El futuro Código de Responsabilidad Juvenil Nacional, que elabora el Congreso argentino hace años, volvió a primera plana no sólo por un debate que resurge con frecuencia en Argentina -como en muchos países-, sino también por un hecho policial. El 18 de enero, en la localidad de Tolosa de la provincia de Buenos Aires, un hombre de 40 años murió ante su hijo de 11, de un tiro en la cabeza. El único de los tres sospechosos que fue identificado y detenido tiene 15 años y vivía a dos cuadras del lugar, al que había entrado para robar.
Como es menor de 16 años, no es imputable. Fue detenido pero el juez para menores ordenó que la justicia de familia se hiciera cargo del caso, cumpliendo con la ley bonaerense. Muchas voces dijeron que el hecho de no remitir al joven ante la justicia penal suponía que quedaría en libertad, porque “sólo será internado en una comunidad terapéutica”.
El fiscal de La Plata, Marcelo Romero, expresó entonces una posición ampliamente retomada en los medios locales: “Ser menor de 16 años es hoy una licencia para matar”. No se hicieron esperar los reclamos de la oposición, pero también algunos del oficialismo, para modificar la ley.
La Cámara de Diputados está estudiando un proyecto, elaborado en junio de 2009, que obtuvo media sanción en el Senado, donde fue aprobado por unanimidad, que establece la creación del Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Tres comisiones trabajaron sobre el texto de la cámara alta y lo aprobaron casi por completo, salvo las edades en que se debe aplicar.
El Senado quiere que se aplique la ley penal a los jóvenes de 14 a 17 años inclusive. Pero las comisiones de Diputados dieron su dictamen de mayoría a la imputabilidad de los menores de 16 y 17 años. El diario argentino Página 12 destacó que las dos iniciativas disponen que la prisión sea el último recurso que tendrá el juez, aunque se trate de un homicidio, cada una de ellas para las edades que comprende.
Fuera de la edad establecida para la imputabilidad penal, el menor infractor queda bajo la autoridad de un juez de familia y si bien eso no implica ir a la cárcel, tampoco queda librado a su suerte, sino sujeto a otras medidas judiciales.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, reubicó el debate el lunes, al afirmar que discutir sobre la edad de imputabilidad es “estéril”. Para ella, hay que debatir sobre las políticas de seguridad. “La verdadera política de seguridad pasa por tener buenas instituciones policiales y buenos jueces”, dijo.
La mandataria hizo estas declaraciones en la inauguración de una nueva sede de una universidad nacional en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Las vinculó con la apuesta a la educación gratuita, que para ella es uno de los instrumentos básicos para una sociedad que busca ser igualitaria. “Inclusión social y medidas de seguridad indirecta, como el acto que estamos protagonizando esta tarde en una universidad de Florencio Varela, que antes era una ciudad dormitorio, eso es lo que estamos haciendo”, dijo.
Fernández también relativizó el alcance de un cambio de la edad de imputabilidad penal refiriéndose al índice de homicidios que hay en Brasil. En ese país, la justicia penal se aplica a partir de los 12 años, pero eso no impide que la tasa de homicidios sea de 32 por 100.000 habitantes. En tanto, en Argentina, esta cifra es de 6 por 100.000 habitantes, aunque los menores sean responsables penalmente a partir de los 16 años. “Puede parecer lógico bajar la edad de 16 a 14, pero esto [el ejemplo de Brasil] demuestra que el problema no pasa por la edad”, concluyó la presidenta. Un día antes de que hablara Fernández, opinó al respecto el juez de la Corte Suprema de Justicia argentina, Raúl Zaffaroni, consultado por Página 12. El magistrado estimó que en un año electoral como éste -en octubre habrá elecciones presidenciales y también están previstas elecciones provinciales, en distintas fechas-, “no es un momento propicio para la reflexión” y consideró que lo mejor será que “no se analice ahora la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, porque lo que salga de allí va a ser una solución teñida por la búsqueda de votos”.
Además, Zaffaroni dijo que el debate no se justifica con “datos concretos”, ya que “hay muy pocos homicidios o delitos graves cometidos por chicos en las edades que van de los 14 a los 16 años”. Agregó que son “hechos que pueden ser contados con los dedos y no tienen un registro que pueda alarmar”. El juez también recordó que los jóvenes que cometen delitos graves “reciben alguna penalidad” y que muchos son internados en instituciones cerradas.
Estos posicionamientos se dieron en medio de una ola de declaraciones a favor y en contra de bajar la edad de imputabilidad, provenientes de todos los sectores políticos, con voces dispares en el seno de cada organización. Después de las declaraciones de la presidenta y del magistrado, tampoco mermó el debate.
Antes de que hablara Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el oficialista Daniel Scioli, reclamó que “el Congreso avance en el debate y posterior sanción de la ley de responsabilidad penal juvenil, que incluye la baja en la edad de la imputabilidad para delitos graves y dolosos”. Agregó que “la posición del gobierno [de Fernández] es muy clara, no desde ahora sino desde hace más de dos años” y que el proyecto “fue trabajado en su momento muy seriamente por distintos legisladores”.
El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, precandidato a las elecciones de octubre por el partido opositor Propuesta Republicana, también usó ejemplos de otros países: “Inglaterra tiene leyes de imputabilidad para menores desde los 10 años y otros países importantísimos, desde los 12 y 13 años, como Uruguay, pero nosotros tenemos que seguir en los 16, y nos va mal porque matan a más de diez personas por día en el Gran Buenos Aires”. Macri pasó por alto que en Uruguay algunos reclaman imputar penalmente a los menores de 18 años. Aunque sí existen-a partir de los 13 años- medidas establecidas en un sistema de justicia específico para adolescentes.
La diputada opositora y candidata a presidenta por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se pronunció ayer a favor de bajar la edad de imputabilidad a 14 años y consideró “muy importante” que los jóvenes que cometen delitos “digan quién los manda”.