El presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo el lunes que en su última visita a Colombia, el 6 y 7 de agosto, acordó con su homólogo Juan Manuel Santos “mantener una colaboración para terminar con los vínculos entre los terroristas colombianos” y los mapuches. Sin embargo, hasta ahora, Piñera no se pronunció sobre la huelga de hambre que mantienen hace casi 40 días los 32 presos mapuches que reclaman que deje de aplicarse contra ellos la Ley Antiterrorista, promulgada en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Al gobierno chileno se le ha reprochado su actitud ante esta huelga de hambre, sobre todo porque antes criticó con dureza la postura del gobierno de Cuba ante medidas similares que mantuvieron disidentes en ese país. La administración Piñera se involucró con ese tema hasta lograr que uno de los disidentes cubanos excarcelados viajara a Chile. “No es lógico que el gobierno sólo esté pendiente de lo que pasa con los presos de Cuba, haciendo la vista gorda frente a lo que está pasando en nuestro país”, aseguró el senador del Movimiento Amplio Social (MAS) Alejandro Navarro. El coordinador de una red de organizaciones sociales, la Comisión Ética contra la Tortura, Hervi Lara, indicó que “seguramente da más dividendos hablar de lo que pasa en Venezuela o en Cuba”.
Por su parte, el codirector de la organización civil Observatorio Ciudadano, el abogado José Aylwin, indicó que “el Estado utiliza políticamente la ley antiterrorista para procesar a los mapuches”, por lo que “se puede hablar de prisión política”, y señaló que “hay claramente una analogía con los presos cubanos”.
El abogado explicó que “existe una legislación penal ordinaria que permitiría juzgar y eventualmente condenar” a los mapuches por los delitos que se les imputan. Éstos son, principalmente, la provocación intencional de incendios y las ocupaciones de tierras, actividades que los mapuches suelen llevar a cabo en reclamo de que les sean restituidas las “tierras originarias”, de las que fueron despojados por el Estado a fines del siglo XIX, cuando fueron entregadas a privados. Estos territorios se extienden en las regiones de Bío Bío, Los Ríos, Araucanía y Los Lagos, y actualmente son utilizados por empresas agrícolas y forestales.
La Ley Antiterrorista por la que están arrestados 58 mapuches, entre condenados y procesados, permite mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años, impedir el acceso de los abogados defensores a la investigación y presentar testigos “protegidos”, cuya identidad y rostro se mantienen en reserva, y que eventualmente puedan ser compensados por su delación, informaron las agencias de noticias EFE e IPS. La aplicación de la Ley Antiterrorista también permite que los acusados sean “doblemente juzgados” por un tribunal civil y otro militar, lo que implica dos condenas que se acumulan, llegando hasta un máximo de 103 años de prisión. Ésa es la condena que pide el Ministerio Público contra algunos de los 32 mapuches que están haciendo huelga de hambre en reclamo de que no se les aplique esa ley.
La legislación ya fue rechazada por Naciones Unidas y la Unión Europea, que solicitaron que se reformara para adecuarse a “estándares internacionales de derechos humanos” porque persigue “a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche”, informó la agencia de noticias ANSA.
Desde el comienzo de la huelga de hambre, el 12 de junio, la Alianza Territorial Mapuche anunció movilizaciones, en reclamo de “una mesa de diálogo” a Piñera, para entregar su “propuesta sobre restitución del territorio y justicia”.
Esas protestas incluyeron marchas, ocupaciones de diferentes haciendas durante algunas horas y cortes de rutas secundarias, informaron varias agencias internacionales, mientras que el Observatorio Ciudadano y la red de organizaciones civiles Acción denunciaban la falta de cobertura informativa en los medios chilenos.
El abogado Aylwin aseguró a TeleSur que la mayoría de los chilenos “no saben que casi 60 mapuches o personas comprometidas con esa causa están procesados o condenados” por la Ley Antiterrorista e indicó que la huelga “no ha tenido el impacto que debería producir” por esa falta de difusión.
