El gobierno “citó a todos los partidos con representación parlamentaria para explicitarles cuál era la intención de esta reforma política, que además en su momento habían pedido ellos. Una vez que sancionamos la ley, no gusta la transparencia de la reforma política y volvemos a situaciones incomprensibles”, afirmó ayer el diputado argentino del gobernante Frente para la Victoria, Dante Gullo, en respuesta a críticas opositoras. Los tiempos que establece la reforma política argentina reciben cuestionamientos de varios partidos y también surgieron algunos desde el ámbito judicial.
El lunes, María Servini de Cubría, jueza federal con competencia en la justicia electoral, aseguró que será “imposible” llegar a tiempo con los plazos, de acuerdo al Centro Judicial de Noticias, del Poder Judicial.
Servini dijo que en la capital el escrutinio se puede hacer en tres días o en una semana. Pero el caso no será el mismo en la provincia de Buenos Aires, “porque están más de un mes haciendo el escrutinio. Entonces no les da el tiempo entre la interna y la general. Cada distrito en el país, que es cada provincia, tiene su distinta característica”, agregó, en referencia al margen entre las internas partidarias en agosto y las presidenciales en octubre.
Estos cuestionamientos causaron reacciones de la oposición, que salió a plantear su desacuerdo con la nueva norma, informó el diario Clarín. La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coincidió con Servini y reafirmó que la ley es “de imposible cumplimiento”. Lo mismo opinó la dirigente de Generación un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer. Por su parte, el director nacional electoral, Alejandro Tullio, dijo a la radio argentina Continental que la Justicia Electoral tiene los medios para cumplir con su tarea en los plazos previstos.
Carrió también se quejó de que el oficialismo hizo la reforma en respuesta a su derrota en las legislativas de 2009 y “exclusivamente para encerrar a los partidos”.
Fueron varios los dirigentes de distintos sectores de la oposición que criticaron la norma y cuestionaron las intenciones del oficialismo. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y líder del partido Propuesta Republicana, Mauricio Macri, dijo que la ley establece un “cronograma bastante confuso” que pretende “encorsetar el sistema”.
Por su parte, el titular de la Unión Cívica Radical y precandidato presidencial, Ernesto Sanz, estimó que “el propio gobierno ha generado incertidumbre” sobre las primarias y que éstas “no deben ser en agosto” porque son demasiado cercanas a la elección general. El empresario y peronista opositor Francisco de Narváez dijo que la reforma política es un “artilugio de Néstor Kirchner” y aseguró que las internas “no se van a realizar”.
En noviembre, el juez Manuel Blanco criticó el poco tiempo -18 días- que hay entre las internas del 14 de agosto y la fecha tope para oficializar las listas para la elección general del 23 de octubre. A la hora de hacer campaña, las fechas establecidas para las dos votaciones también dejan un margen muy apretado a la oposición, que busca acordar alianzas después de las primarias.
El precandidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, declaró ayer que la elección interna anticipada que su partido prevé para fines de abril o principios de mayo “sería de carácter no vinculante” pero “con un gran valor político”, informó la agencia estatal de noticias Télam. Dejó entender así que los radicales celebrarán dos internas.