En octubre de 2009 el Parlamento sancionó la ley de derecho a la identidad y cambio de nombre, que permitiría a travestis y transexuales modificar en las partidas de nacimiento, credencial cívica, cédula de identidad y otros documentos su nombre, de acuerdo con la identidad que hubieran adoptado. En junio del año pasado el Poder Ejecutivo reglamentó la ley 18.620 y dispuso la creación de una comisión asesora dentro de la Dirección de Registro de Estado Civil, que sería la encargada de estudiar cada caso, en un período de 150 días, y recomendar a los jueces de familia el cambio de nombre. Esta comisión, sin embargo, todavía no fue creada.
KM 0, una organización de población trans (travestis y transexuales), creada en 2010 por las activistas María Paz Gorostizaga (ex Ovejas Negras) y Josefina González, convocará una movilización los primeros días de mayo frente a la Dirección del Registro de Estado Civil y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para reclamar “por nuestro derecho civil al nombre, que está totalmente negado y obviado”, confirmó a la diaria González.
El director general del MEC, Pablo Álvarez, señaló que a diez meses de la reglamentación todavía no se conformó la comisión. “Más allá de lo que desearíamos viene bastante lento”, dijo a la diaria. Según explicó, se había intentado crearla con profesionales de ASSE, lo que no se logró, y actualmente se quiere lograr pases en comisión de funcionarios del Ministerio del Interior (MI) para poder integrarla. El grupo se crearía con una asistente social, un médico psiquiatra y un psicólogo provenientes de la cartera encabezada por Eduardo Bonomi, y según Gorostizaga y González es desde el MI que se demora el pasaje de los funcionarios. Álvarez estimó que la demora se debe a dificultades administrativas. Para González, en cambio, el hecho denota “la falta de voluntad política” del titular del Registro de Estado Civil, Adolfo Orellano.
Según las activistas, entre 40 y 50 casos estarían trancados por esta demora. Los interesados deben presentar una solicitud ante los juzgados de familia, que luego se deriva a la comisión multidisciplinaria del Registro de Estado Civil. “Nos duele porque nos modificaron un montón de cosas”, dijo Gorostizaga, quien explicó que en el proyecto original, por ejemplo, se permitía el cambio de nombre a los 15 años con una rectificación a los 18 años, pero finalmente se aprobó que fuera a partir de los 18. “Lo hacíamos para no seguir promoviendo la deserción escolar”, porque “a una chica de 15 o 16 años le van a seguir llamando Pedrito”, explicaron. “Tuvimos que transar y ahora no sale”, lamentó Gorostizaga.
La identidad y lo que conlleva
Además de negarse el derecho a la identidad, Gorostizaga señala que al no cumplirse con la ley, “se transversalizan muchísimas cosas, como el no ir a una policlínica, no ir al liceo porque no tenés documento, no buscar trabajo”. Según los datos aportados por ambas, en Uruguay se estima que hay cerca de 4.000 y 5.000 personas trans concentradas en Montevideo, Maldonado, Mercedes y Paysandú, de las cuales “la mayoría, 99%, no tiene laburo”. “La mayoría es expulsada de su hogar, tiene que ejercer el comercio sexual -porque el estómago no espera-, y ni que hablar del efecto rebote: promiscuidad, drogradicción, enfermedades, es todo una cadena”, graficó Gorostizaga. En América Latina, la esperanza de vida de la población trans ronda los 35 años, y, por ejemplo, el mes pasado hubo tres suicidios, relató la activista.
Gorostizaga dice que la población trans es “el último orejón del tarro” a nivel estatal, aunque repite que no quiere “victimizarse”. “Nunca hubo una política concreta para esta población. El Mides [Ministerio de Desarrollo Social] nunca se nos acercó. Cuando el Plan de Emergencia, la población más vulnerable y pobre de la comunidad trans eran ‘hombres sin familia a cargo’ para ellos”, señaló. Por estos temas el diputado Sebastián Sabini (MPP, Frente Amplio) convocó una reunión entre las integrantes de KM 0 y Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Mides, en la que se acordó crear un equipo de trabajo para “incorporar dispositivos específicos para la población trans”, según aseguró Scagliola a la diaria.
