Cardoso adelantó ayer en el Directorio del PN su propuesta y los dirigentes resolvieron convocar una sesión especial para tener una presentación completa. El diputado también solicitó una entrevista con el presidente José Mujica e insiste con que su propuesta "no es ideológica, sino pragmática". El senador Sergio Abreu (AN, PN), dijo que por el momento la propuesta "es una posición personal de Cardoso".
Demorado
El Directorio del PN analizó ayer la situación generada en torno al impuesto a la tierra. Si bien el propio José Mujica había anunciado que ayer saldría una propuesta del Consejo de Ministros, el subsecretario de Industria y vocero de la reunión, Edgardo Ortuño, dijo a la salida de la reunión que el tema no se discutió. Ortuño dijo que "a la brevedad" habría una nueva reunión por este tema y horas más tarde el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, anunció que Mujica "se va a tomar entre 48 y 72 horas para definir todos los detalles". El jerarca dijo que está en discusión si la recaudación del impuesto será para Rentas Generales o para infraestructura. Esa definición "es parte de lo que hay que esperar para las próximas horas", indicó. A finales de la semana pasada, según informaron fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, y el direrctor de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, mantuvieron una reunión para terminar de unificar las posiciones, pero no llegaron a un acuerdo. La oposición espera que haya una síntesis de los planteos en el oficialismo para tomar una posición. Según explicó el integrante del directorio, Francisco Gallinal, los dirigentes blancos señalaron que para expedirse sobre el impuesto "el partido necesita saber primero en qué consiste, segundo si cuenta con el apoyo de toda la bancada parlamentaria del Frente Amplio y tercero que nosotros no queremos más impuestos. Si es para rebajar el IRPF en las franjas más bajas o el IVA, podríamos estudiarlo". El directorio también convocó a los intendentes blancos para "unificar una posición". Ayer el diputado por Durazno y ex intendente, Carmelo Vidalín, se reunió ayer con el presidente José Mujica, y se mostró partidario de la herramienta impositiva que surgió de la órbita de OPP.
"Estamos ante la posibilidad de desarrollar un recurso minero de un valor impresionante, que cambia la matriz económica del Uruguay", afirmó en diálogo con la diaria Cardoso. Explicó que las previsiones de la minera Aratirí proyectan ganancias de 3.000 millones de dólares por año, por un período de entre 30 y 40 años. Cardoso argumenta que actualmente, bajo el Código Minero vigente, 91% de esos recursos serán del empresario que hace la explotación, y el restante 9% quedaría para el país, por concepto de cánon al Estado y a los dueños de los predios donde se realiza la extracción. "Van a poner un caño y se van a llevar un pequeño pedazo de nuestro territorio con una ganancia [para Uruguay] que no supera los 300 millones de dólares por año. Es menos que una propina", consideró el legislador rochense.
Ayer, después del Consejo de Ministros, el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, recordó que un proyecto de ley que modifica el Código Minero -que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y está ahora a discusión en el Senado- establecería además que la empresa debe ofrecer hasta 15% del mineral extraído para empresas nacionales antes de autorizar su exportación.
Cardoso propone emular el proceso chileno de nacionalización del cobre. "El cobre era de los [norte] americanos, y los chilenos, con la presidencia de [Eduardo] Frei y luego con la de [Salvador] Allende nacionalizaron el cobre, indemnizaron a las empresas americanas y se apropiaron de sus recursos naturales, y eso se hizo por unanimidad. Esto no es ideológico, lo votaron la izquierda y la derecha". Para concretar su planteo se debería modificar el Código Minero y sumar el hierro a los minerales clase I, como los energéticos (petróleo y gas), que ya son de propiedad exclusiva del Estado. Para la explotación, Cardoso considera que el Estado debería contratar empresas privadas.
"La nacionalización de los recursos nacionales es el nuevo nacionalismo. La lucha no es contra una invasión extranjera o contra bases militares, la lucha es quién se queda con los recursos naturales", consideró. Cardoso reconoció que el planteo "es un poco sorpresivo", pero recordó que él votó a favor de la reforma constitucional que estableció como derecho humano el acceso al agua, pese a la negativa de su sector, el Herrerismo.
En relación al proyecto de Aratirí, Cardoso se preguntó si la industria "le importa" al país. “¿Es una industria que le queda instalada al Uruguay? No. Puedo invitar a empresarios del mundo a desarrollar la industria del acero, pero con Aratirí se llevan la riqueza como se llevaban el oro del Perú como en la época de la colonia", cuestionó.
Intervención
El primer suplente de Adriana Peña, Alfredo Villalba, concurrió ayer al directorio a explicar lo sucedido mientras asumió por diez días la Intendencia de Lavalleja (ver la diaria del 20/05/11). El directorio del PN creó una comisión especial para estudiar el caso, y convocó también a Peña, quien ya se había ofrecido, a dar su versión de los hechos. La intendenta prefiere no hablar sobre el tema y descartó las críticas a su gestión realizadas por el senador Francisco Gallinal, quien dijo que la administración es "un caos". "Indudablemente nosotros estamos en el mismo partido pero en veredas opuestas, difícilmente [Gallinal] pueda dar una opinión favorable". Sobre su gestión, la intendenta dijo que el plan estratégico "se visualiza a largo plazo" y remarcó que "difícilmente con un año de gestión una pueda mostrar mucha cosa".
Riqueza mineral
En tanto, en Lavalleja la Junta Departamental discutía anoche la autorización a la Intendencia para que oferte en la subasta que se realizará este viernes por el predio de la abandonada mina Valencia, un emprendimiento minero creado para explotar un yacimiento de dolomita del departamento. La empresa cerró en 1986 y desde entonces los trabajadores reclaman el pago de créditos laborales. Luego de un proceso legal largo, en diciembre del año pasado se realizó una primera subasta por el predio de 110 hectáreas, pero no se presentaron oferentes.
Ahora la Intendencia de Lavalleja pretende adquirir el predio para combinar la explotación minera con emprendimientos turísticos. “Es uno de los yacimientos de dolomita más puros que existe, y es un lugar que desde el punto de vista turístico vale muchísimo”, explicó a la diaria la intendenta Adriana Peña, quien anoche fue a la junta a explicar el proyecto, para que el solicitan 380.000 dólares (la base del remate). “Lo que promovemos es poder hacer productivo un bien que hace muchos años que está abandonado”, explicó Peña, quien dijo estar dispuesta a “estatizar” el emprendimiento para que se convierta “en un polo de desarrollo”. A otra escala y en relación a otro mineral, para Peña el proyecto de Cardoso “es muy interesante, es estudiable”.
El 50% de lo que se obtenga de la subasta será destinado a los ex trabajadores de la empresa y a sus herederos, y el restante 50% será para el Banco República por el cobro de créditos a la mina Valencia. La Junta Departamental aprobó anoche un cuarto intermedio para considerar el miércoles el proyecto, ya que fue remitido por el Ejecutivo el viernes, y los ediles reclamaron mayor información.