Ayer se esperaba que el directorio del PN postergara el tratamiento del documento que presentó el presidente del partido, Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional, Una), quien propone reformas en la orgánica. Según informaron integrantes del directorio a la diaria, Lacalle pretendía que el documento, denominado “Pensamiento nacional, acción popular”, fuera discutido en la comisión delegada de la Convención Nacional, y nadie planteó reparos a esa idea, aunque los directores de Alianza Nacional (AN) aclararon que presentarían en las próximas semanas aportes sobre “la estrategia y comunicación” del partido, y no tanto reformulaciones orgánicas.
Sin embargo, luego de que se había resuelto derivar estos insumos a la comisión delegada, llegó el senador Luis Alberto Heber (Una) y planteó que el texto elaborado por Lacalle debía ser tratado por la Comisión de Asuntos Políticos, de menor concurrencia y donde se analizan todos los documentos presentados, y no por la comisión delegada, ya que, a su entender, “el documento es personal y no representa a la Una”. En declaraciones a la prensa, Heber agregó que la discusión no se debe dar con “opiniones solamente de una persona, sino de Una, debe haber un razonamiento colectivo de nuestra agrupación”.
En respuesta a dicho planteo Lacalle dijo que no tiene “culpa” de que “nadie haya tenido lapicera en enero”. “Yo lo que hice fue trabajar”, sostuvo, y aceptó que el documento pase a la Comisión de Asuntos Políticos porque “igual lo voy a presentar en la comisión delegada”. Finalmente, se resolvió dedicar cuatro jornadas de las dos primeras semanas de marzo al estudio de todos los materiales que elaboren sobre este tema AN y Una.
Errores
El directorio también expresó su apoyo al diputado y ex intendente de Durazno Carmelo Vidalín, luego de que la fiscal de Durazno Patricia Lanzani pidiera su procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión por el delito de abuso innominado de funciones y la jueza penal María Constanza Farfalla solicitara su desafuero parlamentario. Las irregularidades se enmarcaron en el manejo de dinero y materiales donados para solucionar la situación generada en el departamento debido a las inundaciones de 2007. Ayer Vidalín explicó ante el directorio, y más tarde ante la bancada de legisladores de Una, su versión de los hechos, cosa que no hizo ante la sede judicial, ya que se amparó en sus fueros como legislador para no ir a declarar.
El pedido de procesamiento se fundamenta en la constatación de irregularidades en el cumplimiento de un convenio que la Intendencia de Durazno (ID) había firmado con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), por el cual la secretaría entregaría 4.700.000 pesos en dos partidas para destinar a la refacción de viviendas. El MVOTMA consideró que la primera partida, correspondiente a la mitad del total, no fue utilizada para la refacción de los hogares, por lo que no entregó la segunda. Además, se lo acusa de no haber concretado la construcción de cinco casas prefabricadas donadas, y de la desaparición de 20 contenedores y otras tantas lonas.
Sobre la partida del MVOTMA, Vidalín dijo ayer a la diaria que el dinero “llegó ocho meses después de las inundaciones”, cuando la comuna había aportado tres millones y medio de pesos para apoyar a las familias evacuadas. Señaló que cuando llegaron los recursos se usaron para pagar los alquileres atrasados y destacó que el gasto fue avalado por el Tribunal de Cuentas. En relación con la construcción de las casas prefabricadas, el ex intendente aseguró que se construyeron (lo que no consta en la sede judicial) pero se entregaron tiempo después de las inundaciones, para hacerlo al mismo tiempo que se entregaban viviendas construidas por MEVIR. “Se hicieron las viviendas, pero eran 42 las familias sin vivienda, si en ese momento entregábamos cinco quedaban 37 familias sin vivienda, ya que se las estaban construyendo por MEVIR, y si a cinco se las regalaban se iban a desmotivar”, justificó Vidalín.
El dirigente de Una consideró que en el pedido de procesamiento “puede haber errores, como los hubo también de mi parte al frente de una situación de emergencia”. “Frente a una conmoción uno lo que pretende es dar respuesta inmediata a la gente, y a veces algunos trámites administrativos se obvian, porque lamentablemente los tiempos del gobierno nacional no son los mismos que los del gobierno departamental”, se excusó.
Cuando retomen su trabajo los legisladores, la comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja deberá resolver sobre el pedido de desafuero de Vidalín, que debe ser aprobado con dos tercios de los diputados. Vidalín dijo que no pedirá a sus colegas que mantengan ni que retiren sus fueros: “La comisión será la que decidirá”, manifestó.