Si en algún momento hubo una oposición cerrada a la iniciativa del Poder Ejecutivo, esa etapa parece superada. El FA no quería votar sólo con su mayoría el texto, y desde la semana pasada el propio José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, comenzaron a negociar con el senador Larrañaga eventuales modificaciones que permitirían que al menos parte del PN lo acompañe.
Ayer, el senador Alberto Couriel (Espacio 609) anunció durante la sesión de la Comisión de Hacienda que el FA había llegado a un acuerdo con AN, algo que tanto el senador Francisco Gallinal como Luis Alberto Heber, integrantes de la comisión, dijeron desconocer. “Me enteré por Couriel de que hay un acuerdo con AN, no tenía ninguna noticia. Le consulté a Heber y tampoco sabía, e incluso le pregunté al presidente del directorio, [Luis Alberto] Lacalle, y tampoco sabía nada”, contó Gallinal a la diaria. El senador de Unidad Nacional (Una) adelantó que el tema será discutido en la agrupación parlamentaria blanca, la que preside el propio Larrañaga: “Alguna explicación tendrá este tema”.
Sobre la base de dicho acuerdo, el senador Da Rosa se incorporó ayer a la comisión en suplencia de Sergio Abreu y mostró redacciones alternativas para varios artículos. El proyecto original del Ejecutivo habilitaba que la Dirección General Impositiva (DGI) solicite ante la Justicia Civil el levantamiento del secreto bancario de personas o empresas exhibiendo “razones fundadas”, y en caso de que la Justicia no adoptara posición, en 30 días tácitamente se le concedía esa potestad. También posibilitaba que los estados con los cuales nuestro país firme convenios para evitar la doble tributación puedan pedir el levantamiento del secreto bancario, pero en cada caso los convenios determinarían la forma de hacerlo.
El texto dado a conocer por Da Rosa precisa que la DGI deberá seguir el mismo procedimiento judicial previsto en el Código General del Proceso para los trámites incidentales, lo que determina la necesidad de un pronunciamiento expreso del juez, a favor o en contra. Además, según explicó el legislador, esta nueva redacción establece que el órgano solicitante “debe describir los actos o hechos y razones que fundamentan la solicitud”, algo que en la versión original se establecía de forma “genérica”. El texto propone crear un juzgado especializado en materia contencioso-tributaria, en el que se tramitarían estos procesos.
La definición de la tercera modificación acordada entre el FA y AN quedaría a cargo del ministro Lorenzo y del economista aliancista Javier de Haedo, pero apunta a eliminar del proyecto los cambios al Impuesto al Patrimonio, ya que el gobierno aspiraba a gravar los depósitos en el exterior de los residentes en nuestro país con este tributo. Da Rosa admitió que el proyecto no fue conversado con los otros legisladores blancos que integran la comisión.
El senador oficialista Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) evaluó que la nueva versión “tiene elementos que están bien” y valoró como positivo que se introduzca la figura de Defensa del Contribuyente, pero consideró que los procedimientos que debe cumplir la DGI al solicitar el levantamiento del secreto son “demasiado exigentes”. Pese a que no conocía los contenidos del acuerdo, Gallinal valoró como un “paso enorme” los cambios que habilita el oficialismo. “Era muy embromado que el secreto bancario se pudiera levantar prácticamente a pedido de la administración”, señaló, y explicó que la gran mayoría de los puntos discutidos ayer “no son novedad, estaban en el proyecto mío”.
En efecto, Gallinal había ingresado la semana pasada un articulado alternativo que obligaba a que hubiera un dictamen expreso de la Justicia para acceder al levantamiento del secreto bancario como forma de darle “al demandado la posibilidad de defenderse antes de cualquier pronunciamiento”. “Me parece que lo que se acordó [entre AN y el gobierno] es casi un calco de lo que promovimos, así que bienvenido sea”, expresó.
El Partido Colorado mantendría su oposición en este tema. Según los planes del oficialismo, la normativa se votaría en la cámara alta antes de que la baja remita el proyecto de ley de presupuesto.