En dos años, siete personas que serán elegidas por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, deberán conocer, investigar, analizar las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos entre 1946 y 1988, y emitir conclusiones al respecto. Esas siete personas, que deberán ser de “reconocida idoneidad y conducta ética, identificadas con la defensa de la democracia y con el respeto de los derechos humanos”, formarán la Comisión de la Verdad, en el quinto país más grande del mundo, con más de 200 millones de habitantes.
Oficialmente los desaparecidos y asesinados durante la dictadura fueron 475. Una de las misiones de la Comisión será confirmar ésa y otras cifras acerca de las víctimas y, en la medida de lo posible, descubrir quiénes fueron los responsables de esos crímenes. En la medida de lo posible porque la Comisión no contará con la facultad de obligar a las personas a que presten testimonio, sino que sólo puede “invitarlos”. Tampoco tendrá elementos para asegurarse de que las personas digan la verdad o para presionarlas a que lo hagan, ya que no tiene facultades judiciales. Tampoco podrá llevar a los responsables ante la Justicia, debido a que la Ley de Amnistía continúa vigente, y fue ratificada en abril de 2010 por el Supremo Tribunal Federal.
El cometido de la Comisión, según el proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Senado a última hora del miércoles, es “garantizar el derecho a la memoria y la verdad histórica y promover la reconciliación nacional”. No tiene el objetivo de juzgar a los violadores de derechos humanos, sino de elaborar una “versión oficial” sobre lo ocurrido, no sólo en los 21 años de dictadura, sino en los 42 años determinados por la iniciativa.
El opositor Aloysio Nunes fue el relator del proyecto en el Senado, donde ingresó catalogado como urgente, tras ser aprobado en Diputados en setiembre. Nunes formó parte de la guerrilla Alianza Libertadora Nacional, que solía efectuar asaltos para solventar la lucha armada, y luego vivió en el exilio hasta que la aprobación de la Ley de Amnistía, en 1979, hizo que las órdenes de captura en su contra desaparecieran. El senador aseguró que “la Comisión sólo se va a legitimar si tiene su foco en los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura”. Después de la aprobación del proyecto sentenció que la herida dejada por la dictadura “no se va a cerrar nunca, cualquiera sea el resultado”.
Ahora el proyecto queda en manos de la presidenta Rousseff, también ex guerrillera, además de presa política durante dos años. Se espera que ella elija a los siete miembros de la Comisión para el 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día internacional de los derechos humanos, informó el diario Folha de São Paulo. Luego de su nombramiento, tendrán seis meses para establecer un plan de trabajo y después comenzarán a correr los dos años.
Los medios brasileños aseguran que el mes pasado Rousseff dijo a sus asesores más cercanos que ya tiene el perfil de quienes formarán la Comisión, aunque no dio nombres. Serían un religioso, un político conservador, un artista, al menos dos intelectuales (uno de centro y otro de izquierda), un defensor histórico de los derechos humanos y un jurista.