Un correo electrónico está inundando las casillas de correo de El Salvador. Bajo el título “Comunicado 1” anuncia: “Ante la falta de una verdadera política de seguridad pública por parte de la administración de Mauricio Funes [...] nos vemos en la obligación de iniciar una nueva forma de limpieza social por medio de nuestro grupo de exterminio La Calle Negra”. Se define como “un mal necesario” y asegura que eliminará las “lacras” de su sociedad. Advierte que no sólo ajusticiarán a pandilleros, sino también a sus “compañeras de vidas de mareros, hijos, madres, hermanos, amigos y familiares de estas sucias escorias”.
También piden disculpas a la sociedad, no por lo que prometen, sino por su “retraso” en actuar. Aseguran que ya comenzaron a trabajar en su “sistema de limpieza” y que “todos” estarán “agradecidos”.
Aclaran que su objetivo no es generar “inestabilidad o anarquía” sino hacer una “limpieza social en las calles”, y les piden a las “autoridades de Seguridad” que no “pierdan el tiempo” en averiguar quiénes son, que ése “será tiempo perdido”.
También circula un “Comunicado 2”, en el que se asegura que se reorganizó otro grupo de exterminio, La Sombra Negra, que actuó durante la década de 1990 en El Salvador. En su momento se adjudicó más de 20 muertes. Según el grupo paramilitar, mató a delincuentes o miembros de las maras o pandillas delictivas que actúan en el país. A sus víctimas, los integrantes de La Sombra Negra les vendaban los ojos, les ataban las manos a sus espaldas y les disparaban en la nuca.
El Salvador tuvo sus mayores escuadrones de la muerte durante las décadas de 1970 y 1980, cuando capturaron, torturaron y asesinaron a miles de estudiantes, obreros, maestros y dirigentes políticos de izquierda en lo que llamaron la “cruzada anticomunista”.
Las actividades de estos grupos se extendieron durante la guerra civil (1980-1992), y aun después de la firma de los acuerdos de paz de 1992 varios dirigentes de izquierda fueron asesinados o víctimas de frustrados atentados, señaló la agencia de noticias IPS. El argumento siempre fue “la limpieza social”.
Febrero violento
En la primera semana de febrero dos masacres conmocionaron El Salvador. Ambas fueron cometidas por grupos pequeños de personas fuertemente armadas, camufladas y con los rostros cubiertos con pasamontañas. La primera se cometió en Milingo el 2 de febrero, y en ella murieron siete miembros de la Mara 18, una de las principales pandillas del país. La segunda fue en Tonacatepeque el 6 de febrero y murieron seis personas.
Los dos ataques, que además dejaron varios heridos, fueron muy bien planificados. En ellos se usaron vehículos y otros medios de transporte que permitieron a los asesinos sorprender a las víctimas y huir. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) asegura que “es muy temprano” en las investigaciones como para afirmar que los asesinatos hayan sido ejecutados por “grupos de exterminio”. Pero Augusto Cotto, subdirector de la PNC, reconoció en declaraciones al diario español El País que se está investigando esa posibilidad.
Cotto afirmó que los fusiles usados en ambas masacres no coin- ciden, y agregó que “en Milingo tenemos la certeza” de que el objetivo era “asesinar a un grupo de pandilleros”, pero en Tonacatepeque “los asesinados no eran pandilleros”. La PNC también investiga el comunicado que circula por internet, así como panfletos que se tiran en las calles con un mensaje similar.
Uno de los sobrevivientes de la masacre de Tonacatepeque aseguró que los atacantes entraron a un restaurante, encerraron a todos los hombres en un cuarto, les preguntaron si pertenecían a maras y los revisaron buscando los tatuajes característicos de esas pandillas. No los encontraron y aun así les dispararon a mansalva, informó IPS. Asesinaron a estudiantes universitarios y albañiles sin relación con las pandillas. Otro crimen que podría estar relacionado con grupos de exterminio se cometió el 15 de febrero, informó el diario salvadoreño ContraPunto. Personas con los rostros cubiertos y vestidas como policías entraron a la casa de un pandillero retirado, Ernesto Quintanilla, y lo asesinaron a sangre fría.
Puntos de vista
El presidente Funes señaló que las masacres “ponen en evidencia un panorama nuevo y ciertamente alarmante”. Dijo que las pandillas juveniles o maras están cambiando su funcionamiento y evolucionan hacia grupos criminales que “han conseguido infiltrarse en diferentes instancias de poder, han comprado voluntades en las instituciones y debilitado los cimientos del estado de derecho”.
El presidente afirmó que no se tienen elementos suficientes como para asegurar que las acciones violentas de las últimas semanas correspondan a grupos de exterminio, aunque sí respalda esta teoría como “altamente posible” el ex ministro de Gobernación de Arena, Francisco Bertrand Galindo, quien dijo al periódico salvadoreño El Diario de Hoy que si los ciudadanos tienen la sensación de que la PNC no hace su trabajo, deciden “tomarse la justicia por sus manos”.
