Para el Ministerio de Justicia de Brasil, una de las prioridades es el desarme de la población, para lo que prepara una campaña, que inicialmente se lanzaría en junio. Pero después del ataque a tiros de la semana pasada en la escuela Tasso da Silveira, el ministro José Eduardo Cardozo anunció que esta campaña comenzará el 6 de mayo, cuando se cumpla un mes de la tragedia. “Tenemos que luchar fuertemente contra esa cultura de armamento, que hace que personas, muchas veces con sus facultades mentales alteradas, cometan este tipo de atrocidades”, dijo Cardozo, y aseguró que desde el momento en que las campañas de desarme comienzan, los índices de violencia empiezan a decaer.
La propuesta del ministerio consiste en que el gobierno pague el valor del arma a quien la entregue a la Policía, mientras la organización civil Viva Rio sugirió a las autoridades que también se pague por las municiones, y propuso que quienes reciban las armas no sean sólo los policías. En la campaña realizada en 2008 y 2009, en la cual sólo la Policía recibía las armas, se retiraron del mercado 30.000 unidades, mientras que en la anterior, en 2004 y 2005, que contó con la participación de organizaciones civiles, iglesias y policías, las armas retiradas fueron 459.000, informó la cadena O Globo.
Mientras los 54 profesores y 12 funcionarios de la escuela Tasso da Silveira reciben apoyo psicológico y las clases continúan suspendidas, el diputado Sandro Mabel instó en el Congreso a acelerar la tramitación de uno de sus proyectos de ley, que propone la instalación de detectores de metales en la entrada de las escuelas públicas.
En cuanto a la legislación, el presidente del Senado, José Sarney, anunció que presentará una iniciativa para convocar a un plebiscito en el cual se votaría si se desea prohibir la comercialización de armas de fuego en el país. Actualmente se permite la venta de armas sólo a personas que están autorizadas a portarlas, al igual que en Uruguay.
Con el resultado de ese plebiscito y con el aval de la población, el Congreso podría modificar el Estatuto de Desarme para prohibir la compraventa de armas. Esta propuesta obtuvo el respaldo de la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário, quien declaró que el desarme es prioridad de todo el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. También lo apoyaron algunos líderes de bancadas, incluso de las opositoras, pero algunos legisladores oficialistas lo rechazaron. Uno de ellos fue Paulo Paim, del Partido de los Trabajadores, quien opinó que lo que se debería implementar es un mayor control sobre la venta de armas a la población civil autorizada.
El comercio clandestino de armas mueve millones de dólares en Brasil, suele involucrar a integrantes de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas, y nutre de armamento tanto al narcotráfico como a cualquiera que desee disponer de un arma, como el joven que entró a la escuela carioca.