El 24 de febrero, España aprobó su ley de salud sexual y reproductiva, impulsada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español. Esta norma, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, contó con el respaldo de varios partidos de la oposición y con el rechazo del conservador Partido Popular y de los obispos españoles, que amenazaron con excomulgar a los legisladores que la votaron. Una de las personas que trabajaron en la elaboración de la ley fue Isabel Valldecabres, asesora de la ministra de Igualdad de España, Bibiana Aído.
Valldecabres conversó con la diaria acerca del proceso que recorrió la aprobación de la ley. Visitó Uruguay para dirigir un curso sobre el fenómeno de la trata de mujeres en diversos países, que dictó el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo.
Señaló que la nueva ley española suplantará otra norma, de 1985, que despenalizó el aborto en algunos casos, entre ellos por riesgos en la salud física o psíquica de la mujer. Esta causa, dijo, fue el motivo que se argumentó en la mayoría de los abortos realizados en el país. Pero la mujer comprendida en ese caso depende de que un diagnóstico médico la avale, no se le reconoce el derecho a decidir sobre su maternidad ni se le garantizará el acceso a este procedimiento en los centros de salud, añadió.
Valldecabres integró una comisión conformada por representantes de los ministerios de Sanidad, Justicia, Igualdad y varios expertos, que concluyó, al igual que una comisión legislativa, que era necesario cambiar la ley.
-¿Cómo fue el proceso de discusión de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo?
-En los últimos 20 años se debatió en el Parlamento sobre la necesidad de adaptar la ley a los tiempos, porque en Europa la mayoría de los países cuentan con una ley más avanzada en materia de aborto. Pero España, que había dado en los últimos años un gran salto en las leyes de contenido social, en especial las referidas a la mujer, curiosamente tenía normas muy atrasadas en este tema. La ley que estaba vigente se aprobó en 1985 y hubo un gobierno socialista hasta 1996. Al final de ese gobierno se presentó un nuevo proyecto de ley pero no hubo tiempo de aprobarlo en esa legislatura y al año siguiente asumió una administración de derecha, la del Partido Popular. Durante los ocho años que gobernó, no derogó la ley que existía, pero tampoco permitió más debates sobre esa cuestión, y en 2004 volvimos a tener un gobierno socialista y volvió a plantearse el tema. Se debatió en el Parlamento y surgió la necesidad de una nueva ley que regule el aborto, pero también otros temas de salud sexual y reproductiva. Una estrategia de salud, de educación, de acceso a anticonceptivos, que sirve, entre otras cosas, para prevenir los embarazos no deseados, que crecieron en nuestro país, en especial entre las mujeres jóvenes y las inmigrantes, y con ellos creció el número de abortos. En el Parlamento esta iniciativa tuvo un amplio respaldo. Sólo el Partido Popular se opuso al proyecto.
-Pero sí hubo protestas de grupos conservadores y de la Iglesia Católica.
-Sí, con mucho ruido, con manifestaciones en la calle promovidas por asociaciones que se hacen llamar “pro vida”. Nosotros rechazamos esa denominación porque a favor de la vida estamos todos. Los llamamos grupos anti elección. Y la Iglesia Católica se manifestó en las calles absolutamente en contra. Es algo muy sorprendente, porque mientras gobernó la derecha, la Iglesia jamás se manifestó en contra de la ley de aborto que ellos mantuvieron en vigor durante esos años, en los que creció incesantemente el número de abortos.
-¿Tuvo algún efecto la amenaza de los obispos españoles de excomulgar a quienes apoyaran la ley?
-Nos han excomulgado a todos. Yo no voté la ley en el Parlamento porque no soy diputada, pero la Iglesia ha dicho que están excomulgados absolutamente todos los que han votado la ley, todos los que han intervenido en este proceso, salvo una persona...
-El rey.
