Durante la mañana, el ministro de Justicia, Julio Alak, había afirmado que en el correr de ayer se cumpliría con la orden judicial dictada por el juez federal de Concepción del Uruguay, a la cual consideró “expresa, clara y contundente”. Estos anuncios generaron estado de “alarma” entre los miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que se preparaban para esperar la llegada de la Gendarmería argentina con la notificación del fallo y para mantener el bloqueo de la ruta.
Sobre la tardecita, y luego de varias horas de reunión con la presidenta Cristina Fernández, con el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, y con el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, Alak acompañó al jefe de Gabinete en una conferencia de prensa para anunciar que hasta el momento “no hemos tenido una decisión judicial contundente” y que al ser una definición elíptica “se ha convertido de imposible cumplimiento, porque cuando se dicen cosas globales las conclusiones siguen siendo globales”.
En lugar de notificar a quienes ya han dado, según Fernández, “una expresión contundente de que no van a cumplir con el fallo, de que no van a acatar ninguna de las decisiones de la Justicia”, y tras haber desistido de reprimir con fuerzas de seguridad, el gobierno de la vecina orilla resolvió convertirse en querellante en la causa y presentar denuncias penales y civiles “con nombre y apellido”. Según informó Fernández, el procurador del Tesoro de la Nación radicó las demandas ayer, en el correr del día, contra “aquellos que con su conducta han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos como entorpecimiento del normal procedimiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación, atentados al orden constitucional en vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento”.
La denuncia civil es contra “los mismos responsables” por acusaciones como “cierre de centenares de negocios, pérdida de trabajo del transporte y del turismo, pérdida de exportaciones e importaciones, de conclusiones que han impactado duramente en los pueblos aledaños, de imposibilidades de movimientos de productos argentinos colocados en el Uruguay, de la compra eventualmente de productos uruguayos necesitados por los argentinos”.
El jefe de Gabinete argentino afirmó ayer en la conferencia que el Poder Ejecutivo esperaba que el fallo de La Haya fuera “el punto de inflexión”, pero en cambio dijo: “Vemos que en quienes han sido ocupantes del puente, quienes han tenido actitudes radicalizadas y a veces violentas siguen con una situación más o menos igual”, lo que constituye, para Fernández, “un claro alzamiento contra una decisión internacional aceptada por el gobierno de la nación”. Fernández recordó que el gobierno considera “imperioso recuperar las relaciones con Uruguay” y afirmó también que su interés es “cumplir con la política ambiental”. Aunque admite que el fallo de la CIJ de La Haya “no reconoce que haya habido contaminación específicamente en la planta de Botnia [hoy UPM], hay que abocarse a la tarea de monitoreo” del río Uruguay.
Fernández fue clara al decir que el corte de ruta “impide” encarar el monitoreo con Uruguay y que así, respecto a la eventual contaminación que denuncia la asamblea, “estamos lejos de darles soluciones”. “Si tuvieran razón, nosotros no tenemos forma de monitorear y trabajar en conjunto con Uruguay, porque la actitud contumaz de no permitir el libre tránsito en el cruce a Uruguay lo hace imposible”, finalizó, deseando -de forma elíptica- “concluir en algún momento, el más corto posible, con la liberación del puente”. En Uruguay, el canciller Luis Almagro prefirió esperar antes de adelantar una opinión sobre el accionar del gobierno argentino.
Luego de pasar la noche en el paraje de Arroyo Verde, donde se ubica el corte de ruta, los asambleístas recibieron la noticia de la denuncia en su contra con “indignación” y “bronca”, según transmitían los canales argentinos. Uno de los dirigentes de la Asamblea, Martín Alazard, opinó que los presidentes de Uruguay y Argentina “negociaron el corte por el voto de la Unasur [Unión de Naciones Suramericanas], el dragado del río, el tren binacional entre Concordia y Salto y otras cuestiones”. Alazard declaró a radio Máxima de Gualeguaychú que en las afirmaciones Fernández “desconoce que el corte no forma parte del fallo de La Haya; desconoce lo que ha dicho el canciller Jorge Taiana sobre la situación ilegal y contaminante de Botnia..., lo que ha dicho Fernández no tiene nombre, y no mencionar el monitoreo dentro de la planta es una trampa”. Sobre las 21.00, la asamblea reunida en Arroyo Verde comenzaba una reunión para analizar la medida y los pasos a seguir.