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Ejecutivo dispuesto a discutir con los militares eliminación de dietas.

El presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, tendrán un mano a mano esta noche con los oficiales generales de las tres armas de las Fuerzas Armadas, en la sede de la cartera. En las últimas horas, algunos trascendidos de prensa difundieron el malestar de los altos mandos militares con el presupuesto y manejaron la posibilidad de que un número considerable de oficiales pida el pase a retiro, porque entienden que Mujica no cumplió con lo prometido en materia de remuneraciones.

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En la mañana de ayer, durante la sesión del gabinete productivo, Mujica defendió las decisiones de su gobierno en este tema. Destacó que el presupuesto destina 40 millones de dólares a aumentos para el personal subalterno de las FFAA, y que, aunque el punto de partida salarial de estos oficiales es muy bajo, “no hay precedentes de un incremento de este tamaño”.

En el gabinete productivo también se resaltó que el Ministerio de Defensa es el único inciso habilitado por el presupuesto a volcar los recursos que genere el propio ministerio a partidas extrapresupuestales de Promoción Social del personal subalterno, así como a redirigir a la mejora de esos salarios los recursos ahorrados por la reducción de las agregadurías militares (cerca de siete millones de dólares en el quinquenio), según se manejó ayer.

El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, transmitió estos puntos en el encuentro que mantuvo por la tarde con la bancada del Frente Amplio (FA), donde acudió a explicar el presupuesto. Precisó que al finalizar esta administración el personal subalterno verá mejorados sus ingresos en 2.500 pesos, y que se dará un complemento adicional al personal militar que se encarga de la custodia perimetral de las cárceles.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar uno de los artículos cuestionados por los militares, el 181. Éste dispone que las llamadas “dietas” (dinero que se destina a las remuneraciones de actividades docentes) corresponderán a partir de ahora solamente para los profesores civiles, y se eliminarán para los profesores militares, ya que se considera que desempeñan “actividades inherentes a su función”. A cambio, se otorga una partida de 100 millones de pesos anuales como compensación especial para oficiales subalternos, jefes superiores y generales, cuya instrumentación se definirá mediante reglamentación.

Para el Poder Ejecutivo existe “confusión” en torno a este artículo del presupuesto, y la intención es clarificarlo a los mandos. Sin embargo, el equipo económico dijo a la bancada frentista que es afín a reconsiderar este tema, ya sea mediante una modificación presupuestal o extrapresupuestalmente. Para el diputado emepepista Álvaro Vega, los reclamos de las Fuerzas Armadas son “más un operativo de prensa que otra cosa”. “Los comandantes en jefe tienen prohibido hacer declaraciones. Los mandos no son presidentes de sindicatos, y no aceptamos presiones de ningún tipo”, enfatizó.

Formas de negociación

Otro punto sobre el que se conversó, tanto en la reunión ministerial como en la bancada, fueron los recursos destinados a la educación. En el gabinete se informó que en 2009 se ejecutó el 4,40% del Producto Interno Bruto (PIB) en el área educativa, que actualmente está destinado el 4,52% y que para 2014 se estima que se invertirá el 4,55% del PIB. Estos recursos incluyen, según reiteró Lorenzo en ambos ámbitos, un incremento del salario real para los docentes de 22,8%. Resaltó que el presupuesto educativo se habrá quintuplicado entre 2004 y 2014.

El ministro reiteró que el Poder Ejecutivo había llegado a un entendimiento con los sindicatos de la educación y que éstos decidieron continuar con los reclamos (ver página 10). “Hay gremios que desconocen los acuerdos firmados. Hubo un acuerdo con el aval del PIT-CNT, y después se desdicen”, cuestionó el diputado frenteamplista Alfredo Asti (Asamblea Uruguay).

Ayer también se abordó el estado de la negociación colectiva en el sector público, y se señaló que la discusión salarial con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) está “totalmente bloqueada”. Luego de que COFE rechazara una propuesta realizada por el gobierno que incluía una partida de 500 pesos, atada al cumplimiento del presentismo para 2011, los negociadores del Ejecutivo retiraron la oferta, y no se vislumbra ahora un consenso más allá del establecimiento del salario mínimo en 14.400 pesos por 40 horas semanales. En el gabinete se valoró que las declaraciones de “algunos dirigentes” de COFE han sido “muy duras”, y que “superan los temas sindicales”.

Respecto a la creación de cargos de confianza, se aseguró en la bancada que muchos de ellos sustituyen a cargos de alta especialización como forma de “transparentar el proceso de selección” y de que el jerarca “asuma la responsabilidad directamente” por la designación. Asti admitió que es una idea similar a la que manejó Mujica al día siguiente de asumir la Presidencia, cuando opinó que el llamado a concurso “se ha transformado en un instrumento de acomodo” y que “es peor que la designación con el dedo, porque la designación con el dedo tiene el coraje de dar la cara y la responsabilidad”, mientras que “el otro acomodo es burocrático, va todo tapado”.

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