“Sobornos en efectivo, favores sexuales y otros servicios a cambio de permitir el paso de contrabando o de inmigrantes indocumentados en los principales carriles de inspección” son las herramientas con las cuales los cárteles de la droga mexicanos, como Los Zetas, corrompen a los agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP) de Estados Unidos.
Así lo admitió ayer ante un subcomité de Seguridad Nacional del Senado el inspector general interino del Departamento de Seguridad Nacional, Charles K Edwards. El funcionario graficó aun más la situación y dijo que a los narcotraficantes ya no les basta recurrir al ingenio y utilizar catapultas, submarinos o aeronaves “ultraligeras” sino que también “han comenzado a reclutar y corromper a empleados” relacionados con la seguridad estadounidense.
Por su parte, el comisionado de la CBP, Alan Bersin, señaló en el mismo ámbito que los cerca de 60.000 agentes desplegados por su agencia en todos los puntos de entrada al país y en el exterior trabajan en condiciones difíciles y en ambientes peligrosos “vulnerables a la corrupción”. Bersin consideró que la lucha contra el narcotráfico emprendida por México, sumada al aumento de agentes de su oficina, ampliaron “los incentivos y oportunidades” para corromper a los agentes fronterizos.
Desde que Felipe Calderón asumió en 2006 como presidente mexicano murieron más de 35.000 personas, principalmente en enfrentamientos entre cárteles por el control del mercado local y de rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Los Zetas, inicialmente brazo armado del cártel del Golfo, del que ahora es rival, se convirtió en uno de los principales grupos. Su poderío quedó en evidencia una vez más ayer, luego que la Armada mexicana arrestara a cinco de sus presuntos miembros en posesión de 204 armas largas, 11 cortas, 29.621 cartuchos útiles de distintos calibres, 15 granadas y 778 cargadores en el estado de Coahuila, y el decomiso de 200 kilos de cocaína en Nuevo León, ambos en el norte de México, consignó EFE.
En este contexto, y también en el Senado de EEUU pero el miércoles, se conoció un informe del subcomité para la supervisión de contratos gubernamentales, adscrito al Comité de Seguridad, que reveló que ese país gastó entre 2005 y 2009 más de 3.000 millones de dólares en la lucha antidrogas en América Latina, pero que no se conoce el destino del dinero: no hay controles, y la supervisión para los contratos de apoyo que suscriben el Pentágono y el Departamento de Estado es casi nula.
El reporte consigna que una tercera parte de los fondos se asignaron a contratos sin licitación, y que unos 1.800 millones de dólares fueron para cinco contratistas para el suministro de equipos de vigilancia y capacitación de agentes, informó la agencia de noticias AP.