Chile vive la previa de las manifestaciones del viernes y sábado, contrarias a la instalación del proyecto HidroAysén en la Patagonia chilena. Desde Renovación Nacional, el partido del presidente Sebastián Piñera se pidió al gobierno “mano dura”. El vicepresidente de la formación, Juan Pablo Camiruaga, hizo un llamado a los intendentes y a las autoridades nacionales: “dejemos de ser los buenos compañeros y entreguemos facultades a Carabineros para que castiguen duramente a quienes se manifiesten violentamente”.
Por orden del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, los Carabineros suspendieron ayer el uso de gases lacrimógenos, luego de que su uso fuera duramente cuestionado en las últimas protestas organizadas por el tema HidroAysén. Hinzpeter informó que se realizarán estudios médicos y científicos para evaluar el impacto de los gases lacrimógenos en quienes los inhalan para que la polémica “se disipe”.
La decisión del gobierno fue valorada positivamente por los líderes ambientalistas que comenzaron la campaña contra HidroAysén en los últimos meses. Las próximas manifestaciones, a las cuales se sumaron organizaciones civiles de toda índole, están previstas para viernes y sábado, esta última fecha coincide con la “cuenta pública” de Piñera ante el Congreso.
El líder de la organización Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, dijo al diario chileno La Tercera que el efecto de las bombas lacrimógenas fue “más fuerte” que de costumbre cuando se utilizaron en la marcha del viernes. “Siendo los clientes que probamos el producto, sentimos que algo ha cambiado”, dijo. Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, respaldó esta opinión y reiteró la denuncia acerca de la fuerte represión de parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que el viernes impidieron que los cerca de 30.000 manifestantes se acercaran al Palacio de La Moneda, con la ayuda no sólo de gases lacrimógenos, sino también de carros lanza agua. Rodrigo agregó que “incluso estudiantes, que son clientes frecuentes de este tipo de disputas con los carabineros, reconocieron que hubo una fuerza desmedida”.
La participación en las protestas, que son casi diarias, fue masiva. Según un sondeo publicado por La Tercera el 74% de los chilenos rechazan la instalación de la hidroeléctrica en la Patagonia.
Cuestión de vatios
El proyecto HidroAysén consiste en la construcción de cinco represas en el seno de la Patagonia chilena, en la región de Aysén, y de concretarse sería el proyecto energético más grande en la historia del país. Fue presentado en 2008 y su aprobación fue informada el 9 de mayo por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que analizó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la multinacional Endesa y la chilena Colbún, encargadas del proyecto.
Las cinco represas estarán sobre los ríos Pascua y Baker, que junto a otros de la región de Aysén conforman una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, con una importante cantidad de biodiversidad y ecosistemas. En esa región viven unas 90.000 personas que en acuerdo con el gobierno local defienden que los rubros económicos -pesca, plantaciones y turismo- sean amigables con el medio ambiente, por lo cual rechazan la industrialización de la región. Además de las organizaciones ecológicas, este proyecto, que generaría una media anual de 18.400 gigavatios por hora, es rechazado por entidades civiles de la Patagonia, como la Coalición por Aysén Reserva de Vida, que hace años velan por mantener la zona “poco contaminada”.
El proyecto de HidroAysén, con una inversión de 3.200 millones de dólares, también implicaría la inundación de varias zonas habitadas, algunas de ellas consideradas tierras ancestrales por los mapuches.