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Jorge Saravia, Pablo Mieres y Jorge Larrañaga, ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

Foto: Victoria Rodríguez

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Saravia: en Uruguay hay 1.500 marginales armados que operan para el crimen organizado y que tienen el cerebro “contaminado por droga”.

Periodistas de los canales de televisión, representantes de los comerciantes, de los policías y de las víctimas de la violencia e integrantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo debatieron ayer en el “Foro sobre seguridad ciudadana. Tiempos de soluciones”, organizado por el Instituto de Estudios Cívicos, de la Unión Cívica. Uno de los más aplaudidos fue el senador Jorge Saravia, quien fundamentó su propuesta de que efectivos de las Fuerzas Armadas actúen en acciones combinadas con la Policía en las zonas marginales del país. Según Saravia, hay “una nueva sociedad en construcción”, integrada por cerca de 1.500 marginales que trabajan para el crimen organizado.

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Saravia reiteró que "la población se cansó del discurso de largo plazo" en materia de seguridad y pretende soluciones "ya". En opinión del senador, que aunque permanece en el Frente Amplio (FA) anunció que está trabajando para formar un "espacio republicano" en el Partido Nacional, el gobierno debe cambiar su concepto de seguridad: "Ya no existe el concepto de seguridad interna para las policías; hay esquemas de seguridad nacional, es decir, el ejercicio combinado de todos los poderes del Estado en el marco de la seguridad nacional". Esto se justifica, según Saravia, porque "las nuevas amenazas" a nivel nacional "no son los ejércitos convencionales sino una sociedad que está en construcción". Esta nueva sociedad, según Saravia, está conformada por "más o menos 1.500 marginales que operan en Uruguay al servicio del crimen organizado". Explicó que la marginalidad no surge en relación con la pobreza sino con "los parámetros de la sociedad occidental". Esta "nueva sociedad" se concentra en barrios en los que "el Estado no ha ocupado el lugar que ocupa el crimen organizado", que usa "mano de obra benigna y descartable". "Estamos hablando de un ejército armado, con sus cerebros contaminados por droga. ¿En diez años cuantos miles son? ¿Vamos a esperar?”, cuestionó. Saravia dijo que el gobierno "no reconoce" esta situación y que el Ministerio del Interior "va a tener que reconocer que las Fuerzas Armadas [FFAA] deben estar en la calle". "Es una decisión política. Cero tolerancia, si no esto no camina. Lo demás es todo discurso", aseguró. Según el senador, si la Policía quisiera tener presencia en los barrios marginales "precisa 4.000 policías más y no los va a conseguir". “¿No podemos usar 8.000 de los mas profesionales que tenemos, en coordinación con la Policía?”, preguntó en referencia a los efectivos militares. "Si no en unos años vamos a tener que pedir que los tanques entren y lamentar la cantidad de muertes de gente que no tiene nada que ver", culminó. Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional (Partido Nacional), dijo, después de la intervención de Saravia, que se alegraba de escuchar a un senador del FA haciendo ese tipo de propuestas. “¿Qué hubiera pasado si un senador blanco o colorado hubiera hablado de sacar militares a la calle? Se nos hubiera dicho poco menos que éramos fascistas. Me alegran estas iniciativas porque son removedoras de viejos esquemas", afirmó.

El baile del caño

P>Al comienzo del foro, el enfoque sobre la seguridad provino de los medios de comunicación. En el panel estaban el informativista de canal 4 Fernando Vilar y los dos periodistas encargados de las crónicas policiales de los canales 12 y 10 Nazario Zampayo y Aureliano Folle. Vilar comenzó diciendo que los medios se hn convertido “en el eje de la discusión sobre seguridad”. “Después de los menores infractores somos los peores de la película”, ironizó. Según su visión, los canales de televisión “son empresas comerciales, excepto el canal estatal, que bien puede ser una especie de ente testigo”, y que en ese marco, los informativos son ante todo “productos comerciales”. “Además de los límites que establece la ley, habría que establecer algunos a través de la ética, el equilibrio, la objetividad y todo eso, pero estableciendo algunos de esos límites -y yo no sé si lo que hacemos está bien o está mal, sólo estoy aportando al debate-, lo demás es un problema de la oferta del mercado”, consideró. En ese sentido, destacó que “aunque el discurso es otro, a los uruguayos les atrapan las noticias policiales”, y comparó el fenómeno con el baile del caño de Showmatch. “A nadie le gusta pero es la sección de los informativos que marca mejor”, enfatizó. El presentador de Telenoche dijo que los canales se encargan de mostrar “lo que pasa en la calle” y que es discutible el uso de la música -dijo que le parecía mal usarla- o el espacio que se les dedica a las noticias policiales. De todas formas, sostuvo que muchas veces se pasa “la mitad de lo que hay” y explicó que eso sucede porque canal 4 es el único que tiene diez cámaras destinadas a la crónica roja. De todas formas, reconoció que en Telenoche “a veces cometemos errores y a veces horrores” que se “intentan corregir e incluso se sancionan”, aunque destacó que es “una tarea humana” y que le “duele” cuando se acusa a los medios de la inseguridad: “Ningún canal de televisión asaltó un banco, no inventamos los asaltos a los Abitab”. Nano Folle dijo, por su parte, que la violencia es un tema “multifactorial” y estimó que los delincuentes, “si delinquen, es porque para ellos su vida no vale un centavo. Hay algo en el sistema que se rompió”. En ese sentido, aclaró que no es “defensor de los delincuentes”, pero opinó que la seguridad “es un tema de todos” y que en particular las condiciones de reclusión de los presos en Uruguay “es una deuda que tenemos todos”. Con respecto a este punto, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, enfatizó que para comenzar a solucionar la situación de las cárceles es necesario el fortalecimiento y la capacitación del personal y erradicar el consumo de drogas dentro de los establecimientos (en algunas cárceles dijo que cerca de 90% de la población consume). Garcé estimó que gran parte de la erradicación de la droga puede conseguirse con la aplicación de la ley que habilita a efectivos militares a revisar a las personas y vehículos que ingresan a los establecimientos. Si efectivamente se reduce, será necesario aplicar “alternativas reales de tratamiento” para los adictos, advirtió.

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