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Pedro Bordaberry, ayer, en la Asamblea General.

Foto: Javier Calvelo

Arriba las manos

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FA cuestionó campaña de recolección de firmas del PC por usar un “tema sensible para sacar rédito electoral”.

Por unanimidad, la Asamblea General aprobó ayer los acuerdos alcanzados en la comisión bicameral sobre seguridad pública y adolescentes infractores, y se resolvió que todos ellos se conviertan en ley antes del 31 de mayo. Unidad Nacional, el sector liderado por Luis Alberto Lacalle, resolverá la semana que viene si se suma o no a la campaña de recolección de firmas para aplicar, a partir de los 16 años, el régimen penal adulto.

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Entre los acuerdos de mayor importancia (ver recuadro) se encuentran la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente como servicio descentralizado y una serie de cambios al Código de la Niñez y Adolescencia (CNA). Estas propuestas se enviarán en un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que, según acordaron entre todos los partidos, se aprobará antes del 31 de mayo.

Todo bien

La comisión bicameral que funcionó desde diciembre del año pasado acordó:

-Crear un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, que luego de un período de transición, se convertirá en un servicio descentralizado. -Convertir la actual comisión bicameral en una comisión de seguimiento del nuevo instituto. -Penar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad, y analizar la penalización de la tentativa y complicidad de los delitos graves. -Establecer penas mínimas y máximas para las distintas infracciones. -Ampliar el plazo para que los jueces dicten sentencia de 60 a 90 días en casos de delitos gravísimos, y aclarar en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que la falta del informe del INAU no impide el dictado de sentencia.

El mantenimiento de los antecedentes de los menores cuando pasan a ser mayores de edad también será incluido en dicho proyecto de ley. Según informó ayer el diputado Julio Bango (Partido Socialista, Frente Amplio), presidente de la comisión bicameral, los legisladores del FA presentarán una propuesta para modificar el artículo 222 del Código de la Niñez y Adolescencia y establecer “como excepción el mantenimiento de los antecedentes para el caso de los delitos gravísimos; rapiña, secuestro, homicidio doloso, violación y copamiento”. Los asesores jurídicos del FA estudian la posibilidad de que el mantenimiento de los antecedentes sea una facultad del juez al momento de dictar sentencia, y prevén que se puedan mantener, como máximo, por la misma cantidad de tiempo que se penó con privación de libertad a la persona. Luego de ese período, los antecedentes se eliminarán. Según explicó Bango, con esta medida se pretende darle más criterios de evaluación al Ministerio del Interior “al tiempo de proceder a la liberación anticipada de reclusos adultos”, que se estima se hará a mediados de año.

La comisión no alcanzó acuerdos en relación al aumento de las penas reclamado por la oposición, ni sobre la aplicación del Código Penal a los adolescentes de 16 años en adelante, reclamo por el que el Partido Colorado (PC) está juntando firmas. “Entendemos que la propuesta es contradictoria, incoherente, inútil e ineficaz para mejorar la seguridad”, consideró Bango.

Los colorados defendieron su campaña para reformar la Constitución. “Estamos orgullosos de ser protagonistas y de aportar la herramienta para que las mayorías, que estaban muy tranquilas y pasibles frente a lo que venía pasando, entiendan que la sociedad puede movilizarse”, reivindicó el diputado Germán Cardoso (Vamos Uruguay, PC), al tiempo que criticó al FA, al Partido Independiente, al sector blanco Alianza Nacional (AN) y al PIT-CNT, que se oponen, porque “le temen a esta instancia”. “Nunca se nos ocurrió como partido hacer una contracampaña”, dijo en referencia a los contactos que comenzaron entre estos partidos, y recordó que desde 1985 hubo 17 instancias de democracia directa. Para Cardoso: “Están buenas las soluciones [acordadas], pero no alcanza, no van a dar respuesta a los índices de criminalidad”. El diputado Aníbal Pereyra (MPP, FA) retrucó que el FA “jamás utilizó estos temas sensibles para querer sacar un rédito electoral”. Bango aseguró que el gobierno debe asumir “la imposición del orden interno, la prevención, la disuasión y la represión cuando sea necesaria, pero nunca deberemos perder de vista que para ser realmente eficaces debemos luchar por la eliminación de las fuentes sociales de la explotación, la dominación y la desigualdad”.

Luego de la sesión de la Asamblea General, la bancada de legisladores de Unidad Nacional se reunió para tomar postura respecto a si apoyar o no la recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado. Según contaron algunos legisladores anoche, la resolución se tomaría la semana que viene, aunque hay varios diputados que quieren manifestarse a favor: Carmelo Vidalín, Ricardo Berois y Nelson Rodríguez. José Carlos Cardoso, en tanto, presentó ayer a Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle un proyecto alternativo a la reforma constitucional pero con el mismo fin.

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