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Gabinete resuelve hoy recursos disponibles para las prioridades programáticas.

El Consejo de Ministros tendrá hoy a partir de las 10.00 una sesión “clave” en la estancia de Anchorena para continuar la confección del presupuesto quinquenal y resolver los grandes lineamientos a los cuales se destinará el incremento del espacio fiscal. El presupuesto, que debe ingresar al Parlamento el 31 de agosto, se estructura en torno a 17 áreas programáticas transversales a todos los ministerios e incluirá indicadores de gestión para mejorar la evaluación de las políticas públicas.

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Aquí están

Las áreas definidas son las siguientes: administración de justicia; asuntos legislativos; ciencia, tecnología e innovación; control y transparencia; cultura y deporte; defensa nacional; desarrollo productivo; educación; infraestructura, transporte y comunicaciones; medio ambiente y recursos naturales; protección y seguridad social; registros e información oficial; salud; seguridad pública; servicios públicos generales; trabajo y empleo, y vivienda.

La reunión será una especie de “minicónclave” para avanzar en la definición de la ley que otorgará los recursos y fijará las metas para el quinquenio. Concurrirán todos los secretarios de Estado con un asesor cada uno y en caso de que sea necesario permanecerán en la estancia hasta el sábado. “Con todo sobre la mesa vamos a resolver los grandes lineamientos del incremento del espacio fiscal, en una resolución colectiva”, destacó el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, también reafirmó que la de hoy es una “reunión clave”. En función de las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de entre 20% y 25% para el período, el aumento de la inflación y el tipo de cambio, y tomando como “línea de base” la ejecución presupuestal de la anterior administración, el saldo restante, conocido como espacio fiscal, se asignará a las prioridades marcadas por el gobierno.

Destinar 4,5% del PIB a la educación implicará cerca de mil millones de dólares, según indicó Frugoni, y el resto se invertirá, por un lado, en el objetivo de bajar los índices de pobreza e indigencia, inversiones en infraestructura, seguridad pública y vivienda, y por otro, a corregir las inequidades salariales existentes en la administración central y al proceso de fortalecimiento institucional del Estado.

En este último bloque se incluyen las experiencias piloto en los ministerios de Industria, Energía y Minería, Salud Pública y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en los que equipos especializados estudiarán la implementación del nuevo estatuto del servidor público y la nueva carrera administrativa y las readecuaciones salariales que esto implique.

Parte al medio

Este proyecto de ley incluirá varios cambios metodológicos que, según Frugoni, implican cambios en el proceso de las definiciones presupuestales. La estructura se dividirá, según el Sistema de Planificación y Evaluación de la OPP, en 17 áreas programáticas. (Ver recuadro.)

De cada área se desprenden programas y de ellos los proyectos a ejecutar por los ministerios. La estructura en áreas programáticas permitirá, según explicó Cánepa, la transversalización del presupuesto, ya que muchos de los programas son interdependientes de varias carteras. “El área pobreza, por ejemplo, no responde sólo al Ministerio de Desarrollo Social, sino que intervienen otros programas en coordinación con otros ministerios, y esto permitirá saber cuánto está gastando el Estado en las distintas políticas en la lucha contra la pobreza”, ejemplificó. A su vez, y motivado por este mecanismo, “se obliga a la coordinación de los ministerios, ya que hoy la coordinación es una decisión política”, resaltó. Según Cánepa, esto “dará mayor claridad en la aplicación de las políticas públicas y permitirá romper las chacras desde el punto de vista presupuestal”.

El otro elemento en el que está trabajando la OPP, y para el que se convocará a una consultoría externa, es la construcción de indicadores de gestión, que servirán para medir el impacto de las políticas públicas en cada rendición de cuentas.

Frugoni aclaró que no todos los indicadores se incluirán en el proyecto de ley de presupuesto y agregó que se irán agregando anualmente en cada rendición. “Si después de determinado tiempo se advierte que cierta política no genera el impacto esperado, no hay problema en modificar las políticas, pero esto debe hacerse en función de datos objetivos”, aseguró Cánepa.

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