La votación de las reformas del Código Forestal brasileño, que data de 1965, estaba prevista para el 11 de mayo, pero fue pospuesta una y otra vez porque las bancadas aliadas del oficialismo no lograban alcanzar un acuerdo. Finalmente, a última hora del martes, las reformas fueron aprobadas y ahora irán rumbo al Senado, donde se prevé que corran con la misma suerte.
Ambiente hostil
Preservar la Amazonia, cuidar su biodiversidad y paliar la deforestación no son sólo cuestiones legales. En la selva brasileña cientos de militantes trabajan con estos objetivos. Entre ellos se encontraban José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espíritu Santo da Silva, quienes fueron asesinados ayer en el norteño estado de Pará. Ellos vivían de la extracción de castaña y eran amenazados desde hace varios años por sus denuncias contra madereros que estaban interesados en deforestar zonas protegidas. En noviembre, Ribeiro cerraba su participación en un encuentro internacional asegurando que podía “recibir una bala en la frente en cualquier momento, por las denuncias contra los madereros”.
Si es así, terminarán en las manos de la presidenta, Dilma Rousseff, a quien los diez ex ministros de Medio Ambiente que ha tenido Brasil le escribieron una carta para pedirle que no aprobara el proyecto si no era modificado.
La reforma del Código está pendiente desde hace décadas en Brasil y en los últimos meses los distintos edificios gubernamentales fueron escenario de decenas de protestas contra los cambios a esa norma. La última fue liderada por Marina Silva, ex candidata presidencial del Partido Verde, quien no sólo firmó la carta de los ex ministros -cargo que ella ocupó durante el gobierno de Lula da Silva- sino que también leyó un comunicado ante los manifestantes en el que recordó a Rousseff sus promesas electorales. La mandataria prometió en campaña que no haría concesiones que permitieran más deforestación o que hicieran peligrar los ambiciosos compromisos ambientales del país, y eso es lo que hacen las reformas al código, según los ambientalistas.
Ante la carta de los ex ministros, Rousseff aseguró que si la reforma implica un retroceso en la protección de la Amazonia, ella la vetará, así como cualquier amnistía que se ofrezca a quienes deforestaron la zona selvática de forma indebida. La semana pasada, ante los nuevos datos de deforestación, que muestran que es mayor ahora que durante el gobierno de Lula, Rousseff declaró “la guerra” por la defensa de la Amazonia y aseguró: “Mandaría al Ejército si tuviera que hacerlo”.
Rousseff ya había rechazado el proyecto, al igual que el Ministerio de Medio Ambiente, y pidió a la bancada oficialista que no lo votara. Sin embargo, entre los votos a favor del proyecto se contaron 35 del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta, y los de casi todos los diputados de su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Ruralistas brasileños
La reforma del código fue impulsada por el sector agropecuario brasileño, que se convirtió en uno de los mayores del mundo y alcanzó exportaciones récords de productos como la soja y el café. En pleno crecimiento, el sector se muestra deseoso de ampliar sus zonas de trabajo y asegura que las áreas protegidas en la Amazonia son demasiadas. Para las modificaciones, los agropecuarios cuentan con un amplio respaldo legislativo, ya sea partidario -por ejemplo, por parte del PMDB, cuyas campañas cuentan con cuantiosas donaciones del sector- o por intereses personales, como el caso del diputado ruralista opositor Luis Carlos Heinze.
La Confederación Agropecuaria de Brasil celebró la aprobación de la reforma en Diputados: “Venció la legalidad, los productores rurales brasileños dormiremos confiados en que la ley nos protege, no nos persigue”.
En cambio, los ecologistas sostienen que las disposiciones en este proyecto no lograrán recuperar la superficie de bosque suficiente, que fomentarán la deforestación, porque el texto es permisivo y su aplicación es incierta. El PT logró que se aprobara una enmienda en la cual se establece la responsabilidad de los gobiernos estaduales y locales de decidir sobre las situaciones que no estén comprendidas en la ley.
De puño y letra
El nuevo Código Forestal reduce las áreas que deben ser recuperadas por quienes utilizan la tierra. Define como áreas de preservación permanente aquellas que, “cubiertas o no por vegetación nativa”, tienen la “función de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo genético de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas”. Entre estas áreas están incluidos márgenes y nacientes de ríos, además de cumbres y laderas de cerros, en las que no se permite la explotación. Hasta ahora, en una faja de 30 metros en los márgenes de los ríos, se debe reforestar el área que se explote, pero con el nuevo código la faja protegida se reduce a la mitad y la protección de laderas y cumbres de los cerros será más flexible.
Las reformas también reducen la reserva legal, que es la zona “ubicada dentro de una propiedad o posesión rural” que se considera “necesaria para el uso sustentable de los recursos naturales, la conservación y rehabilitación de procesos ecológicos y de la biodiversidad y la protección de fauna y flora nativas”, según el código actual. Esta reserva legal actualmente alcanza el 80% en la Amazonia y con la nueva legislación se reduce, aunque todavía no se sabe a cuánto.
El nuevo código establece una amnistía para cuantiosas multas por deforestación que les correspondía pagar a propietarios de tierras y a los considerados pequeños productores, con predios de entre 20 y 400 hectáreas. Éste es uno de los puntos más criticados por los ecologistas, e incluso por el PT, al punto que probablemente sea vetado por la presidenta Rousseff. El gobierno no cierra la puerta a perdonar algunas multas de pequeños productores, pero prefiere estudiar cada caso en particular y amnistiar por decreto, informó el diario Folha de São Paulo.
Para respaldar su proyecto, el autor, el diputado opositor Aldo Rebelo, sostiene que más de 90% de las propiedades rurales incumple con el código actual y que esto implica en total un territorio de 602.500 kilómetros cuadrados que deberían ser reforestados y no lo fueron. Un estudio de la Universidad de San Pablo aumentó esa cifra a 800 kilómetros cuadrados, informó la agencia de noticias Reuters Brasil.
Rebelo también se congratuló porque con su proyecto se “regularizaría el 90% de las propiedades rurales del país que estaban en situación de ilegalidad y se mantendrían las Áreas de Protección Permanente, algo que nadie en el mundo tiene”.