Valiosa Amazonia
La filial ecuatoriana de la petrolera estadounidense Chevron fue condenada por un tribunal a pagar 8.000 millones de dólares por las prácticas, en los años 70 y 80, de la empresa Texaco que compró en 2003. El juicio duró 17 años y es considerado una gran victoria para las comunidades indígenas ecuatorianas agrupadas en el Frente de Defensa de la Amazonia, que denunciaron el daño medioambiental causado por la compañía. La multa es una compensación por los daños causados por sus actividades en la Amazonia. La demanda original reclamaba 27.000 millones de dólares para la limpieza y para revertir las secuelas al medio ambiente y a las poblaciones indígenas. “Es la mayor sentencia en la historia de la humanidad”, exclamó ante la prensa Pablo Fajardo, el abogado principal de los denunciantes. Chevron dijo en un comunicado que “el fallo de la corte ecuatoriana es ilegítimo e inaplicable” porque a su criterio “es producto de un fraude y totalmente contrario a lo que aduce la evidencia científica”, y que se asegurará que los responsables respondan “por sus acciones y su conducta impropia”. La sentencia concluyó que el área afectada por contaminación de hidrocarburos alcanza los 7,39 millones de hectáreas.
Los jueces de la Corte ecuatoriana, Nina Pacari y Roberto Bhrunis, entregaron hace una semana sus respectivas conclusiones sobre los interrogantes que el presidente Rafael Correa quiere someter a consulta popular. Ahora el pleno de esa corte analiza los dos trabajos y tiene hasta el lunes para pronunciarse. Si no lo hace, las preguntas quedarán tal como las planteó Correa el 17 de enero.
Las cinco preguntas sobre las que se pronunció Pacari son las que requieren enmendar la Constitución. La primera pretende, según el texto publicado por la Presidencia de Ecuador, que se “cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva”, y Pacari estimó que puede ir a referendo. El gobierno quiere solucionar con esa reforma el problema de la justicia, que no logra cumplir los plazos establecidos para procesar a una persona detenida y dejarla libre antes de ser juzgada. Los detractores de la enmienda consideran que el problema no es el plazo sino las deficiencias del sistema judicial y que aumentando el tiempo no se solucionará el desfasaje.
Las otras cuatro preguntas sobre las que se pronunció Pacari deberían ser estudiadas por una Asamblea Constituyente, según ella. Por ejemplo la número dos, que propone que “las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves” y busca así terminar con los abusos de algunos jueces que establecen medidas sustitutivas en beneficio de narcotraficantes y asesinos. Los opositores a esta modificación sostienen que es un ataque a los Derechos Humanos porque un Estado no puede tener presos sin sentencia.
La tercera pregunta pretende “prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente”. El objetivo es que esos grupos de poder no enfrenten “conflictos de intereses”.
Los que están en contra de la pregunta afirman, como lo plantea el diario opositor El Comercio, que es una “medida discriminatoria”, porque apunta a los accionistas de medios de comunicación. “¿Por qué a ellos y no a los dueños de hospitales privados, por ejemplo?”, retruca. Además denuncia que la ley “habla únicamente de los medios privados” cuando “también hay conflictos de intereses” en los medios públicos. Pero Correa cree que los medios privados, en su mayoría opositores, buscan desestabilizar a su gobierno porque tienen otros intereses, como ocurrió, a su entender, el 30 de setiembre. Respecto al ámbito financiero, algunos argumentan que “los capitales bancarios se van a concentrar” porque los pequeños accionistas no van a poder tener otros negocios y venderán sus acciones.
La cuarta y la quinta pregunta del proyecto de referendo plantean medidas para reformar el sistema judicial. La primera apunta a crear una comisión que se encargue de la reforma y la segunda pretende modificar la integración del Consejo de la Judicatura, organismo encargado, por ejemplo, de nombrar y ratificar jueces, vocales y fiscales. Ante estos dos puntos, la oposición denuncia un “desenfadado intento del Ejecutivo de controlar la justicia”. Pero el oficialismo asegura que esa reforma es necesaria para poner fin al aumento de la delincuencia porque la justicia no está funcionando.
El magistrado constitucional Roberto Bhrunis se pronunció a favor de someter a referendo las cinco preguntas que no requieren modificar la Constitución. Éstas proponen que “sea delito el enriquecimiento privado no justificado”, como lo es el de los funcionarios públicos; prohibir “los negocios dedicados a juegos de azar” para luchar contra la ludopatía, y “los espectáculos públicos donde se mate animales”, como es el caso de las corridas. Este último ítem se basa en un artículo de la Constitución que declara constitucionales los derechos de la naturaleza, pero sus detractores advierten que violaría las libertades individuales.
La cuarta pregunta estudiada por Bhrunis es la que propone regular los contenidos de los medios de comunicación que sean violentos, sexuales y discriminatorios. Para Correa, los medios suelen priorizar “las ganancias de los grandes grupos de la industria del entretenimiento” y no el bienestar de la sociedad. La última consulta pretende que se considere un delito la no afiliación de un trabajador a la seguridad social.
Ayer el ex periodista y ahora activista opositor Carlos Vera denunció el proyecto de referendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque violaría la Convención Interamericana en la materia, ya que el mecanismo, “aunque democrático, versa sobre medidas totalitarias y busca legitimar y consagrar en Ecuador una dictadura similar a la del presidente Hugo Chávez en Venezuela”. Si la CIDH acepta la demanda, el gobierno de Correa deberá autorizar que una misión del organismo viaje al país para investigar el asunto.