“Loppsi 2”, la Ley de Orientación y de Programación sobre la Eficiencia de la Seguridad Interna (Loppsi, según sus siglas en francés), marca los lineamientos en políticas de seguridad para Francia entre 2009 y 2013, y debe sustituir la Loppsi de 2002, que venció en 2007.
El texto inicial fue enmendado en múltiples oportunidades, desde que se presentó ante la Asamblea Nacional en mayo de 2009, y en su estado actual abarca un inmenso abanico de medidas, en su mayoría basadas en casos policiales que tuvieron mucha repercusión en la opinión pública. La cámara baja ya lo aprobó, el 21 de diciembre, con 305 votos a favor y 187 en contra. La iniciativa está ahora en manos del Senado, que volverá a tratarla el 18 de enero.
No se descarta que se introduzca alguna enmienda más, ya que el ministro del Interior, Brice Hortefeux, ya anunció que pretende agregar una que permita a los agentes de la empresa estatal de transporte ferroviario y la de transporte público de París realizar controles de identidad y fiscalizar a los pasajeros. Los agentes “tendrán a disposición los medios para forzar a todos aquellos que perturben la tranquilidad pública al salir de los trenes, de los vagones, de los corredores y de las estaciones”, advirtió el ministro. También anunció que para eso se creará una “orden de abandonar un lugar de transporte público” y “un delito de ingreso ilegal en las cabinas” de pilotaje o de servicio en los trenes.
Esta disposición se sumaría a los 47 artículos de la ley y es una más de las varias que se inspiran en un hecho policial; en este caso, la muerte de una mujer luego de que un ladrón que huía la empujara en las escaleras del Metro de París, el miércoles pasado.
Riesgo para la tranquilidad
Otro punto del proyecto, que se refiere a la evacuación de los campamentos de rumanos, también parte de un caso policial. El 18 de julio, una gendarmería fue saqueada en protesta por la muerte de un joven gitano en un control de policía caminera. Porque no acató la orden de detener su vehículo fue perseguido y baleado por la espalda.
A los tres días, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, convocaba a una reunión sobre “los problemas causados por los gitanos” que desembocó en la política de mano dura contra esa comunidad.
Loppsi 2 deja por escrito la posibilidad de desalojar un campamento ilegal cuando éste represente “riesgos graves para la salubridad, la seguridad o la tranquilidad” y prevé que el desmantelamiento se realice por orden de la autoridad representante del Ministerio del Interior en el departamento afectado, en un plazo de 48 horas y sin necesidad de orden judicial.
En caso de que se decida destruir las instalaciones que se encuentren en el predio se deberá pedir autorización a un juez, que tendrá 48 horas para expedirse.
Los desmantelamientos de campamentos ilegales desembocaron, el año pasado, en miles de expulsiones de gitanos del país. Con Loppsi 2, también los okupas podrán ser evacuados, en su caso en 48 horas, sin intervención judicial, y se les podrán imponer multas de hasta 20.000 dólares.
Siguiendo con las disposiciones específicas para personas de origen extranjero, el proyecto restituye el principio de “doble pena”, que Sarkozy había revocado en 2003. En ciertas cortes penales-criminales el jurado popular podrá agregar a la condena una expulsión con prohibición de ingresar al territorio francés, cuando el “criminal” sea extranjero.
Problemas de disciplina
El asesinato de dos ancianos, en enero de 2010, apuñalados por un ladrón, también dio lugar a un artículo de Loppsi 2. Actualmente, quien cometa una rapiña se expone a una condena máxima de cinco años de cárcel. Con la nueva norma se establece un agravante: si la rapiña se realiza contra una persona mayor o “vulnerable”, la pena máxima puede ser de siete años de prisión.
Como resultado de las agresiones contra la Policía que se registraron en los suburbios de la ciudad de Grenoble en julio, también se aumentarán las penas en caso de matar a un policía. La medida había sido anunciada en un famoso discurso de Sarkozy en Grenoble, en el que el presidente anunció otras cuantas medidas que incorpora Loppsi 2.
También en nombre de la seguridad, se establecen medidas específicas para los menores. Desde 2006, en caso de que un niño o adolescente falte a clases en forma reiterada, tenga problemas de disciplina en su centro de estudios o cualquier otra dificultad que haga pensar a la Justicia que en su hogar hay “falta de autoridad” por parte de sus responsables, sus padres o tutores deberán firmar un “contrato de responsabilidades parentales”. De lo contrario, pueden quedar impedidos de cobrar asignaciones familiares -que podrá recibir otra persona en nombre de ese menor- y se exponen a acciones judiciales.
Con Loppsi 2 un menor que reincida en un delito podrá quedarse sin derecho a una audiencia con una jueza para niños -que por ahora es una instancia obligatoria cuando un menor va a ser juzgado- para que estudie su historia. Será juzgado así directamente por el tribunal para menores sin ese estudio previo de su caso.
Otra medida que causó polémica es la habilitación al Ministerio del Interior para establecer un toque de queda para un menor de 13 años. Si se estima que salir de noche lo “expondría a un riesgo manifiesto para su salud, su seguridad, su educación o su moralidad”, no podrá hacerlo entre las 23.00 y las 6.00 sin la compañía de un adulto responsable.
El proyecto de ley también intenta proteger a los menores de la pedofilia. Si se aprueba el texto en su estado actual, el gobierno podrá intimar a las empresas de servicios de internet a que bloqueen o vigilen los accesos a contenidos que consideren pornografía -que involucre a menores- sin que intervenga la Justicia. Esto hace temer por la libertad de información en general, ya que otras experiencias en Europa demostraron que en algunos casos se termina generando el bloqueo de portales enteros, como ocurrió con Youtube cuando la empresa de telecomunicaciones paquistaní intentó bloquear el acceso en el país, y causó problemas al portal de videos fuera de fronteras. También ocurrió en Gran Bretaña, cuando se intentó bloquear el acceso a la imagen de la tapa del álbum “Virgin Killers” del grupo Scorpios, y a Wikipedia, donde estaba colgada la imagen, quedando fuera de alcance para los británicos durante 48 horas. Loppsi 2 también creará el “delito de usurpación de identidad en internet” que, como el delito de usurpación de identidad común, puede ser castigado por dos años de cárcel y 26.200 dólares.
Por último la “video vigilancia” pasará a llamarse “video protección” y las posibilidades de usarla quedarán ampliadas. Además del aumento de cámaras en los espacios públicos, se podrá filmar desde helicópteros ciertas manifestaciones.
Es “un mensaje de firmeza” destinado a la “delincuencia sin escrúpulos”, que “hace reinar el terror”, dijo el diputado de la gobernante Unión por un Movimiento Popular, Jacques-Alain Bénisti, a la agencia de noticias AFP, para justificar el voto de su partido en la Cámara de Diputados. El opositor Partido Socialista repite hasta el cansancio que es “la 16ª ley [de seguridad] en ocho años”. Denuncia, además, que mientras disminuye el número de policías, la ley institucionaliza las empresas de seguridad privadas, que en unos años, según la prensa francesa, tendrán más personal que las fuerzas de seguridad públicas.