“La población trans, y en particular la femenina [hombres que se identifican como mujeres], vive una de las peores situaciones de exclusión social”, reconoció Scagliola. Aunque dijo que falta información cuantitativa y cualitativa sobre este grupo, resumió en la baja expectativa de vida y la necesidad de vivir de la prostitución algunos de los principales problemas que enfrentan. “Las políticas sociales focalizadas que hemos tenido no han sabido responder a esa situación”, admitió el director del Mides, quien dijo que a su entender “se debe considerar a la población trans un colectivo en situación vulnerable o en situación de exclusión social aguda”.
Scagliola aseguró que el equipo de trabajo formado en el ministerio -que también está en diálogo con otras organizaciones de población trans como Ovejas Negras- buscará estudiar en qué programas de los ya existentes dentro del Mides se pueden generar mecanismos para incluir dentro de las políticas sociales a los trans. Uno de ellos, reclamado por la población trans, sería la tarjeta alimentaria o el programa Uruguay Trabaja. Aunque las dos activistas recordaron que las necesidades “urgen”, el jerarca advirtió que el trabajo recién comienza.
Cambiar la pisada
El año pasado un grupo de 22 personas trans realizó en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), por iniciativa de Ovejas Negras y con el apoyo de la ONG holandesa Mama Cash, un curso de embalaje artesanal, luego del cual se pretendía culminar con la formación de cooperativas de producción que pudieran insertarse en el mercado. El curso derivó en la formación de dos cooperativas, pero ninguna logró sustentarse y mantener su actividad. El director general del MEC, Pablo Álvarez, y Andrés Scagliola plantearon analizar por qué fracasó ese proyecto para pensar eventuales cambios para reeditarlo. “La idea sigue siendo una necesidad, un espacio de formación con eventual salida laboral. Solicité tener una mayor exploración respecto a por qué no funcionó, para tomar eso como punto de partida” de un próximo proyecto en el mismo Inefop, explicó Álvarez. Otro de los reclamos de KM 0 es que se restablezca el funcionamiento de la Comisión Honoraria contra el Raciscmo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación, que funciona en la Dirección de Derechos Humanos del MEC y tiene como uno de sus objetivos la recepción de sus denuncias por discriminación. “Sabemos de casos que suceden y deberíamos tener conformada la institucionalidad para poder recibir denuncias”, dijo Álvarez, y reconoció que actualmente la comisión no está integrada.
En pocas palabras
María Paz Gorostizaga y Josefina González, de la agrupación de personas trans KM 0, creen que ante las necesidades que tiene la población trans, la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario es “una burla”.
-¿Qué opinan sobre la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario? JG -Es absurda, es una burla para todas nosotras. Sabemos el padecimiento y la situación real de las trans, que se están muriendo de hambre, que no tienen trabajo, y no hay un trabajo real para solucionar eso. Hay cosas más importantes que casarse. MPG -Más en este momento del país. Si vos me decís en diez años, que se haya logrado todo esto, que todos somos ciudadanos iguales...
-No están en desacuerdo, sino que creen que hay otras necesidades antes que el matrimonio. JG -Estamos de acuerdo con que haya una generación de derechos para llegar a una igualdad, pero es un tema de prioridades. No estamos en desacuerdo, pero hay prioridades. MPG -Con esto queda demostrado el vacío legal y la falta de consideración, no sólo del Estado, sino de las organizaciones sociales. JG -No sólo se están violando nuestros derechos fundamentales en todos los sentidos, trabajo, vivienda, educación, a tener un nombre, sino que también estamos siendo ninguneadas por nuestra propia comunidad. MPG -Hasta ahora nos callamos porque la comunidad tiene que estar unida. JG -Invitaría a los diputados y a quienes están trabajando en esto a ir a la calle a preguntarles a las compañeras que están trabajando cuántas se quieren casar. MPG -Y cuántos gays se quieren casar también. Ojo, muchas veces es una fantasía romántica de mucho mariquita.
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