Beatriz Pedrals, la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, presentó el martes 726 querellas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), con el objetivo de “judicializar todo lo ocurrido de modo que en diez años más no se diga ‘quedó esto pendiente y ahora vamos a investigar’. Se va a investigar todo”.
Declaró al diario electrónico El Mostrador que durante 2010 el juez Sergio Muñoz, nombrado ministro coordinador para casos de derechos humanos, revisó las bases de datos del Poder Judicial y luego de cruzar información, verificó que había un total de 728 víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura que no tenían causa tramitada ante tribunales.
“En el último momento se presentaron dos personas a hacer su denuncia particular”, con lo que quedaron en 726 las que no tenían causa abierta, y éstas fueron denunciadas de oficio por la Fiscalía y serán manejadas por el juez designado para las causas de la dictadura, Mario Carroza. De esta forma, indicó Pedrals, se va a “completar el 100% de los casos de detenidos desaparecidos o gente que falleció en ese período”.
Entre esos casos en los que no se habían presentado denuncias, figuraba el del ex presidente Salvador Allende quien, según la versión histórica vigente hasta ahora, se habría suicidado horas después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Versiones forenses indican que la autopsia de Allende tiene algunas anomalías, entre ellas se destaca el informe del experto forense Luis Ravanal, que señala que por ejemplo, el orificio de salida del proyectil no concuerda con el arma utilizada, indicó la agencia de noticias EFE. La investigación de Ravanal, según declaró él mismo a la diaria en 2008, concluye que el informe de la autopsia “tiene falencias y omisiones que no permiten considerarlo certero en sus conclusiones ni verificable”.
Para investigar las 726 querellas el juez Carroza pedirá informes al Servicio Médico Legal sobre la autopsia, consultará a la Vicaría de la Solidaridad -una fundación religiosa que preserva información y archivos sobre la dictadura-, y la lista de los detenidos en La Moneda el día de la muerte de Allende.
El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, aplaudió el comienzo de la investigación y opinó que “todavía queda un déficit de verdad y justicia en Chile”. Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se sostuvo que el caso de Allende fue un magnicidio, mientras la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que ésta es una “potente señal a los otros poderes del Estado”.
Por su parte, la vocera del gobierno, Ena von Baer, a quien el anuncio la sorprendió de gira, dijo: “Respetamos todas las decisiones de los tribunales”. Agregó que el gobierno quiere que “todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen”.
La senadora y escritora Isabel Allende, hija del ex presidente, rechazó el informe de Ravanal cuando fue dado a conocer en 2008, considerando que si se modificaba la versión oficial se verían implicadas las personas que estaban cerca de su padre la tarde del golpe de Estado. Dos médicos que estaban en La Moneda esa tarde dijeron haber visto al entonces presidente disparar contra sí mismo.
Sin embargo, la senadora dijo ayer en un comunicado que apoyará la investigación judicial “con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo” e hizo hincapié en la necesidad de aclarar todos los delitos de la dictadura. Agregó que espera que “el Estado colabore al máximo con la Justicia en la investigación de estos hechos, que implicaron la peor dictadura que hemos padecido los chilenos”.