Marisela Escobedo se había convertido en activista hace dos años, cuando asesinaron en Ciudad Juárez a su hija, Rubí Frayre, de 16 años, que meses antes le había dado su primera nieta. Un año después de la muerte de Rubí la Policía detuvo a un ex novio de ella, quien confesó que la había matado, que había quemado el cuerpo y señaló dónde abandonó los restos. Luego de unos meses en prisión tres jueces consideraron que faltaban pruebas para condenarlo.
Esos tres jueces fueron suspendidos el lunes y la Fiscalía investigará si actuaron con negligencia, porque después de su fallo, una revisión del juicio determinó que sí había pruebas suficientes y pidió la captura de Sergio Rafael Barraza, que continúa prófugo.
El jueves fue asesinada de un disparo Escobedo, dirigente de la organización Justicia para Nuestras Hijas, mientras protestaba ante la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua. La principal teoría de la Fiscalía es que Barraza encargó su asesinato. A su vez, se investiga si el joven tiene vínculos con el cártel de los Zetas, tal como denunciaba la activista, y si fueron miembros de esa organización quienes cometieron el asesinato. Un cártel rival, el de Sinaloa, dejó mantas con mensajes en Chihuahua ofreciendo “justicia” en el caso de Marisela y pidiendo a la población que denuncie a los asesinos, informó el diario mexicano La Jornada.
En diciembre la activista había recibido varias amenazas de muerte del sospechoso de asesinar a su hija y de sus familiares, y días después de su muerte fue incendiada la maderera de su pareja. Por esos días también se encontró el cadáver del cuñado de Escobedo, el hermano de su pareja.
La activista no recibió protección luego de ser amenazada. Al instalarse frente a la sede del gobierno local, tres días antes de su asesinato, dijo a algunas cámaras de televisión: “No me voy a esconder. Si me va a venir a asesinar, tendrá que venir a hacerlo aquí para vergüenza del gobierno. ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Que venga y termine conmigo?”.
Expertos legales consultados por El Universal señalaron que el Estado mexicano no garantizó la seguridad e integridad física de la activista a pesar de las amenazas que recibió, por lo que es responsable del crimen. En el mismo sentido se manifestó Amnistía Internacional, que lamentó “la negligencia” de las autoridades “para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer” y señaló que las “deficiencias del sistema de justicia” en Chihuahua, genera que “sean los familiares y las organizaciones de derechos humanos los que sufren las represalias por luchar por la justicia y la verdad”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó al gobierno mexicano una investigación seria y la adopción de medidas para que no vuelvan a ocurrir hechos similares.
Desde la organización civil Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio se aseguró al diario mexicano La Jornada que este asesinato es una “advertencia a todas las madres que exigen justicia”.
También exigió una investigación seria la Comisión Permanente del Congreso mexicano, en la misma sesión en la que se aplaudió la primera aplicación de la reforma de octubre del Código Penal de Chihuahua, que incluye la cadena perpetua. El primer sentenciado a esa pena, ayer, fue un joven de 18 años que formaba parte de la banda de secuestradores conocida como “La Muñeca”. El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, celebró la noticia y dijo: “Estamos mandando el mensaje de que haber endurecido las penas no sólo es letra de ley”.
Duarte también aseguró que los asesinos de Escobedo y de su hija serán detenidos, y agregó que “la justicia en Chihuahua no sólo se aplica a quienes no tienen manera de defenderse, sino que también a los jueces se les aplicará si es necesario”.