Ascienden a 723 las víctimas fatales por el terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que azotó Chile el sábado, según los datos oficiales. Otras 19 personas continúan desaparecidas, 500 están heridas, se estiman en dos millones los damnificados, y en 1,5 millones las viviendas destruidas. Los rescatistas continúan trabajando para sacar a las víctimas atrapadas en los escombros en varios edificios de Concepción, la capital de Bío Bío, la tercera ciudad de Chile por su tamaño y la más afectada por el terremoto.
Ayer de mañana una nueva réplica de 6,2 grados en la escala de Richter volvió a sacudir Chile. El jefe del Departamento de Sismología de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, indicó que las réplicas, que ya superaron el centenar, se dejarán sentir “durante los próximos dos meses” pero “en la práctica instrumental” durarán más allá de un año, mientras las placas terrestres se acomodan luego del desplazamiento que generó el terremoto.
El gobierno chileno pidió oficialmente asistencia internacional y entregó una lista de prioridades entre las cuales figuran teléfonos satelitales, tiendas de campaña y ayuda hospitalaria, informó la Organización de Naciones Unidas (ONU). Desde la Unión Europea, que también recibió el pedido, según informó la alta representante el bloque para política exterior, Catherine Ashton, parte de esta ayuda ya llegó a Chile. El canciller Mariano Fernández afirmó que la coordinación fue determinante para recibir sólo lo necesario.
El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, que se reunió varias veces con la presidenta Michelle Bachelet para analizar la situación, dijo que ésta “es peor de lo que suponía” y que el terremoto impondrá cambios en el programa de su gobierno, que comienza el 11 de marzo, pero no los detalló. Sin embargo, Piñera visitó algunos colegios en Concepción y dio a conocer medidas relativas al comienzo de clases, informó el diario chileno La Nación. También anunció que 2% del presupuesto se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas aunque no especificó por cuánto tiempo o bajo qué condiciones.
Desde Concepción, la alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe, reiteró sus críticas a la gestión gubernamental ante el terremoto y dijo que “se perdieron 24 horas clave” y que le gustaría “que el ministro [del Interior, Edmundo] Pérez Yoma conteste por qué”. La alcaldesa de derecha opinó que los militares tardaron en salir a las calles y que los que se desplegaron son pocos.
La región de Bío Bío y la de Maule, las más afectadas por el terremoto, están desde ayer bajo estado de catástrofe o de excepción, que, según la Constitución chilena, dispone el presidente en caso de calamidad y puede darlo por terminado el Parlamento. Las zonas que se decretan en estado de catástrofe quedan bajo dependencia de un jefe militar designado por el presidente, que dirige y vigila su jurisdicción con reglas militares, informó el diario chileno La Tercera.
Además, se estableció el toque de queda en las mismas regiones, para contener los saqueos y otros actos de violencia, desde las 21.00 hasta las 6.00, horario en el que la autoridad puede restringir la libertad de circulación, de información, de reunión y de derecho de propiedad.
Durante ese horario, en la noche del domingo murió un hombre en la calle a causa de un disparo de procedencia desconocida y fueron detenidas 55 personas por violar el toque de queda. Se sumaron a otras 105 arrestadas durante los saqueos de ese día, informó el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, a la agencia de noticias EFE. En localidades cercanas, los pobladores denunciaron que durante la noche se escucharon disparos y tuvieron que permanecer en vela para cuidar sus casas, en lo que definieron como “una noche de terror”.
Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y un grupo importante de ingenieros y arquitectos investigarán las eventuales responsabilidades de las empresas constructoras al erigir los edificios que resultaron más dañados por el terremoto. El informe final será entregado al Ministerio Público. La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, afirmó: “Me atrevo a decir que pueden haber hasta responsabilidades criminales”; recalcó que “cuando no se respetó la norma, se puso en riesgo la vida de personas”, publicó el diario chileno El Mercurio.
Uno de los casos que está en la mira es el de un edificio en Concepción que terminó de construirse el año pasado y se derrumbó en su totalidad. El obispo católico Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, llamó a las constructoras a asumir su responsabilidad social y las criticó, asegurando que “por ganar unos pesos más” se llega a esta tragedia.