Para que un preso sea puesto en libertad condicional en Chile, debe disponerlo la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones, y lo debe autorizar un representante del Ministerio de Justicia: el secretario regional ministerial metropolitano de Justicia, comúnmente llamado en Chile “Seremi”.
Durante abril, la comisión estudió cerca de 2.000 solicitudes y dio su visto bueno a 198 de ellas. Entre esas personas beneficiadas, que demostraron buena conducta y cumplieron más de la mitad de su condena, hay cinco militares retirados apresados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Estos candidatos a la excarcelación son el ex jefe del centro de tortura Villa Grimaldi, Carlos López Tapia, condenado entre otros motivos por la detención y desaparición de la cúpula del Partido Comunista en 1976, y Víctor Pinto Pérez, condenado por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. A ellos se suman el suboficial de Carabineros retirado Primitivo Castro Campos, los mayores de Carabineros retirados Luis Romo Morales y Miguel Soto Duarte, el suboficial de Carabineros retirado Alejandro Molina Cisternas, condenados a cinco años y un día por secuestros calificados y homicidios.
El abogado especialista en derechos humanos Nelson Caucoto denunció la decisión y aseguró que “estos perdonazos violentan las garantías fundamentales” porque “se vuelve a victimizar a los familiares”, que son los que sustentan “la persecución penal de los autores de estos graves crímenes cometidos en la sociedad chilena”. En las mismas declaraciones, a la emisora local Radio U, también estimó que la medida es “una aberración porque además se han aplicado penas ínfimas, no de 25 o 40 años”.
En este contexto, integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), ocuparon ayer las instalaciones del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, explicó que se trata de una “ocupación pacífica”, motivada por la falta de respuesta por parte de las autoridades a sus solicitudes, y que el objetivo es “presionar para que el ministro [del Interior, Rodrigo Hinzpeter] cumpla” con sus compromisos. Según explicó Lira al diario chileno La Nación, Hinzpeter dijo que les “iba a dar respuesta a comienzos de diciembre del año pasado” pero todavía no los recibió ni les contestó.
La AFEP, según recordó el diario La Tercera, desea conversar con el gobierno sobre el proyecto de ley de interpretación del Código Penal, para que se acabe con las medidas mediante las cuales se puede liberar a violadores de derechos humanos y piden que el Estado sea parte en las más de 740 querellas de ejecutados políticos presentadas ante la Justicia. Lira concluyó: “Las autoridades no nos dejan otra alternativa, ya que el discurso sobre derechos humanos del presidente Sebastián Piñera no tiene relación con sus actos. Él no escucha a las víctimas de esos crímenes, sino únicamente a los victimarios”.