La bancada de ediles y los integrantes de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) de Florida anunciaron ayer en conferencia de prensa que solicitaron que en la próxima sesión de la Junta Departamental, mañana a las 20.00, ingrese en el orden del día la discusión por la contratación directa de familiares de dirigentes blancos como funcionarios del legislativo comunal. La semana pasada la oposición floridense había cuestionado públicamente que el presidente de la junta, Carlos Pérez, incorporase un operador PC y un técnico en informática porque eran el primero hijo del edil del Partido Nacional (PN) Cayetano Stopingi y el segundo hijo de un ex edil blanco, Elbio Araujo.
“Consideramos que hubo una falta ética al permitir esos ingresos a dedo y queremos discutirlo”, expresó a la diaria el coordinador de la bancada frenteamplista, Alejo Pérez. Informó que a los doce ediles del FA se sumarán los tres del Partido Colorado (PC), pero que requerirán de al menos uno del PN para avalar el pedido y analizar el tema en el plenario. “Esperemos que el viernes en la junta voten con la conciencia, por lo menos para discutirlo”, señaló. El coordinador de la bancada colorada, Javier Fernández, confirmó que apoyarán la iniciativa.
Entre los ediles se estima que los blancos acompañarán unánimemente el planteo, algo que recién definirán mañana. El coordinador blanco, Martín Varela, recordó: “Nunca hemos coartado la expresión de las minorías y no es nuestra intención hacerlo”, puntualizando además que durante el período pasado, la mayoría del FA no actuó de la misma manera.
El presidente de la junta fue más enfático y aseguró que “se le va a dar” los votos a la oposición para que mañana “se aclare el tema y tengan la posibilidad de decir todo lo que quieran decir”, pero negó que se vaya a considerar la posibilidad de suspender las contrataciones. “Esa decisión ya está tomada, más allá de que los contratos no están hechos todavía -porque los dos funcionarios comienzan en octubre-, porque si jurídicamente se puede hacer no veo por qué suspenderlos”, señaló ayer a la diaria. Carlos Pérez informó que si bien por resolución del 8 de setiembre se determinó que los contratos terminen en paralelo con el período de gobierno, sus asesores letrados le aconsejaron que fijara un plazo de tres años.
El coordinador de la bancada blanca apoyó al presidente de la junta en este punto. “Estamos convencidos de que el presidente actuó de acuerdo a derecho y a lo que el TOCAF [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera] lo autoriza”, sostuvo Varela, y sí reconoció que alguno podría “consultar” al edil Stopingi, padre de uno de los funcionarios que ingresaría a la junta, “si entiende pertinente” que renuncien. “Tal vez el compañero no ha medido las implicancias que puede haber, pero eso lo volveremos a hablar en la interna”, aclaró. Consultado sobre la acusación de la oposición, Varela consideró que el hecho “puede catalogarse de inmoral, pero también es inmoral lo del sobrino de [el secretario de Presidencia, Alberto] Breccia”, haciendo referencia al contrato de Martín Fabregat en Antel, sobre el cual el gobierno frenteamplista “no ha hecho reparos”.
Mientras el tema se instala a nivel político, un grupo de jóvenes floridenses analiza la posibilidad de interponer un recurso de revocación contra las resoluciones del presidente de la junta por entender que al no haber habido un concurso se lesionaron sus derechos a participar. “Tenemos que tener todos las mismas oportunidades y estamos planteando que se vuelva a hacer la contratación con un concurso de por medio, porque ésa es la forma más democrática, y no a dedo”, resumió a la diaria Camila Amaro, una de las impulsoras. Según Amaro, en el primer día de difusión de la idea ya firmaron diez personas.