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Un grupo de embarcaciones argentinas participa en una protesta en el río Uruguay frente a la planta de la pastera UPM (ex Botnia), el domingo 25 de abril.

Foto: EFE, Iván Franco

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Uruguay y Argentina no lograron consenso en la CARU, que sesionaría nuevamente esta semana.

La sesión extraordinaria de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), convocada para analizar los proyectos de monitoreo ambiental de la planta de UPM (ex Botnia), seguía en pie pasadas las 22.00, tras casi doce horas de deliberaciones. Aunque la delegación argentina “moderó” su propuesta, ayer se consideraba “muy difícil” la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

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No es fácil

La relación bilateral entre Argentina y Uruguay sumó otro escollo, luego de que la semana pasada el gobierno argentino dispuso no otorgar permisos de exportación a los barcos que, camino a Brasil, deban realizar escala en el puerto de Montevideo, según informó El Observador. Fuentes de la Cancillería confirmaron que el gobierno uruguayo ya dirigió una queja formal el viernes a la embajada de Argentina en Uruguay, y que la embajada uruguaya en el país vecino también “transmitió el malestar” al gobierno del país vecino por esa resolución. Según las fuentes, la medida no tiene sustento legal y sólo se concebiría en un contexto de enfrentamiento entre ambos países.

Desde las 11.00 el plenario de la CARU discutió las propuestas uruguaya y argentina para monitorear el desempeño de UPM y sus efectos sobre el río Uruguay. El 7 de mayo en ese mismo ámbito se había dado entrada a los proyectos de cada uno de los países, que diferían sustancialmente en los objetivos. Mientras que la iniciativa argentina planteaba analizar los efectos en el agua, aire y tierra de la gestión de la planta de celulosa, incluso monitoreando el funcionamiento desde dentro de la empresa, la uruguaya se limitaba a controlar la calidad de las aguas del río Uruguay, en el marco de las competencias de la CARU, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y los acuerdos entre los presidentes de ambos países, según explicaron a la diaria autoridades de la CARU.

Durante el encuentro matutino cada uno de los grupos explicitó sus propuestas de monitoreo para luego pasar a un cuarto intermedio que concluyó a las 16.00. A partir de ese momento el plenario buscó que la negociación desembocara en una alternativa común. Integrantes de la comisión informaron a la diaria que la delegación argentina moderó su propuesta, eliminando el monitoreo permanente dentro de la planta, pero que de todas formas no se creía que se pudiera llegar a un consenso en el día de ayer, algo que hasta el cierre de esta edición no se había conseguido.

El tema requerirá nuevas sesiones plenarias de la CARU, que tendrá que sellar un plan consensuado de monitoreo antes de la reunión bilateral entre José Mujica y Cristina Fernández, prevista para el 4 de junio en la estancia Anchorena. Incluso los delegados no descartan que el plenario se reúna esta misma semana nuevamente de forma extraordinaria.

Todo ayuda

Del otro lado del río, al otro día de que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú resolvió continuar con el corte de la ruta 136, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, envió una carta a los asambleístas pidiéndoles que levanten el piquete. “Si las Madres de Plaza de Mayo pudieron hacer de su lucha de más de 30 años una presencia simbólica nacional e internacional a favor de los derechos humanos y la justicia que ha resultado efectiva en materia de condenas en todo el mundo, la lucha contra UPM [ex Botnia] debería encontrar también una presencia constante, omnipresente desde lo simbólico y con un método que no perjudique a ningún argentino, ni a ningún uruguayo ni a la hermandad entre nuestros países”, reza a su inicio la carta del gobernador, que siempre mantuvo su oposición a la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos.

En la misiva, Uribarri llama a los asambleístas a que “escuchen el reclamo silencioso de todo el país para que se termine con el corte de la ruta internacional” y para que se encuentre un modo “más efectivo y menos perjudicial para seguir en esta incansable pelea a favor del cuidado ambiental”. El gobernador afirma que la Asamblea de Gualeguaychú “no debe renunciar al mérito que le reconoce toda la sociedad argentina de haber generado con su lucha un antes y un después”, pero agrega que “debe comprender que mantener el corte es algo que se le está volviendo en contra de sí misma, en contra de los argentinos, en contra de sus conciudadanos y, lo que es peor, en contra de la causa”.

Asimismo, se compromete como gobernador a “encarrilar los modos actuales” de la lucha diplomática y de control, y a “apoyar decididamente con los medios necesarios aquellos métodos pacíficos que contribuyan constructivamente a la causa ambiental”.

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