La documentación que se puede consultar en http://ahpn.lib.utexas.edu/es abarca los registros de las fuerzas de seguridad de Guatemala de 1960 a 1996, cuando el país sufrió una guerra civil, y también pone a disposición todos los archivos que dan cuenta de los experimentos con enfermedades de transmisión sexual -patrocinados por el gobierno de Estados Unidos- que se hicieron en ese país en la década de 1940.
Las páginas de Franco
También España está a pocos pasos de liberar un paquete de más de 10.000 documentos clasificados por distintos departamentos militares entre 1936 y 1968, durante la época del franquismo.
El Ministerio de Defensa, liderado por Carme Chacón, estudió esos documentos y concluyó que ya no suponen un peligro para la seguridad y los intereses nacionales, informó la española Cadena Ser.
Los documentos incluyen información sobre actividades clandestinas, espionaje, planes de respuesta ante agresiones nacionales o extranjeras, información sobre los proyectos nacionales de construcción de armamento y entrega de material militar por parte de Estados Unidos.
De concretarse, ésta sería la mayor desclasificación de la historia de la democracia, pero no dependerá del gobierno socialista saliente, sino del que asumirá el 21, del conservador Partido Popular. Si bien la revisión se terminó en octubre y fue presentada al Consejo de Ministros -que debe aprobar la desclasificación- el tema quedó estancado por las elecciones. Ahora será el próximo ministro de Defensa designado por el nuevo gobernante español, Mariano Rajoy, quien defina si presentará la solicitud de desclasificación ante el Consejo de Ministros.
Desde el viernes, unos 13 millones de folios pueden ser consultados en la página web albergada en Estados Unidos, gracias a la colaboración entre el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Longhan de ese país y el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN), que las digitalizaron. El archivo guatemalteco dispone en total de 80 millones de páginas. Los originales están conservados bajo estrictas medidas de seguridad porque sirven como pruebas en varios juicios por violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna.
Según relata la página web del AHPN, los documentos comenzaron a ser descubiertos en 2005, cuando oficiales de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala investigaron la antigua sede de la Policía Nacional en la capital, que estaba entonces abandonada. Entre ratas y cucarachas, descubrieron varios cuartos con documentos apilados del piso hasta el techo, algo similar a lo ocurrido con los llamados Archivos del Terror, los de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. En Guatemala, como en Paraguay, se aseguraba que tales registros ya no existían. Así se descubrieron los archivos de la Policía Nacional guatemalteca que remontan hasta 1882, cuando esa institución cumplía 10 años.
Más adelante se encontraron más registros policiales -unos seis millones de folios- en otras zonas del país. Esos 80 millones de hojas ocupan, según la página web, “casi 8.000 metros lineales de documentos”, y es “el repositorio de documentos más grande que jamás haya sido puesto a la disposición de investigadores de derechos humanos”.
Debido a su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos, la Policía Nacional de Guatemala ya no existe como tal. Fue sustituida por lo que hoy es, a raíz de los Acuerdos de Paz de 1996, la Policía Nacional Civil. El AHPN depende hoy del Ministerio de Cultura y Deportes, a cargo de la dirección del Archivo General de Centroamérica, el archivo nacional de Guatemala.
Con el tiempo, el AHPN se convirtió en actor clave en los juicios por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y también en todo lo referido a la memoria histórica. El archivo es consultado por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, organizaciones civiles, así como amigos y familiares de desaparecidos y asesinados.
Un miembro del equipo directivo del proyecto de recuperación del AHPN dijo como ejemplo a la agencia de noticias IPS que “sólo en el caso de la desaparición [el 18 de febrero de 1984] de Fernando García, un sindicalista y dirigente estudiantil de la época, el archivo entregó al tribunal 667 documentos”. Dos ex agentes policiales, fueron condenados a 40 años de prisión por la desaparición forzada de García.
Según Fuentes, el archivo también aportó elementos para arrestar este año al general retirado Héctor López, quefue jefe del Estado Mayor del Ejército, por genocidio contra más de 300 personas entre 1978 y 1985.
Esos documentos también permitieron probar la veracidad del Diario Militar, un documento secreto original entregado a la investigadora estadounidense Kate Doyle, del Instituto Nacional de Archivos de Seguridad, que lo estudió, analizó y divulgó en 1999.
Ese diario contiene datos como el significado del código 300, que significaba que la víctima había sido “ejecutada”. Ese diario comenzó a escribirse tres semanas después del golpe de estado que llevó al poder a Óscar Mejía Víctores en 1983.
El coordinador de AHPN, Gustavo Meoño, dijo al diario guatemalteco Prensa Libre que “la apertura de este sitio web, además de ser la manera más democrática de asegurar el acceso ciudadano a la información, hace irreversible el proceso de apertura a estos documentos”.