Los asesinatos de tres civiles y un policía en una emboscada, en una zona rural de Paraguay, hicieron que el gobierno de Fernando Lugo decidiera imponer el estado de excepción en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Villa Presidente Hayes. En esa zona del norte del país opera el EPP, un grupo armado al que las autoridades responsabilizan por esas muertes y por el secuestro extorsivo de dos empresarios ganaderos en los últimos dos años. Para combatirlo el gobierno desplegó ayer unos 1.000 soldados y policías.
“El estado de excepción solamente va a ser utilizado para darle un amparo legal a la actuación de los militares”, aseguró el ministro del Interior, Rafael Filizzola. “Y nada más que eso”, insistió. Pero la ley que dispone este estado de excepción, aprobada por el Parlamento, habilita al Ejecutivo a disponer allanamientos, detenciones y traslados sin orden judicial en todo el país, y a los militares a utilizar armas de guerra. Varias organizaciones sociales manifestaron su rechazo a esta medida y su temor a que en ese marco las fuerzas públicas cometan abusos contra los ciudadanos. Dos asociaciones de trabajadores rurales -el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurã y la Federación Nacional Campesina- y una central sindical, la Corriente Sindical Clasista, anunciaron que continuarán con las movilizaciones que tenían previstas, sin respetar el estado de excepción, que incluye la posibilidad de toques de queda.
El Frente Social y Popular, que reúne a varias organizaciones sociales que respaldan al gobierno de Lugo, pidió al presidente que prevenga esas situaciones. Tras reunirse con el mandatario, el dirigente Luis Aguayo dijo que los campesinos nucleados en el Frente consideran esta medida propia de la “derecha golpista”, indicó el diario paraguayo La Nación. Los movimientos sociales rechazan este régimen porque recuerda a otros similares impuestos para reprimir a la población por la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió desde 1954 hasta 1989. Pero también cuestionan que el actual estado de excepción ni siquiera fue el que propuso el gobierno de Lugo, sino el que votó la oposición de derecha que es mayoría en el Parlamento.
Los legisladores establecieron esta medida por 30 días, la mitad del tiempo que Lugo había pedido. Pero además, informó BBC, para obtener esta ley, el presidente tuvo que ceder y aceptar que sean los militares y no los policías quienes dirijan los operativos contra el EPP.
“Con los medios legales ordinarios puede manejarse esta situación”, dijo a la agencia de noticias EFE la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Roxana Coronel, quien también participó en la reunión con el mandatario.
El gobierno convocó a los movimientos sociales para darles garantías de que el estado de excepción no afectaría la vigencia de los derechos humanos y en ese encuentro el presidente insistió en que se dispuso el estado de excepción para “permitir la participación de las fuerzas militares en tareas armadas”. Sin esa declaración de excepción, la Constitución impedía a los militares participar en operativos de seguridad interna. “Brindamos la más absoluta garantía, el máximo esfuerzo para resguardar a las personas de cualquier exceso que suponga una atentado contra los derechos humanos”, aseguró Lugo.
Pero el abogado de la Codehupy, Juan Martens, declaró que durante la reunión, el ministro del Interior, Filizzola, reconoció que “no puede garantizar que no haya abusos de la Policía, que fue formada en otras épocas”.
Un hombre Franco
En medio de las tensiones con aliados políticos y con el EPP, el gobierno paraguayo tuvo que enfrentar también otro episodio del conflicto entre Lugo y su vicepresidente. Federico Franco declaró en un programa de televisión, la noche del domingo, que la captura de los integrantes del EPP no es el principal objetivo del estado de excepción y que por denunciar esto su vida corre peligro, “más que nunca”, informaron La Nación y la agencia de noticias EFE. Franco dijo que se enteró de esto en una “reunión privada” en la que participaron el presidente Lugo, todos los ministros de su gabinete, sus viceministros y altos mandos militares.
Lugo dijo ayer que es “absolutamente falso” lo que denunció su vice, y reiteró en conferencia de prensa que “el objetivo es el de capturar a los miembros del EPP, que han cometido una serie de crímenes horrendos”. Respecto de los temores de Franco por su vida, el mandatario añadió que el Ministerio del Interior evalúa tomar medidas para reforzar su seguridad.
En respuesta, Franco reafirmó sus dichos y ofreció someterse a “cuanto polígrafo existe en el país y en el mundo” para que se verifique que dijo la verdad. El legislador oficialista Sixto Pereira llamó ayer al vicepresidente a “dar un paso al costado, si es que no confía en el gobierno”, y consideró que Franco es “un gran irresponsable” al hacer esas afirmaciones.
La oposición ha acusado a Lugo de no querer combatir al EPP y de simpatizar con esta guerrilla de izquierda, a tal punto que el presidente ha tenido que salir a aclarar que el fenómeno no llegó con su gobierno, y que el grupo armado existe desde antes de que, en agosto de 2008, él asumiera la presidencia.
El EPP es una facción escindida del Partido Patria Libre, de izquierda, que nunca llegó a tener representación parlamentaria. Se estima que está integrado por unos cien miembros -aunque algunos sostienen que son menos- y que mantiene vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Cuando el año pasado el EPP secuestró al ganadero Fidel Zavala, el caso llevó a otro empresario rural a proponer formar grupos paramilitares para protegerse, y a la oposición a hablar incluso de someter a Lugo a juicio político por no actuar con mayor energía contra el EPP. En cambio, los militantes por la vigencia de los derechos humanos reunidos en la Codehupy restaron importancia al poder que se le atribuye al EPP y manifestaron en un comunicado que “afirmar que un grupo armado de aproximadamente diez personas produce conmoción interior y justifica el estado de excepción es reconocer la incapacidad de los órganos de seguridad”.