A un año del golpe de Estado en Honduras, el clima al interior del país todavía está marcado por la inseguridad y la persecución. El presidente derrocado el 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, continúa exiliado, mientras que en su país las fuerzas sociales mantienen sus reclamos de democracia plena y de una salida política a la crisis, al tiempo que denuncian que la represión continúa.
Zelaya, que reside en República Dominicana invitado por el presidente de ese país, Leonel Fernández, habló brevemente con la diaria sobre el golpe de Estado y sobre el futuro político de Honduras. Lo hizo en una reunión de la Internacional de la Educación, una federación mundial de sindicatos de la educación que representa a más de 30 millones de trabajadores en todo el mundo, con presencia en 18 países de América Latina. Allí fue ovacionado y se lo postuló a un premio mundial de defensa de los derechos humanos, que otorgará esa federación en su congreso cuatrienal en 2011.
Zelaya había llegado al poder tres años antes del golpe, cuando ganó las elecciones con el Partido Liberal. A mitad de su mandato, anunció el ingreso de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), el bloque liderado por Hugo Chávez, al tiempo que su gobierno impulsaba políticas para promover la igualdad social.
El mandatario derrocado insistió en responsabilizar al gobierno de Estados Unidos, que a su entender “está obstaculizando el acuerdo político” en Honduras. “El golpe de Estado es una respuesta violenta abrupta del Comando Sur de Estados Unidos, que se asoció con subsidiarias de las trasnacionales norteamericanas en Honduras para planificar, ejecutar y darle este zarpazo a la democracia, con el fin de detener procesos pacíficos que nosotros democráticamente estábamos impulsando” dijo Zelaya a la diaria.
“El gobierno que mejores indicadores de desarrollo ha tenido en los últimos 40 años de Honduras fue el nuestro” agregó. “Recibí el país con un crecimiento del 3% y lo llevé al 7%. Reduje, como nunca antes, en un 10% la pobreza en el país en un año”.
Explicó que la evidencia de las razones del golpe se pusieron de manifiesto con las medidas que adoptó el gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti, que revirtió la alianza de Honduras con el Alba; cambió las políticas monetarias; anuló la ley de participación ciudadana por la cual las personas pueden pedir al Estado ser consultadas al tomar una determinada decisión. “Dieron el golpe de Estado para paralizar ese proceso pacífico, lento y progresivo de cambio que tienen los países en el derecho de reclamar por su futuro”, dijo Zelaya.
Semanas atrás, el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo -surgido de unas elecciones que la mayoría de la comunidad internacional no reconoció-, denunció que existen iniciativas de golpe de Estado en su contra, sin dar mayor información. Zelaya dijo que no toma en serio esas denuncias. “Creo que es un discurso nada más”, declaró. “Las palabras debe convertirlas en hechos y si hubiera realmente una amenaza seria, debe dar los nombres [de los golpistas] e investigarse inmediatamente”. Zelaya, respaldado por el movimiento de resistencia al golpe, que se mantiene activo en Honduras, dijo que no pretende ser candidato a la presidencia otra vez. “Yo creo que hice todo lo que tenía que hacer, arriesgué hasta mi vida y mi familia por una causa y quiero seguir luchando por esa causa, pero no desde el punto de vista de ser candidato sino mediante al apoyo” a otro dirigente que se postule.
Tanto para las organizaciones sociales que lo respaldan como para el propio Zelaya, la única solución al conflicto hondureño es la consulta al pueblo para realizar una asamblea “constituyente”, lo cual no parece estar cerca en el horizonte político.