Al elegir a sus ministros, el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, optó por un perfil más técnico que político. No en vano todos los integrantes de su gabinete tienen estudios terciarios tanto en Chile -en su gran mayoría en la Universidad Católica- como en el extranjero -preferentemente en Harvard-. En su mayoría cursaron carreras en ciencias económicas y trabajan para grandes empresas y grupos económicos, con éxito.
Así lo prometió Piñera en campaña, y así lo anunció también ahora, además de destacar que el perfil es renovador y joven.
La respuesta de quien estrenará oposición, la Concertación, no se hizo esperar. Es un “grupo de amigos incondicionales”, denunció Fulvio Rossi, el presidente del Partido Socialista (PS), integrante de la coalición que hoy está en el gobierno. “Hay que definir claramente las líneas divisorias entre los negocios y la política”, reclamó el líder de la Democracia Cristiana (DC), también de la Concertación, Renán Fuentealba. El diario La Nación titulaba “Gabinete de gerentes para Chile SA”.
La oposición lo criticó no sólo porque se llevó a un militante de la Concertación que renunció a la coalición para integrarlo, sino porque tampoco mantuvo los criterios de paridad de género que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet intentó contemplar. El nuevo gabinete tiene sólo seis mujeres y, según comparan algunos analistas en el diario chileno La Tercera, en su perfil más tecnócrata que político tiene una distribución similar a la que aplicó Augusto Pinochet.
El “mayor talón de Aquiles del nuevo gabinete es la falta de diversidad”, opinó en su columna de La Tercera el periodista Héctor Soto. Se refirió a que predomina “la pituquería” y si bien pueden integrar ese grupo técnicos con buena formación, lo “social del Chile profundo” está “quedando fuera”. Y llega el empresariado, que pareciera que en esta “era Piñera” tomará la política chilena por las astas.
Para variar el color del gabinete aparece en la lista de ministros el nombre de Jaime Ravinet, que pertenecía hace 49 años a la Democracia Cristiana (DC), partido integrado a la Coalición, al que renunció para asumir como ministro. El presidente de ese partido, Juan Carlos Latorre, el único que se mantuvo en su cargo desde la primera vuelta de las elecciones en diciembre, dijo a La Tercera que le disgustó a todo el sector la actitud de Ravinet y que lamentaba que “no haya tenido la fortaleza de anticiparles a sus [ahora] ex camaradas la decisión”.
El gabinete tiene un promedio de edad de casi 49 años. De los 22 ministros, 13 se definen empresarios o ingenieros comerciales -colaboradores y dirigentes de empresas-, y varios otros tienen acciones o intereses en instituciones privadas con fines de lucro.
La futura vocera de gobierno, Ena von Baer, que asumirá la Secretaría General de Gobierno, señaló al diario La Nación que los posibles conflictos de intereses que surjan por estos motivos “se van a ir resolviendo” con “claridad y transparencia” antes de la asunción del nuevo gobierno, el 11 de marzo.
Por su parte, Joaquín Lavín, que asumirá el Ministerio de Educación, señaló que se desprenderá de la privada Universidad del Desarrollo, que fundó en 1990, y de una participación en una inmobiliaria, para asumir una de las carteras “más trascendentes para Chile”, señaló a la radio Bío Bío. De lo que no puede desprenderse es de su pasado como funcionario del gobierno de Pinochet, para el que fue asesor de la Oficina de Planificación Nacional, además de hacer campaña por el “sí” que defendía la dictadura en el plebiscito de 1988.
Otro futuro ministro, Felipe Larraín, que asumirá en Hacienda, aseguró que se va a deshacer de todo interés económico y anunció: “[renunciaré] a todos mis directorios, a todas mis asesorías”.
Aun así, el actual ministro de Presidencia, Edgardo Riveros, señaló que frente al nuevo gabinete que asumirá el 11 de marzo “cobra especial importancia” el proyecto de ley del “fideicomiso ciego” para evitar “eventuales conflictos de intereses” por las actividades que desempeñan los futuros ministros, indicó el diario El Mercurio.
El proyecto de ley de “fideicomiso ciego” establece que los altos cargos -presidente, ministros, subsecretarios, senadores, diputados y consejeros del Banco Central- que tengan bienes por valor mayor a unos 20 millones de dólares deberán ceder su patrimonio a un tercero independiente para que lo gestione. Quien quede comprendido no tendrá acceso a esos bienes ni a información sobre cómo los gestiona el tercero, creando un “muro” entre la autoridad y su patrimonio, indica la definición en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional chileno.
Actualmente el proyecto está en la comisión de Constitución de la Cámara donde se deben revisar indicaciones del Ejecutivo cuando reanude el período legislativo en marzo y luego será promulgada.
Los medios chilenos también señalan la relación entre los futuros ministros y el fútbol: Felipe Larraín (Hacienda), Hernán de Solminihac (Obras Públicas) y Alfredo Moreno (Relaciones Exteriores) integran los directorios de la Universidad Católica, que junto con Colo-Colo -cuyo mayor accionista es el presidente electo, Sebastián Piñera-, son dos de los grandes del fútbol chileno junto a Universidad de Chile.
Además, Laurence Golborne Riveros (Minería) es el director del Audax Italiano, y Joaquín Lavín (Educación) es propietario de una empresa que es concesionaria del Santiago Wanderers. El círculo lo cierra Catalina Parot (Bienes Nacionales), que es una gran admiradora del Diego Maradona.
El ministro que aún no asumió y que ya recibió críticas por su gestión es el de Salud, Jaime Mañaliche, un cirujano que, según los sindicatos de salud pública, “no tiene ninguna ligazón con el sector público” porque por “muchos años” trabajó en clínicas privadas. Desde otro sindicato se advirtió que no permitirán al ministro que exija que el sistema público funcione “como empresas autónomas”.
También se percibieron “demasiadas sorpresas” en el gabinete de Piñera desde Perú, que mantiene con Chile una relación marcada por la demanda de Lima en la Corte Internacional de La Haya por la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, declaró a Radio Programas del Perú que “nadie hasta ayer [martes] había escuchado el nombre del señor Alfredo Moreno”, que asumirá la cartera de Relaciones Exteriores, y consideró que es “muy difícil” evaluar el nombramiento de un ingeniero industrial sin carrera diplomática ni política.