Las familias de las 846 personas que murieron en la represión a las manifestaciones de principio de año denuncian la lentitud de la Justicia a la hora de procesar a policías y funcionarios del Ministerio del Interior, que son vistos como principales responsables de las muertes.
El ex ministro del Interior, Habib al Adli, fue condenado en mayo a 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, pero la Justicia no lo ha molestado por la muerte de manifestantes.
En cambio el ex mandatario Hosni Mubarak, -que gobernó Egipto durante 29 años- fue acusado por el asesinato de manifestantes y su juicio empieza el 3 de agosto. De momento permanece hospitalizado en Charm el Cheik, el balneario en el que reside desde que dejó la presidencia.
Mubarak abandonó el poder el 11 de febrero y dejó las riendas del país en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, al que algunos egipcios critican por su manera de gestionar la transición. Los reparos no refieren sólo a las demoras judiciales, sino también a la lentitud en realizar las reformas que reclama la población. Éstas están empantanadas en los desacuerdos sobre el calendario electoral a adoptar, la nueva Constitución, y el lugar que debe tener la religión en las instituciones.
En las protestas, que vuelven a cobrar fuerza, se ven carteles que dicen “el pueblo quiere la renuncia del mariscal”, en referencia al rango militar del jefe del Consejo, Mohamed Hussein Tantawi.
En este contexto y coincidiendo con el anuncio de que la Justicia disolvió los Consejos Municipales -instituciones heredadas de Mubarak tachadas de corruptas- se reiteraron violentos enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad. Éstos dejaron el martes y ayer 1.136 heridos, publicó el diario egipcio Al Masry A Ayoum, citando un comunicado del Ministerio de Salud. En esos dos días, alrededor de 80 personas habrían sido detenidas.
Las explicaciones sobre cómo la situación quedó fuera de control son contradictorias, pero en base a las informaciones de las agencias de noticias Reuters, AFP y AP, se puede establecer que todo partió de un homenaje a las víctimas de las manifestaciones de principios de año, al que al parecer algunos familiares no pudieron entrar, intentaron forzar el paso, y la intervención de la Policía desembocó en agresiones que terminaron en la simbólica Plaza Tahir. En ese lugar, epicentro de las protestas contra Mubarak, todavía hay personas que acampan para presionar al gobierno a cumplir sus reclamos. A ellos se suman los familiares que protestan contra la represión y la falta de justicia.
Ayer varios líderes políticos salieron a condenar la violencia y denunciaron que el actual gobierno transitorio mantiene los mismos métodos que se aplicaban durante la era Mubarak. Entre esos líderes se cuentan los de algunos partidos recién fundados, como es el caso del Partido por la Libertad de Egipto, el de los Hermanos Musulmanes, que fue autorizado bajo este nuevo nombre.
Por su parte, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dijo que lo ocurrido se debió a personas malintencionadas que buscan atacar “la seguridad y estabilidad” del país.
Uno de los fundadores del Partido por la Libertad de Egipto, Georges Shahir, dijo a Al Masry A Ayoum que pueden haber sido “remanentes del régimen” de Mubarak quienes “intentaron causar problemas entre la gente y la Policía”. Pero agregó que aun así “sus intentos no habrían tenido éxito si la gente no estuviera enojada por la falta de rigor a la hora de juzgar a aquellos que son sospechosos de haber matado a manifestantes”.