En Honduras “seguimos con extrema preocupación la sistemática persecución, desaparición temporal, tortura, violación y asesinato, que actualmente se dirige para causar terror en las personas”, denunció la semana pasada el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) a través de un comunicado.
El país centroamericano “sigue siendo víctima de una violenta represión generada por el golpe de Estado” que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio, aseguró el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer. “Continúan llegando noticias de asesinatos, torturas, persecuciones administrativas y desapariciones de miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado por parte de la Policía y de elementos paramilitares”, denunció en un comunicado recogido por la agencia de noticias Europa Press.
Entre los últimos crímenes atribuidos a la represión figura el asesinato a tiros del dirigente sindical Julio Benítez y el secuestro de Vaneza Zepeda, que fue encontrada muerta hace dos semanas. Ambos eran destacados activistas del Frente Nacional de Resistencia Popular, que desde el comienzo se opuso al golpe de Estado.
La directora del Centro para Justicia y Ley Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, denunció en declaraciones a la agencia de noticias EFE que “continúa la persecución política generalizada” y que el país “se ha tornado más represivo y menos democrático que lo que era antes del golpe”.
En un comunicado el centro denunció que en Honduras “hay fuerzas poderosas que se oponen a cualquier rendimiento de cuentas por el golpe y sus consecuencias”, señalando como ejemplos la ley de amnistía y la designación de Roberto Micheletti, ex presidente de facto, como legislador vitalicio.
Asimismo, Cejil señaló que el propio presidente hondureño no reconoce que hubo un golpe de Estado en su país -incluso en su momento resaltó: “Actuamos antes de que fuera tarde”, en referencia al derrocamiento de Zelaya-.
Eso no se dice
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, anunció que la Comisión de la Verdad comenzará a funcionar “a más tardar el 25 de febrero” -mañana-, pero también dijo que si se retrasa “no hay problema”. El ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein será el coordinador de la Comisión, cuyo objetivo será establecer lo ocurrido, antes, durante y después del golpe de Estado.
Stein dijo, en una de las primeras declaraciones después de su nombramiento, que no le parece correcto que el financiamiento de la Comisión recaiga sólo sobre Honduras considerando las dificultades económicas a raíz de la crisis política, y no descartó que la comunidad internacional colabore en este sentido.
La Comisión tendrá tres miembros internacionales y dos nacionales, informó Stein, que advirtió que los resultados se verán dentro de cuatro o seis meses. Para que éstos sean legítimos, hay cierto consenso en Honduras sobre que los miembros de la comisión no deben haber estado relacionados con los hechos que investigan ni deben haber emitido opiniones al respecto. En especial, se atiende a que no hayan denominado “golpe de Estado” a lo que ocurrió.
Incluso el jueves, a raíz de una denuncia de la Unión Cívica Democrática (UCD), un grupo civil autodefinido como “de presión”, que apoyó el golpe de Estado e incluso homenajeó a Micheletti, se rumoreó en la prensa hondureña que Stein sería retirado de la Comisión por haber opinado alguna vez sobre lo ocurrido en junio de una forma “incorrecta” e “inadecuada”, según los medios hondureños.
Stein sostuvo en declaraciones a la prensa hondureña que siempre defendió la legitimidad de las elecciones de noviembre de ese país, en especial porque contaron con una participación de votantes que fue la más alta de la historia hondureña, algo que sostiene el gobierno con datos que la oposición pone en duda. Según el diario El Heraldo -pro Micheletti-, Stein dijo que le resulta incomprensible que los gobiernos latinoamericanos no acepten como legítimos esos comicios.
Pero lo que denunció la UCD es que un comunicado fechado el 30 de junio del grupo Amigos de la Carta Democrática Interamericana (de la OEA), en el que figura la adhesión en internet de Stein, el guatemalteco califica los hechos del 28 de junio como un golpe de Estado y los rechaza. El coordinador de la Comisión también formó parte de una delegación del Centro Carter que visitó Honduras en agosto, que concluyó que la solución a la crisis era el regreso de Zelaya y que sin que se cumpliera con ese paso, esa institución no enviaría observadores a las elecciones hondureñas. Al final el Centro Carter cumplió con esta advertencia. Lobo confirmó el jueves que los integrantes nacionales de la Comisión serán la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, y el ex rector de la institución Jorge Omar Casco.
