En 2009 tres mujeres realizaron una huelga de hambre reclamando información acerca del destino de los 170 desaparecidos de las últimas dictaduras militares de Bolivia. Una de ellas era hermana de un desaparecido y las otras dos, parejas de otros.
El Ministerio de Defensa ordenó a las Fuerzas Armadas que brindaran acceso a los “familiares y víctimas de regímenes militares a archivos, registros públicos y documentos existentes” en su poder. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, sostuvo que con esa medida se demostraba que “está la voluntad política del gobierno” de dar a conocer el paradero de los desaparecidos de las dictaduras de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981).
La orden fue considerada “insuficiente” por los grupos de derechos humanos. Una de las huelguistas, Olga Flores, señaló que “según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, para desclasificar archivos hace falta una orden judicial o una solicitud del Congreso”. Los militantes también resaltaron que ya se había ordenado a las Fuerzas Armadas la desclasificación de los documentos y que ésta no se había cumplido.
“Sabemos que en 1985 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro llevó toda la documentación sobre las dictaduras del Estado Mayor y la archivaron en bóvedas del Banco Central. Luego la llevaron con rumbo desconocido. Nosotros hemos investigado y creemos que esos archivos están en el Departamento Segundo de Inteligencia”, dijo en ese entonces la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia, Delia Cortez, al diario argentino Página 12.
El presidente Evo Morales rechazó esta versión en ese mayo de 2009: “He hablado con el Alto Mando Militar y no hay nada que desclasificar en las Fuerzas Armadas”. Pero en febrero de 2010 el gobierno aseguró que los documentos serían entregados a raíz de una orden judicial elevada en el marco de una investigación del Ministerio Público por algunos casos de desapariciones.
El comandante de las Fuerzas Armadas, almirante José Luis Cabas, aseguró que el Ejército quiere “llevar a la verdad” y que sus integrantes están “bien dispuestos a ayudar”.
A fines de febrero, el fiscal del caso, Milton Mendoza, aseguró que iría al cuartel de Miraflores, donde se estimaba que estaban los documentos, y saldría “con la verdad”.
Sólo tuvo acceso a una gaveta de documentos de 1980, con correspondencia entre unidades e información sobre cambio de destino de algunos militares.
Idas y vueltas
En el acto para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de García Meza, en julio del año pasado, Morales defendió a los miembros de las fuerzas que actuaron en la dictadura: “Las decisiones que tomaron los ex comandantes no es porque ellos las querían así, sino porque estaban sometidos a una decisión política”. Mientras tanto, los familiares hacían un acto frente a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, reclamando información sobre los restos de las víctimas.
En ese entonces, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, aseguró que acataría una nueva orden, en este caso de la Justicia, y se levantaría la reserva de los documentos, informó la agencia de noticias estatal ABI.
Pero los documentos continuaban -y continúan- sin conocerse. El mes pasado Morales declaró: “Sobre los documentos clasificados o desclasificados seamos serios: ¿qué documento puede quedar? Los jueces y fiscales los buscaron; yo desde el primer momento traté de buscar qué documentos tenemos. Y quienes hicieron mucho daño en la última dictadura militar, como García Mesa y [su ex ministro del Interior] Luis Arce Gómez, oportunamente hicieron desaparecer toda la documentación”.
“Nos hemos movilizado, […] hasta dijimos: ‘no importan los recursos, si alguien sabe dónde está, vamos a pagar plata, que nos digan, queremos encontrar a Marcelo Quiroga Santa Cruz’”, dijo Morales en conferencia de prensa. Hizo estas declaraciones antes de una “misa de desagravio” convocada por los familiares de las víctimas en honor a ese ex líder socialista desaparecido en dictadura.
Morales opinó: “Este tema de los familiares de las víctimas de la dictadura también es un uso político”, y reiteró que en conversaciones con altos cargos militares le aseguraron que “no hay nada oculto”, por cuarta o quinta vez, informó la boliviana Agencia de Noticias Fides.
El hermano de Marcelo Quiroga, José Antonio, opinó que Morales y el gobierno respaldan los “modos de las Fuerzas Armadas para evadir la orden judicial”. En respuesta, el presidente dijo que convocaría a los familiares para ingresar, este mes, al Estado Mayor y revisar la existencia de documentos secretos “para que nos digan dónde están ocultos, que nos digan”.
“Acompañaré personalmente a los familiares y a los fiscales para ir archivo por archivo y verificar in situ si realmente hay informes ocultos en las Fuerzas Armadas”, agregó Morales.
La Coordinadora Interinstitucional contra la Impunidad, Afectados y Desaparecidos en Dictadura rechazó las declaraciones de Morales y en conferencia de prensa, la ex presa política Jimena Bedregal Sáez dijo en una carta que el presidente defiende a los militares para “evitar que su legítimo gobierno sea destituido por la fuerza de la sinrazón y las armas”.
Otro de los fiscales que investiga el caso, Eduardo Morales, manifestó que intentará tomar declaración al mandatario. “Como estamos investigando, teníamos esperanza de que hubiera un dato que nos orientara algo en los archivos de los militares. No queda más que apersonarnos por Palacio [de gobierno] para conocer quién le ha informado que los archivos están desaparecidos”, indicó al diario boliviano La Razón.
Sospecha histórica
A este panorama se sumaron las declaraciones de Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior de la dictadura de García Meza. “Me parece muy sospechoso que no quieran mostrar los archivos. Por lo menos, cuando era jefe de Inteligencia y era ministro, todo lo que se hacía iba a los archivos. Ahora, que no quieran mostrar y pongan pretextos […] es problema de ellos”, dijo a La Razón.
Arce, que cumple una pena de 30 años sin derecho a indulto por delitos contra la humanidad y genocidio durante la dictadura, hizo estas declaraciones cuando era trasladado del penal a un hospital para una consulta médica. “Diputados, senadores, y gente del MAS [el partido gobernante, Movimiento al Socialismo], trabajaron para nosotros, por eso es que no quieren mostrar seguramente los archivos, pero es una obligación después de muchos años”, acusó.
Algo similar había dicho al periódico Erbol un analista independiente en temas militares, Samuel Montaño: “Se está ganando tiempo, debe haber alguien del gobierno que debió participar de la dictadura de 1980”. Insistió en que “se está protegiendo a alguien” y dijo que “si bien el gobierno dio una orden ministerial” para conocer esos archivos, “no hizo nada más ni lo va a hacer, porque uno de los pilares que tiene el gobierno son las Fuerzas Armadas”.
Las declaraciones de Arce avivaron los reclamos. Los familiares dijeron a la prensa la semana pasada que todavía esperan a Evo para visitar el Estado Mayor y buscar los documentos personalmente. La fiscal Mirna Arancibia, que también está en la investigación por desapariciones en las últimas dictaduras, manifestó a la Agencia de Noticias Fides que está convencida de que existen “archivos clasificados que no quieren ser entregados, porque no se quiere saber la verdad histórica de lo que sucedió con los restos de quienes fueron víctimas de los hechos de esa época”.