Entró en vigencia hoy la nueva Ley de Hidrocarburos ecuatoriana, luego de que transcurrieran 30 días desde que fuera propuesta a la Asamblea Nacional sin que los legisladores la rechazaran o la aprobaran.
La reforma, propuesta por el gobierno del presidente Rafael Correa, establece que en los nuevos contratos de las petroleras privadas con el Estado esas compañías dejarán de ser socias y pasarán a ser “prestadoras de servicios”. En este régimen, el Estado pagará una tarifa a la compañía por los barriles de petróleo extraídos. La nueva ley también permite la nacionalización de campos de petroleras privadas si éstas no cumplen con las nuevas normas.
Ecuador produce 472.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales 44% es extraído por empresas privadas, entre ellas, la brasileña Petrobras. El crudo es el principal producto de exportación del país y con los ingresos por su venta se financia casi 25% del Presupuesto General del Estado, informó la agencia de noticias EFE.
La reforma legal crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y la Secretaría de Hidrocarburos, que serán encargadas de regular la actividad petrolera y firmar los contratos de exploración y producción con privados, lo que hasta ahora hacía la petrolera pública Petroecuador.
A partir de hoy regirá un nuevo marco legal para todas las petroleras que quieran prestar servicios, lo que hasta ahora se negociaba caso por caso. Se incluirá, según establece la ley, que el Estado disponga de 25% de los ingresos brutos de la extracción de petróleo, informó la agencia de noticias Reuters.
Representantes del gobierno señalaron que la intención es renegociar los contratos vigentes con las nuevas condiciones. En caso de que no se acepten, se procedería a liquidar esos acuerdos con los “pagos justos” correspondientes. Estaba previsto que estas conversaciones se iniciaran hoy y duraran 120 días con las empresas grandes y 180 con las chicas, según había anunciado el secretario jurídico de Presidencia, Alexis Mera.
Con la reforma “la totalidad de la producción petrolera será de propiedad del Estado”, explicó el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, mientras que su homólogo de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, aseguraba: “El petróleo es nuestro y con esta refoma legal es más nuestro que nunca”.
El presidente Correa fue más tajante: “Con esta ley, [a cada] petrolera que no cumple con las políticas del Estado se le nacionaliza el campo, y se me van del país, señores. Me dan mejores instrumentos para la nacionalización”.
La oposición anunció ayer que presentaría un proyecto para derogar la reforma porque considera que aleja inversiones privadas, y que no tuvo su curso normal en la Asamblea Nacional. La reforma fue presentada a la Asamblea como un “proyecto económico urgente”, que según la ley debe ser tratado en 30 días, pasados los cuales entra en vigencia si los legisladores no lo aprueban ni reforman. La Asamblea, de mayoría oficialista, demoró el trámite impidiendo el quórum hasta el último intento, el domingo, para que la ley fuera promulgada sin inconvenientes.
La sesión del domingo de noche fue un intento casi desesperado de la oposición para evitar la promulgación de la reforma. Otros tres proyectos considerados importantes por el Ejecutivo continúan trabados en la Asamblea, según el presidente Correa, por “maniobras opositoras”: la Ley de Comunicación, la Ley de Educación Terciaria y la de Recursos Hídricos.
Algunos legisladores opositores sostienen que los trámites legislativos están trancados por falta de organización. Lo atribuyen a que las comisiones se encierran en su postura acerca de los proyectos sin respetar el debate y a una mala gestión del presidente de la Asamblea, el oficialista Fernando Cordero.
Correa aseguró que “si la Asamblea Nacional continúa bloqueada por maniobras inescrupulosas” se hará un “llamado a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período, es decir, la llamada muerte cruzada estipulada en la Constitución precisamente para evitar este bloqueo”.