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Público en las barras del Palacio Legislativo durante la sesión de la Asamblea General en que se votó la designación de las nuevas autoridades de los organismos de contralor.

Foto: Nicolás Celaya

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Ayer se renovaron las autoridades de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas que permanecían desde el segundo gobierno de Sanguinetti.

Luego de varios intentos frustrados y tres períodos de gobierno, los partidos políticos lograron ayer renovar los miembros de la Corte Electoral (CE) y el Tribunal de Cuentas (TCR), que se mantenían prácticamente incambiados desde hace más de 14 años. La jornada de ayer fue calificada como “histórica” por el vicepresidente, Danilo Astori, cuando la Asamblea General votó por unanimidad a los nuevos integrantes, que asumen con el compromiso de volverse a renovar, esta vez sí, en cinco años.

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El nuevo mapa determina que los partidos tradicionales pierden su mayoría (siete a dos en la CE y cinco a dos en el TCR) con una fórmula por la cual ni el oficialismo ni la oposición tendrán mayoría por sí solos para adoptar resoluciones. A esta situación se llegó en el marco del acuerdo político, que consistió en nombrar como presidentes de ambas instituciones a figuras independientes a nivel partidario, y con reconocida trayectoria profesional.

Ronald Herbert, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, estará al frente del contralor electoral en sustitución de Carlos Urruty (Partido Colorado), quien con 82 años de edad llevaba 64 de trabajo en esa dependencia, a la que comenzó a presidir hace 13. Sigbert Rippe encabezará el TCR, tomando la posta de Guillermo Ramírez (PC), quien con 81 años de edad hacía 18 que era ministro y al igual que Urruty ostentaba 13 como presidente.

El recambio supone novedades para los órganos de contralor en materia de género. La CE tendrá por primera vez una ministra como titular, y en este caso dos: Margarita Reyes (neutral nombrada por Unidad Nacional, Partido Nacional), que fue secretaria letrada de la CE, y la ex diputada Sandra Etcheverry (Alianza Nacional, PN), que fue diez años funcionaria del organismo. El único antecedente de una mujer en la CE era la ministra suplente Adela Reta.

En el TCR la escribana Beatriz Pereira (Frente Amplio) ya había sido ministra titular, y tras las nuevas designaciones asumen como ministras Diana Marcos (Vertiente Artiguista, FA), ex coordinadora general de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la contadora Beatriz Martínez (Unidad Nacional, PN), que asumirá el viernes tras dejar su cargo al frente de la Intendencia de San José.

En materia de edades, no habrá grandes cambios en la CE. Los jerarcas salientes tienen entre 60 y 82 años, mientras que los entrantes entre 42 y 80. En el TCR la situación varía levemente: el ministro saliente Ariel Álvarez (Frente Amplio) y el presidente superan los 80 años, mientras que otros ministros tenían entre 55 y 60 años. Los nuevos tienen entre 53 y 65 años.

Además de Herbert, Reyes y Etcheverry, en la CE figuran como ministros neutrales Wilfredo Penco y Washington Salvo (ambos se mantienen nombrados por el FA) y Gustavo Silveira (designado por Propuesta Batllista, PC). Los representantes partidarios son Walter Pesqueira (Partido Socialista, FA), suplente de Penco en este último período, Germán Lezama (VA, FA) y el ex senador colorado Alberto Brause (Vamos Uruguay). En el TCR, además de Rippe, Marcos y Martínez, asumieron el ex presidente de AFE León Lev (Alianza Progresista, FA), el ex senador Ruperto Long (AN, PN), Álvaro Ezcurra (VU, PC) y continúa Óscar Grecco en representación del FA.

¿Sólo caras nuevas?

Al celebrar el recambio, Astori destacó que la renovación “les inyectará fortalecimiento y vitalidad” a las gestiones de los organismos. En particular sobre el TCR, Astori dijo que es una “tarea pendiente” de todo el sistema político “trabajar para darles más trascendencia a sus dictámenes”. Con la experiencia de catorce años en ese organismo, Ariel Álvarez consideró “lamentable que ante miles y miles de observaciones que se hacen, algunas bien y otras no tan bien -con contenido político a través de las resoluciones de los organismos-, el organismo observado reitera el gasto, la observación pasa a la Asamblea General y mueren ahí”.

Para fortalecer el peso jurídico del TCR, Lev señaló que lo primero es “establecer con claridad cuál es la calidad y el nivel de las observaciones”, además de jerarquizarlas “de manera que las realmente importantes sean tratadas de esa forma”. Lev se mostró confiado en establecer un “diálogo fluido con el Parlamento para estudiar las mejores soluciones”.

En la CE los ministros tuvieron hoy su primera sesión, en la que acordaron formar con carácter urgente la comisión de presupuesto, para establecer los recursos que se pedirán al Poder Ejecutivo para el quinquenio. Entre sus prioridades, Etcheverry señaló el objetivo de “modernizar la corte, darles mucha importancia a los avances informáticos y, por otro lado, al diálogo con los funcionarios y la capacitación”.

Bienvenidos

Los funcionarios de ambos organismos ven con buenos ojos lo ocurrido ayer. Ruben Cardozo, de la directiva de la Asociación de Funcionarios del TCR, dijo a nivel personal que espera que además de los nombres, “la gestión sea diferente, por ejemplo, introduciendo los concursos de oposición y méritos para los ascensos”. Además, señaló que la administración saliente tuvo “muy mala relación con el gremio” y nunca estableció “ámbitos de discusión”. Destacó, en cambio, que aun antes de asumir, Rippe mantuvo un encuentro con la directiva en la sede de la asociación.

Lía Vinci, presidenta del sindicato de funcionarios de la CE, dijo que el gremio “apuesta al cambio, que queremos que sea de 180 grados”. En particular, planteó su interés por saber qué actitud va a tomar esta corte sobre dos pedidos al Ejecutivo resueltos el 30 de junio: el ingreso de cien funcionarios y más recursos para “mantener el beneficio salarial que tienen los secretarios de los ministros que se van y pasan a ser funcionarios comunes”. En particular, los trabajadores expresaron malestar por la designación de Pesqueira, a quien acusan de persecución sindical.

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