-El rey, que tiene que firmar la ley, para que entre en vigencia, pero a quien no van a excomulgar por razones obvias. Aunque no han dado razones. En todo caso, hemos recibido un apoyo muy importante de organizaciones de católicos y cristianos que están a favor del proyecto de ley, porque ésta no es una cuestión de religiones, como no es una cuestión de partidos. Hay mujeres de todas las ideologías que han abortado, y mujeres de todas las ideologías que no lo harían; y hay personas que apoyan el derecho de otras a decidir, y personas que no lo apoyan, en distintos partidos. Asociaciones como Católicos de Base o Católicas por el Derecho a Decidir nos han manifestado su adhesión inquebrantable. Eso ha desacreditado bastante la opinión oficial de la Iglesia en España. Las encuestas de opinión nos dan un respaldo incuestionable. El 80% de los españoles opina que tiene que haber una ley de aborto.
-¿Ningún legislador cambió su posición respecto de la ley por las presiones?
-La amenaza de la Iglesia fue tan contundente, cuando anunció que excomulgaría a todos aquellos representantes del pueblo que apoyan esta ley, que generó reacciones como la de la representante del Partido Nacionalista Vasco en el Senado, Miren Lore Leanizbarrutia, que se rebeló en contra de ese anuncio. Dijo que era intolerable, que se sentía católica, y que como católica podía obedecer a la Iglesia, pero que como representante del pueblo tenía que tomar una decisión política y una decisión legislativa, y que una cosa es el pecado y otra cosa son las leyes, que las hace el Parlamento.
-¿Qué opinión le merece el proceso de discusión de este tema en Uruguay, donde el veto presidencial impidió que se despenalizara el aborto?
-A mí me parece sorprendente. No puedo calificarlo de otra manera. Es evidente que ha sido una noticia en el mundo entero lo que aquí ha ocurrido, como lo fue en su momento que el rey Balduino de Bélgica abdicó durante 24 horas para no tener que sancionar la ley allá. El día en que se aprobó la ley en España, un periodista me preguntó: “¿Cuándo va a firmar el rey?”. Y yo le dije: “Cuando se lo diga el gobierno”. No me cabe la menor duda de que nuestro rey no recurriría a ninguna facultad extraña -y desconocida en España- como en aquel caso.
-En este proceso, en España, ¿influyó que existiera una institucionalidad en el tema, un ministerio como el de Igualdad?
-Sí, definitivamente. Ha sido un incesante camino desde hace 25 años por patrocinar políticas de igualdad en forma transversal en España. Primero le correspondió al Instituto de la Mujer. Después, en la pasada legislatura, se dio un paso más creando una viceministra para asuntos de Igualdad, y esta vez el presidente del gobierno ha decidido que las políticas de igualdad tienen que tener el máximo nivel político y administrativo en el gobierno, porque sólo con que una persona esté sentada en la mesa del Consejo de Ministros, donde cada semana se toman las decisiones que afectan a la política de nuestro país, y con su voz y con su impulso, es posible garantizar que todos los departamentos ministeriales respeten las políticas de igualdad. Por supuesto que todos están comprometidos con este tema, pero nosotros, como Ministerio de Igualdad, también revisamos sus proyectos y así hemos corregido cosas, porque nos corresponde la máxima responsabilidad. A este ministerio se le encomendó precisamente impulsar el debate para la modificación de nuestra legislación y así lo ha hecho.
-¿La nueva ley puede correr riesgo si el gobierno cambia de signo político, si gana las elecciones el Partido Popular?
-En todo caso, en nuestra experiencia, sabemos que cuando los gobiernos de izquierda en nuestro país aprueban leyes progresistas la derecha no las deroga si llega al poder. Y menos si, como pensamos, esta ley va a lograr avances positivos, como una disminución del número de abortos. Cuando nos pusimos a estudiar el panorama de las legislaciones sobre interrupción voluntaria del embarazo, nos dimos cuenta de que el país que tiene la legislación más liberal de toda Europa, que es Holanda, tiene una ley de aborto con un plazo de 24 semanas en el que la mujer puede decidir interrumpir su embarazo sin necesidad de alegar nada. Desde que aprobó esa ley, y planteó junto con ella una estrategia de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados, como vamos a hacer nosotros, Holanda es el país del mundo que tiene la tasa de abortos más baja. No es cierto lo que dice la derecha, que se va a disparar el número de abortos al despenalizarlos. Las mujeres no queremos tener embarazos no deseados. Una mujer no aborta por capricho.