Aunque los argumentos fueron los mismos, la discusión en la cámara baja ayer fue larga, al igual que la que tuvo lugar en el Senado y anteriormente en Diputados. La oposición insistió en que el proyecto de ley es inconstitucional porque las juntas departamentales no tendrán facultad de fijar el valor del tributo. En definitiva, según señalan, esta herramienta no solucionará la guerra de las patentes porque se presentarán recursos de inconstitucionalidad que impedirán su aplicación.
Desde el Frente Amplio (FA) se recordó que está previsto que la aplicación del proyecto hará que bajen los valores 69% de las patentes, mientras que 4% pagarán lo mismo y aumentará el 27% restante. El oficialismo también destacó que el proyecto fue apoyado por unanimidad por el Congreso de Intendentes (CI). De la oposición, sólo Pablo Iturralde, Federico Ricagni (ambos de Alianza Nacional -AN-, Partido Nacional -PN-, y vinculados al grupo La Federación, liderado por el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana) y Richard Sander (Propuesta Batllista, Partido Colorado) apoyaron el proyecto.
Jorge Gandini (AN, PN) explicó que algunos legisladores de su sector habían apoyado en la primera votación en Diputados esperando que se introdujeran determinados cambios en el Senado, que finalmente no fueron acordados. Además, señaló que los intendentes dieron su apoyo al proyecto "sabiendo que algunas [patentes] iban a aumentar, pero muchos se sorprendieron con aumentos de entre 300% y hasta 1.000%”.
Sin embargo, el intendente de Colonia, Walter Zimmer (AN, PN), representante del PN en la mesa del CI, explicó que todavía siguen negociando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) los valores que se aplicarán a partir de 2012. "Había muchos que aumentaban más de lo previsto, pero se está negociando introducir topes", explicó a la diaria el jefe comunal, que aseguró que los intendentes están buscando que los vehículos con valores de hasta 22.000 dólares no tengan incremento en sus patentes o tengan aumentos "accesibles".
Cachilitos y naves
El diputado frenteamplista por Cerro Largo Yerú Pardiñas acusó a los legisladores de la oposición de tener “desconfianza política de sus correligionarios”; en particular apuntó a los blancos: “El partido que tiene más intendentes tiene contradicciones políticas internas y no sabe cómo resolverlas, y ahora las viene a zanjar al Parlamento”. En respuesta, José Carlos Cardoso (Unidad Nacional, PN) respondió que los intendentes “se sienten presionados” por el Poder Ejecutivo para aceptar el acuerdo: “Que el gobierno ha amenazado es más que obvio. ¿Qué tiene que ver el acuerdo de la UTE y el alumbrado en el proyecto de la patente de rodados? Nada, es una negociación”, cuestionó, en referencia al capítulo 2 del proyecto, que amplía el subsidio del pago del alumbrado público a las intendencias y habilita a las comunas endeudadas con UTE para hacer convenios respecto de sus deudas.
Daniel Radío (Partido Independiente) llevó más allá el razonamiento y planteó que ése era el “capítulo chantaje”. Para Aníbal Pereira (MPP, FA), la estrategia de la mayoría de la oposición fue similar a la usada en ocasión de la discusión sobre la creación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF): “Le están haciendo creer a la gente que tiene un cachilito o un Fiat Uno que va a pagar más”, cuestionó, y puso como ejemplo que un Nissan Tida empadronado en Cerro Largo tendrá una baja de 500 pesos, y que el que tendrá aumentos será “el de Cerro Largo que se fue a Colonia”. “¿Qué es lo racional? ¿Qué es chantaje? ¿Que un auto que sabemos lo que vale pague menos que lo que tiene que pagar?”, argumentó.
El proyecto, que fue enviado ayer mismo al Poder Ejecutivo para su promulgación, crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), un organismo que será administrado por un agente fiduciario encargado de cobrar las patentes y multas de todo el país. Una comisión integrada por representantes de OPP, el CI y el Ministerio de Economía y Finanzas fijará los montos de la patente de rodados sobre la base de un acuerdo que implica que los autos anteriores a 1975 no paguen patente, los de entre 1976 y 1980 paguen 1.000 pesos y los de hasta 1985 paguen 1.500. De 1985 en adelante, los autos se dividen en franjas el año y el costo, y la variación depende del lugar donde están ahora empadronados. Según Zimmer, los autos de 2007 en adelante son los que más aumentos tendrán. “Esperábamos una comprensión más grande; evidentemente, los legisladores están lejos de las intendencias”, concluyó el jefe comunal de Colonia.