Meses atrás el gobierno de Chile rechazó estudiar un indulto propuesto por la Iglesia católico con motivo del Bicentenario argumentando que iba en la dirección opuesta a la política oficial contra el delito. Ahora, con más de 50.000 reclusos hacinados en una infraestructura para 34.000, el Ejecutivo presentará un paquete de medidas para descongestionar el sistema carcelario que incluye un indulto similar.
Algunos de los puntos de la propuesta fueron expuestos por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a parlamentarios de todos los partidos políticos y al titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter. Se sustituiría las penas de cárcel con medidas cautelares a los reos que tengan penas inferiores a un año, quienes cumplan un régimen de reclusión nocturna y a las reclusas con buena conducta que hayan cumplido dos tercios de sus penas. También se aplicaría un indulto generalizado a los presos mayores de 80 años y a los enfermos terminales, siempre que no estén condenados a cadena perpetua, indicó el diario chileno La Nación.
Éste es el punto áspero del proyecto, ya que podría beneficiar a presos por violaciones a los derechos humanos. Serían “uno o dos”, según el senador opositor Fulvio Rossi, quien en declaraciones a la chilena Radio Cooperativa indicó que uno de los responsables del hacinamiento es “el discurso político [...] de hacer pensar a la gente que con más penas y cárceles resolvemos el tema de la seguridad”.
El portavoz de la opositora Concertación, José Antonio Gómez, dijo que esa coalición está dispuesta a trabajar en el proyecto, que favorecería a entre 4.000 y 5.000 presos, para solucionar el tema del hacinamiento. Pero, puntualizó: “El límite fundamental es que no beneficie a violadores de Derechos Humanos”, quienes “fueron condenados después de una larga investigación y deben cumplir su condena”.
En el sentido contrario, el diputado oficialista Alberto Cardemil indicó a Radio Cooperativa que espera que el gobierno aplique la legislación “en forma pareja y no discriminatoria. Éstas son normas para todos los chilenos, no para civiles o militares”. Cardemil, quien fue subsecetario de Interior durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), sostuvo que “es una obligación elemental del gobierno mantener la igualdad ante la ley y eso irá planteado así”.
Otro argumento que expuso el senador opositor Patricio Walker fue que los tratados internacionales firmados por Chile establecen “que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar”.
Luego de iniciado el debate en los medios de comunicación, Hinzpeter dijo, como presidente en funciones -porque Sebastián Piñera está en una gira por el exterior que ayer lo llevó a España-, que “el paquete de medidas no tiene que ver tanto con un indulto” como con descongestionar las cárceles.
Por otra parte, el presidente del Senado, el opositor Jorge Pizarro, criticó los cambios de postura del Ejecutivo en cuanto a la situación carcelaria y lo instó a que “haga un mea culpa, le pida disculpas y dé explicaciones a la Iglesia Católica”, a la cual “descalificó brutalmente” al rechazar su propuesta de indulto en julio del año pasado, cuando se celebró el Bicentenario de la independencia.