El ministro de Defensa, Nelson Jobim, aseguró la semana pasada que en las Fuerzas Armadas respetarían los derechos adquiridos por las parejas homosexuales desde que el 5 de mayo el Supremo Tribunal Federal las reconoció como uniones civiles, figura legal hasta ahora reservada a las parejas heterosexuales. Desde las Fuerzas Armadas se ha manifestado rechazo a la aceptación de homosexuales en sus filas. El año pasado el general del Ejército, Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, aseguró que serían aceptados siempre y cuando “su orientación sexual se mantenga en secreto”. Actualmente el general forma parte del Supremo Tribunal Militar.
Los derechos de la unión civil son aquiridos por las parejas del mismo sexo al anotarse en un registro y declararse en unión “con el objetivo de constitución familiar”. A partir de ese momento, ambos miembros de la pareja tienen derecho a pensión en caso de fallecimiento de uno de ellos, a herencia, y a adquirir beneficios de acceso a planes de salud. También tienen derecho a adoptar como pareja. Pero estos derechos podrían enfrentar obstáculos y rechazos antes de ser reconocidos en todos los tribunales de Brasil, por lo que en algunos casos deberá recurrirse a la Justicia para reclamar ese reconocimiento.
Uno de esos rechazos podría provenir del comando del Ejército. Uno de sus miembros -no identificado- manifestó al senador Marcelo Crivella -un evangélico que integra la bancada de la coalición de gobierno- su “preocupación ante (la posibilidad de que se torne) obligatorio aceptar homosexuales en sus filas”, informó el diario Folha de São Paulo. Crivella relató que quien se comunicó con él le expresó que se teme la promiscuidad entre soldados del ejército, “que pasan mucho tiempo solos en misiones en lugares aislados”.
Varios activistas homosexuales que celebraron el reconocimiento del Supremo Tribunal sostuvieron que la Justicia había sido más efectiva que el Congreso para reconocer sus derechos. Sin embargo, la resolución judicial también aceleró el trámite parlamentario del proyecto de ley que criminaliza la homofobia. El proyecto, ya aprobado en Diputados, se debatía la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pero los enfrentamientos entre senadores obligaron a suspender la votación.
“¡Quieren transformar a su hijo de entre seis y ocho años en homosexual en la escuela!”, decía un folleto que el jueves mostraba ante las cámaras el diputado Jair Bolsonaro cuando los medios entrevistaban a la senadora Marinor Brito, que está a favor del proyecto. Cuando Brito notó la presencia del diputado junto a otros parlamentarios detrás suyo, intentó correrlos e increpó a Bolsonaro gritándole: “Homofóbico, criminal, está usando fondos públicos para hacer ese folleto”. Otros legisladores intervinieron para calmar los ánimos.
Bolsonaro ya enfrenta una investigación del Consejo de Ética de la Cámara por realizar declaraciones racistas y homofóbicas en un programa de televisión.
La presidenta de la Comisión, Marta Suplicy, ya había suspendido la votación del proyecto para discutirlo con los parlamentarios que estaban en contra, en su mayoría evangélicos.
Folha informó que algunos cardenales se comunicaron con el presidente del Senado, José Sarney, para manifestarle su desagrado hacia el proyecto. El texto en debate propone castigar con entre dos y cuatro años de prisión a quienes discriminen a los homosexuales. La senadora Suplicy ejemplificó que se penalizaría a quienes impidan manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo en lugares públicos, a quien se niegue a vender un inmueble o cobre sobreprecio a una persona o pareja por ser homosexual, o a quien perjudique la promoción profesional por prejuicios.
Desde la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil se argumentó en una carta que el proyecto de ley limita la libertad de expresión porque “su intención real es colocar una mordaza en la sociedad y criminalizar a los que están en contra del comportamiento homosexual”.