La UCD opina que Lobo desconoce el consenso nacional bajo el que debe conformarse la Comisión. Un representante de la UCD, Jimmy Daccarett, señaló al portal hondureño Proceso Digital que Lobo “está colocando a su gente como él quiere” y que algunos miembros “como personas no están calificados para integrar la comisión”. Además de criticar la designación de Stein, dijo que Castellanos es cercana a los grupos de resistencia. Agregó que “como lo hizo el señor Zelaya en su momento, lo está haciendo el señor ‘Pepe’ Lobo”, quien va “contra los intereses de la mayoría de los hondureños” con esos nombramientos.
Castellanos es socióloga y fue columnista de El Heraldo. Desde allí criticó a Zelaya mientras estuvo en su cargo de presidente. Llegó a calificarlo de “superficial” y a vaticinar que dejaría “un país con más problemas de cómo lo recibió”. Aun así, cuando los estudiantes de la UNAH se manifestaron pacíficamente en contra del golpe de Estado en la puerta de la institución y fueron reprimidos por la Policía, ella salió de su despacho a intentar calmar los ánimos. Terminó en el piso a causa del empujón que recibió de un oficial y amenazó con demandar a la Policía, cosa que nunca hizo.
También criticó al régimen de Micheletti, en noviembre, en declaraciones al diario chileno La Nación. “Otros de los altos costos que estamos pagando son la represión del movimiento social, la evidente debilidad de las instituciones para resolver crisis y el regreso del militarismo para arreglar las cosas al margen de la legalidad”, afirmó en ese momento. Castellanos fue muy cuestionada por el oficialismo recientemente por nombrar a dirigentes afines a Zelaya en cargos directivos de la UNAH, algunos de los cuales apoyaron la iniciativa de la “cuarta urna”, con la que el presidente derrocado quería consultar a la población sobre la posibilidad de permitir la reelección a futuros mandatarios.
En cuanto a los extranjeros, Lobo señaló que “personalidades” de México, Perú, Canadá y otros países son candidatas a integrar la Comisión de la Verdad, pero no quiso dar nombres. Mientras tanto, los integrantes confirmados y Lobo se reunieron con los miembros de las comisiones que firmaron el Acuerdo Tegucigalpa-San José y con otros grupos representantes de diversos sectores sociales en busca de un consenso para definir esos nombres extranjeros.
Limpio y transparente
El canciller hondureño, Mario Canahuati, dijo el sábado al diario hondureño El Tiempo que se restablecieron las relaciones “con 29 países de los 39 que tenemos con representación diplomática”. Los diez que restan son todos latinoamericanos: Brasil, Chile, México, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Canahuati afirmó que con estos países “hemos tenido una relación de amigos” y expresó su deseo de que después de la cumbre del Grupo de Río, que finalizó ayer, se puedan retomar las relaciones con algunos de ellos.
En el Grupo de Río se discute la formación de una nueva organización internacional que nuclee a los países latinoamericanos y caribeños, pero México, el anfitrión, no invitó a Honduras por estar suspendida de la OEA. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que sí estuvo presente, declaró a EFE que “es muy difícil aspirar a una mayor unidad entre la comunidad latinoamericana si se excluye a un país que recientemente eligió, en elecciones limpias y transparentes, a un presidente como Porfirio Lobo”. Lobo señaló que su exclusión de la cumbre es una falta de respeto al pueblo hondureño y no un castigo a él. “Más que ver la figura de un presidente, se trata de ver el derecho de un pueblo a que se respeten sus decisiones”, argumentó.
Mientras tanto, el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, intenta acercar a Honduras a la OEA y confía en que su regreso a esa organización ocurra “pronto”. Señaló el jueves, en rueda de prensa en Estados Unidos, que su objetivo es “facilitar al resto de Latinoamérica el restablecimiento de relaciones normales” con Honduras para lograr el reingreso a la OEA. Lobo anuló la denuncia que realizó el presidente de facto a la Carta Democrática de la OEA luego del golpe de Estado, con miras a reingresar a la organización. También comenzó a retirar la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra el gobierno de Brasil por permitir a Zelaya permanecer en su embajada.
La principal oposición a la reintegración del país centroamericano sigue siendo de los integrantes de la Alianza Bolivariana y del Mercosur. Estados Unidos es, junto con Canadá y Guatemala, uno de los países que están apoyando a Honduras para que pueda reintegrarse a la comunidad internacional. En este sentido, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Philip Crowley, afirmó que Lobo está dando “señales muy prometedoras” aunque faltan “pasos adicionales” para volver a la OEA, pero no especificó cuáles eran.
Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, señaló que Lobo sentó las bases para la vuelta a la OEA al establecer un gobierno de unidad y crear una comisión de la verdad, aunque ninguna de las dos iniciativas se realizó todavía.