También han aparecido cuerpos y partes de cuerpos en las calles. El director de la PNC, Carlos Ascencio, aseguró al Diario Co Latino que existe la posibilidad de que estos hechos “puedan repetirse”, opinó que las dos masacres no parecen haber sido realizadas por el mismo grupo, y no descartó la existencia de nuevos grupos de exterminio.
Ascencio también manifestó preocupación por el aumento en las estadísticas de homicidios en 2009, considerado el año más violento de la década, con 4.365 asesinatos. Se registró ese año un promedio de 12 asesinatos por día. En enero, el promedio fue de 13 homicidios diarios, según los datos de la PNC. De acuerdo a datos recabados por El Diario de Hoy, la tendencia continúa. La tasa de homicidios de El Salvador es de 76 de cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio latinoamericano es de 24.
Este dato se suma a los ataques con granadas que grupos de pandilleros llevaron a cabo en enero. En todo 2009 se registraron diez ataques con granadas, un arma que se supone de uso exclusivo del Ejército. En enero, los ataques con granadas fueron cinco.
El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), Félix Ulloa, señaló que por el modus operandi de los grupos que cometieron las masacres se puede determinar que tienen “capacidad operativa, respaldo económico, logístico y, por qué no decirlo, hasta político”. Manejó la posibilidad de que opere un grupo financiado por sectores opositores violentos que quieren “desestabilizar al gobierno” para volver al poder. En El Salvador, después de décadas de gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en 2009 asumió un gobierno de la ex guerrilla de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En enero, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, denunció haber recibido amenazas de muerte varias veces por un grupo autodenominado Antidelincuencial, que lo instó a irse del país y no entrometerse en su campaña de “limpieza social”.
La PNC también considera que la primera masacre, en la que murieron pandilleros, podría ser una vendetta entre maras, pero el analista político y ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública Salvador Samayoa señaló en su columna de El Diario de Hoy que es “impensable” creer que “tres pandilleros decidan atacar a diez”, y afirmó que “eso sólo lo hacen las ‘fuerzas especiales’ los llamados ‘comandos’ entrenados”.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) criticó el accionar de la Policía, los fiscales y los jueces en estos casos y aseguró que no se pone la debida atención ni se investiga la estructura del crimen organizado. La Fespad instó a las autoridades a “coordinar una política de prevención de la delincuencia juvenil y la reinserción”, y aseguró que, si es necesario, deberá formarse una nueva entidad que pueda investigar seriamente a las maras y al crimen organizado, opinión que los medios salvadoreños aseguran que crece en popularidad en los ámbitos policiales y judiciales.
Promesas de tregua
El presidente Funes anunció el viernes una nueva “Política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia”, con planes de prevención y combate a la delincuencia que incluye la autorización de escuchas telefónicas, una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y el aumento de 7 a 15 años en la pena máxima de cárcel para personas de entre 16 y 18 años.
El plan incluye también una serie de consultas para implementar un programa de desarme en el país, algo que la Policía reclamaba porque 76% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, según los datos de la PNC, que exigía una revisión de la Ley de Armas y Explosivos para ajustar las normas de la comercialización, el registro y el control de esas armas. En lo que va del año se incautaron 626 armas de fuego y 17 granadas.
Mientras tanto, las pandillas Mara Salvatrucha y Mara 18, las principales, informaron el jueves que acordaron una tregua el 8 de febrero, porque “el diálogo es la mejor propuesta para la solución de conflictos”. Se comprometieron a detener la violencia, según anunciaron en un comunicado, en el que además instaron a los jóvenes involucrados en las pandillas a buscar oportunidades laborales para dejar de delinquir. Funes celebró el acuerdo en una entrevista con el Canal 12 de su país, pero aseguró que la seguridad salvadoreña no puede “estar a expensas de que las pandillas y sus principales líderes den tregua”.
La Policía, consultada por la agencia de noticias EFE, informó que los datos de la criminalidad, en especial de los homicidios, no descendieron desde el 8 de febrero, lo que da la pauta de que no existe la tregua, o bien otros grupos están cometiendo crímenes.
El magíster en Criminología y Ciencias Policíacas Carlos Ponce, columnista de El Diario de Hoy, señaló que los factores precursores del fenómeno denominado “vigilantismo” por la criminología contemporánea están presentes en El Salvador, y que la percepción de que las autoridades son incapaces de controlar la delincuencia llevó a que “muchos salvadoreños tienen una opinión favorable en relación a tomar la justicia en sus manos y aplauden la posibilidad” de que resurjan grupos de exterminio. En su opinión, esto se puede traducir en el surgimiento de estos grupos, integrados por “ciudadanos que se consideren héroes”.