública.
En la misma entrevista, la presidenta electa indicó que se hará hincapié en la agricultura, porque “el agronegocio es estratégico" y Brasil es "el país con mayor productividad en el área”.
Señaló que “no es admisible la invasión de propiedades productivas”, aunque las reivindicaciones de los campesinos sin tierra que reclaman la reforma agraria no serán tratados como “problema policial” sino “social”.
Cambio cerficado
Las ocupaciones de tierras son una medida de presión usada con frecuencia por el Movimiento de los Sin Tierra (MST), que respaldó informalmente a Rousseff en las elecciones, pese a declararse desconforme con la gestión de Lula, que en campaña había prometido la reforma agraria.
Las críticas no llegaron sólo del movimiento, sino también de quienes compitieron en la primera vuelta con Rousseff, como Marina Silva, la candidata del Partido Verde. En su opinión, “el gobierno se inclinó por una política favorable a las multinacionales".
En una convención del movimiento, dos años atrás, el MST indicó que no era posible enfrentarse a Lula por su popularidad, que hoy alcanza 87%, así que debería esperar a que él dejara la presidencia para renovar el activismo y reclamar una “revolución económica”.
"Con Dilma, nuestra base social se dará cuenta de que vale la pena movilizarse, que podemos avanzar, con más ocupaciones y huelgas” aseguró a Reuters Brasil el fundador del movimiento, João Pedro Stédile.
La deuda no es sólo con la reforma agraria, sino también respecto al medioambiente, ítem en el que la política de Lula no contentó a los activistas, al punto que Silva renunció a su cargo de ministra de Medio Ambiente en 2008 por entender que Lula descuidó “la conservación del Amazonas para privilegiar los grandes negocios de los cultivos intensivos y de los agrocombustibles”.
A mediados de diciembre Lula registró ante un escribano el balance de sus ocho años de gobierno. Allí indicó que se frenó el ritmo de la deforestación, algo que los activistas celebran, pero consideran que es causado por la crisis y no por políticas verdes. También se registró allí que 2010 fue celebrado como uno de los mejores años desde 1998 en este sentido porque la deforestación se redujo 14% respecto al año anterior.
Sin embargo, la Amazonia perdió casi 120 mil kilómetros cuadrados entre 2003 y 2009. Si se suman los datos parciales de este año, el área de selva perdida en los últimos ocho años alcanzaría un tamaño similar al de Nicaragua o al de Corea del Norte.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace alertaron que el próximo gobierno deberá evitar una reforma del Código Forestal, que protege grandes áreas de la Amazonia, y que algunos legisladores intentan modificar para expandir los agronegocios en zonas selváticas, especialmente para la plantación de soja y aceite de palma, además de la ganadería, indicó la agencia de noticias ANSA.
Preocupaciones cotidianas
Pero no es el medio ambiente lo que más preocupa a los brasileños, sino la salud, según encuestas recientes citadas por Folha de São Paulo. Este diario señala que en general el descontento se debe a la dificultad para acceder a asistencia de calidad, a la falta de camas, médicos, diagnósticos y terapias rápidas en el sistema de salud. Según la prensa local, las esperas para una cirugía ortopédica pueden ser de hasta cinco años y para un tratamiento con radioterapia alcanzan los seis meses.
El libro Los años de Lula-Contribuciones para un balance crítico 2003-2010, lanzado recientemente, señaló que las deficiencias de la salud se deben a que el área no fue prioridad durante el gobierno de Lula. Eso es notorio en la inversión en salud: en 1995 62% era del Estado, mientras que en 2009 lo era 47%.
Sin embargo, el monto de la inversión pública en salud se incrementó 10.000 millones de dólares desde 2002, cuando fue de casi 26.000 millones de dólares.
Dentro del ámbito de la salud, Rousseff llega al gobierno cuando sigue abierta la discusión sobre la despenalización del aborto, uno de los asuntos más polémicos en Brasil, que fue el tema principal de la campaña para el balotaje y es la cuarta causa de muerte de madres en el país.
Cada dos días muere una mujer luego de realizarse un aborto, que sólo es permitido en Brasil en caso de riesgo de vida de la madre y en caso de violación, reveló un informe de la cadena O Globo. Cada 33 segundos hay un aborto en Brasil y, en proporción, por cada 3,5 embarazos que llegan a término, uno es interrumpido en forma voluntaria.
Deberes
En su última reunión como presidente con la Mesa Ejecutiva de su Partido de los Trabajadores, el presidente Lula señaló que el primer año de Rousseff debe tener entre sus prioridades la Ley de Medios, que fue redactada por su gobierno y que debe ser llevada al Congreso en 2011, y la reforma política, que incluye la reforma del sistema electoral. Esta nueva legislación pretende erradicar problemas endémicos de la política brasileña, como la corrupción, además de disponer de un sistema más transparente para la financiación de campañas y partidos, y poner freno a la práctica de los legisladores de cambiar de partido. Lo que Lula denomina “la modernización de nuestras costumbres políticas” también incluye la eliminación del voto obligatorio y la prohibición de que un funcionario electo pueda evadir acusaciones de corrupción u otros delitos por su cargo.
Por su parte, el empresariado reclama una reforma tributaria porque enfrenta dificultades a la hora de competir con productos extranjeros, indicó la revista Veja.
Otras reformas que la población menciona como pendientes, según señala la prensa local, son la reforma laboral y la del sistema de pensiones, pero Rousseff no se ha manifestado sobre éstas.
Lo que sí quedó pendiente del gobierno de Lula y permanece en el Congreso para que lo aprueben los nuevos legisladores que asumen en febrero es la ley que crea la Comisión Nacional de la Verdad, que examinará y esclarecerá los delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1964-1985).
En este sentido, también será responsabilidad del próximo gobierno considerar las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a mediados de diciembre falló que Brasil debe juzgar a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura, pese a la vigencia de la Ley de Amnistía. Si bien el fallo es reciente y se refirió al caso puntual de la guerrilla de Araguaia, la recomendación de que se anule la ley ya ha sido reiterada por varios organismos internacionales de derechos humanos, pero, hasta ahora, los diferentes gobiernos la han desoído.