En simultáneo a estas denuncias, el diario El Mercurio informó que la justicia chilena dispone de un informe, producto de un acuerdo entre las fiscalías de Chile y de Colombia, que demostraría que dirigentes mapuches acusados por delitos terroristas fueron entrenados en la frontera entre Colombia y Ecuador por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia (FARC).
Según la fiscalía chilena, el informe incluye documentos -incautados a mapuches y a Raúl Reyes, número dos de las FARC, asesinado en 2008- y testimonios de ex guerrilleros y analistas de inteligencia, informó EFE.
El werkén (líder mapuche) del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, aseguró a BBC que las denuncias son falsas y que demuestran una intención de Piñera de “colombianizar” la región “y traer una estrategia de Estados Unidos al territorio mapuche”. Huilcamán sostuvo que esto busca “justificar actos represivos y de persecución” y demuestra que “las autoridades actuales estarían abandonando su misión de establecer el diálogo con todos los actores del país”.
Por su parte, el werkén de la comunidad Temucuicui, Jorge Huenchullán, dijo a la cadena británica que no les cabe el calificativo de terroristas y aseguró que “este gobierno hace una persecución constante a los líderes mapuches”.
Para empeorar la situación se sumaron varias denuncias de irregularidades en el trámite de las causas contra mapuches, que serán investigadas por las comisiones de Derechos Humanos de las dos cámaras legislativas. Varios dirigentes mapuches denunciaron la existencia de videos en los que funcionarios del Ministerio Público confiesan haber recibido dinero y hasta propiedades para inculpar a personas de su comunidad por delitos que no habían cometido.
Además, el abogado defensor de algunos mapuches, Jaime Madariaga, denunció que Álex Schneider, que actualmente representa al Ministerio del Interior en una de las causas, fue en su momento defensor público de los indígenas. Madariaga se preguntó, en declaraciones a la radio chilena Bío Bío: “¿Quién se atreverá a acudir ahora a la Defensoría Penal Pública si después el gobierno contratará a esos abogados como querellantes?”.
Otra denuncia fue presentada por La Radio, al divulgar que el gobierno habría solicitado a un funcionario del penal de Temuco que fotografiara la cárcel donde los mapuches mantienen su huelga de hambre mientras había alimentos en ella, aunque ninguno estaba consumiéndolos. Las fotos se hicieron públicas en diarios locales, como El Austral, y según los legisladores que respaldan la causa mapuche, tenían como objetivo “desacreditar” la huelga. El policía que tomó las fotos está siendo investigado de forma interna y fue trasladado de unidad penal para facilitar la investigación. El intendente de Araucanía, zona central del movimiento mapuche, Andrés Molina, será llamado a declarar en la comisión de Derechos Humanos de Diputados por estas fotos.
La semana pasada el werkén Huenchullán reiteró que hay “un intento de silenciar la demanda” porque “al Estado no le conviene que se sepa en el mundo que en Chile se cometen violaciones a los derechos humanos”. El líder recalcó que “se está prejuzgando a los mapuches y se está criminalizándoles y haciendo creer a la opinión pública que verdaderamente somos terroristas”.
El jueves pasado familiares de los presos que están en huelga fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y por las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras del Congreso, ante las cuales denunciaron “montajes de los servicios de inteligencia policial” para justificar la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Luego del encuentro, la vocera de los huelguistas, María Tralcal, dijo a IPS que una de las denuncias que llevaron a las autoridades es que “internacionalmente se ve el terrorismo cuando las personas atentan contra la integridad humana, contra las personas, y hasta el momento, a manos de un mapuche no ha caído ningún civil, ningún policía, los únicos que han muerto son hermanos mapuches a manos de policías”. La portavoz recalcó que los atentados son “solamente” contra la propiedad privada, por lo que deberían tratarse con las leyes civiles.
La última manifestación se hizo el lunes, cuando unas 200 mujeres marcharon con sus hijos en la ciudad de Angol para pedirle al presidente “voluntad política” para que los presos finalicen la huelga de hambre, que ya les ha costado bajar de peso entre 14 y 17 kilos, según dirigentes mapuches. En declaraciones al diario La Nación, el senador Navarro apoyó este pedido y llamó a Piñera a “no esperar que muera un mapuche por desnutrición para actuar y dialogar”.